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Tula, Hgo.-Al clausurar el Taller de Lanzamiento del Reto de 100 Días en el municipio de Tula, la magistrada Blanca Sánchez Martínez ratificó el compromiso del Poder Judicial para sacar adelante esta estrategia de colaboración entre los operadores del Sistema Penal Acusatorio, coordinada por USAID México.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) consideró importante el papel que desempeñan todas las partes que intervienen en el proceso, desde el policía que persigue al presunto infractor y llena el informe homologado, hasta los jueces que dictan una sentencia; de ahí la trascendencia del trabajo en equipo, agregó.

*Magistrados, consejeros, funcionarios y personal del TSJEH participan en cursos, talleres y maestrías que se imparten en el IPIJ

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), Blanca Sánchez Martínez, instaló el Comité Académico 2019-2022 del Poder Judicial y entregó reconocimientos a magistrados, consejeros, funcionarios y personal de la institución, por su participación en programas de capacitación realizados de 2016 a la fecha.

“Creo que es el momento propicio para agradecerles públicamente todo el trabajo que han realizado en la academia que impartimos a través de cursos, talleres y maestrías”, dijo.

Sánchez Martínez  destacó que toda esta labor ha permitido que el Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas (IPIJ) tenga cada vez mayor prestigio en su formalidad, seriedad y nivel académico.

Entre las actividades en las que han participado magistrados y jueces, mencionó las Jornadas sobre la Reforma Laboral, además de cursos de litigación en el Sistema Penal Acusatorio, de Justicia para Adolescentes y sobre la aplicación del Protocolo de Estambul.

Los juzgadores también han formado parte del jurado en los concursos para ocupar plazas en el Poder Judicial y asesorado tesis en las maestrías en Derecho Civil y Procesal Civil, Medios Alternos de Solución de Conflictos, Administración de Justicia, Derecho Procesal Penal Acusatorio y Juicios Orales, refirió.

Durante la ceremonia efectuada en el auditorio Benito Juárez, el director del IPIJ, Eudaldo Rivas Gómez, dio la bienvenida a los asistentes en presencia de la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Jacqueline Velázquez Ramírez; la consejera Lidia Noguez Torres, quien encabeza la Comisión de Carrera Judicial y Justicia Alternativa del Consejo de la Judicatura, y el presidente de la Asociación de Jueces del Estado de Hidalgo, Porfirio Cruz Ramírez.

El nuevo Comité Académico está conformado por la consejera Lidia Noguez, el consejero Mario Ernesto Pfeiffer Islas, la magistrada María Brasilia Escalante Richards y el juez Saúl Ferman Guerrero, así como el director y la subdirectora del IPIJ, Eudaldo Rivas y Rosa Faride Hernández Zamora, respectivamente.

La presidenta del TSJEH agradeció a los magistrados José Manning Bustamante y Alfredo René Uribe Manríquez, así como al juez Ciro Juárez González, haber formado parte del Comité Académico saliente.

Pachuca, Hgo.-“Sólo alcanzamos la finalidad de nuestra función, que es impartir justicia, si juzgamos con perspectiva de género”, dijo la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, al impartir una conferencia magistral con la cual concluyó la Sexta Jornada Nacional Itinerante “La Construcción del Género desde la Masculinidad”.

La acompañaron en el presídium las magistradas Blanca Sánchez Martínez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), y Martha Leticia Muro Arellano, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas (AMMJUM).

Durante dos días, en Pachuca se llevaron a cabo un total de 13 actividades, con la participación de más de 100 juzgadoras y juzgadores de diversos estados del país. La Jornada fue organizada conjuntamente por el Consejo de la Judicatura Federal, la AMMJUM, el Poder Judicial de Hidalgo y la IAWJ.

*Magistrada del TSJEH plantea que esta forma de solucionar conflictos no sólo se utilice en el ámbito legal.

Pachuca, Hgo.-La magistrada Isabel Sepúlveda Montaño consideró que el uso de los Medios Alternos para la Solución de Conflictos (MASC) debe ser una política pública que no sólo se utilice en el ámbito legal, sino en todo lugar donde existan problemas que puedan resolverse a través del diálogo.

Además, dijo, hoy que el acceso a estos mecanismos se considera un derecho humano, es pertinente que quede establecido en todas las esferas legislativas, a fin de privilegiar la conciliación.

Sepúlveda Montaño, quien es integrante de la Tercera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), señaló que las ventajas de acudir a un proceso de mediación en un conflicto es el corto tiempo en que puede darse un arreglo entre las partes, además de que la solución se logra de manera pacífica.

Durante su participación en el programa de radio Hablando Derecho, explicó que los MASC no implican únicamente la mediación y la conciliación, sino también la fase de arbitraje, donde un tercero resuelve la controversia en caso de que las partes no lleguen a un arreglo.

“Este tercero es como un juez, y en lugar de tener una sentencia se llama laudo, el cual es totalmente obligatorio de acuerdo con la Convención de Nueva York”.

Refirió que otra Convención, la de Singapur, establece que todos los convenios de mediación deben ejecutarse mediante la vía del apremio. “Simplemente tiene que analizar el juez que sean derechos disponibles, no contrarios al orden público y que no afecten derechos de terceros”.

De acuerdo con la magistrada, si un procedimiento de mediación fue bien llevado y las partes llegaron a acuerdos, es difícil que éstos no se cumplan. Aun así, expuso, es necesario contar con un elemento de fuerza que garantice el cumplimiento de los compromisos firmados y otorgue credibilidad al sistema.

La magistrada aclaró que los únicos convenios que tienen el efecto de cosa juzgada son los que llevan a cabo los mediadores del Poder Judicial, con el aval de la directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa, Nancy Gutiérrez Jiménez.

*En Hidalgo es poco común que las personas hereden sus bienes; en promedio, de cada 20 juicios sucesorios sólo uno es testamentario y los restantes son 19 intestamentarios

El juez segundo civil y familiar de Tulancingo, Carlos Christian Camacho Cornejo, reconoció que en Hidalgo es poco común que las personas dejen testamento, pues, en promedio, de cada 20 juicios sucesorios sólo uno es testamentario y los restantes 19 son intestamentarios.

Por ello recomendó a los ciudadanos aprovechar la campaña Septiembre Mes del Testamento, que a nivel federal es implementada por el Secretaría de Gobernación (Segob) y en Hidalgo tendrá vigencia todo el mes de octubre.

Durante este periodo, los notarios públicos extienden sus horarios de atención, brindan asesoría jurídica gratuita a las personas y reducen sus honorarios para facilitar y fomentar el otorgamiento de testamentos.

“Estamos a tiempo para que los interesados acudan y aprovechen este programa”, dijo el juez, quien participó en el programa de radio Hablando Derecho.

Explicó que el testamento es un instrumento legal en el que las personas manifiestan la voluntad sobre el destino que tendrán sus bienes y derechos tras su fallecimiento.

Es un acto unilateral, revocable, libre, personalísimo y debe ser hecho por persona capaz a partir de los 16 años de edad.

“Finalmente, es un acto jurídico de naturaleza dual y mortis causa. ¿Por qué? Porque se hace en vida para efectos posteriores a la muerte”, manifestó.

Camacho Cornejo destacó que una de las finalidades del testamento es no dejar problemas a los seres queridos, pues una vez que ocurre el fallecimiento los probables herederos tienen que acudir ante un juez para dar apertura al juicio sucesorio.

Aunque la ley permite el testamento ológrafo, es decir, aquel que es redactado a mano y firmado por el propio testador para después ser depositado en el Archivo General de Notarías, el juez consideró que la mejor alternativa es realizar el trámite ante un notario público, a fin de evitar impugnaciones.

*Karla Micheel Salas Ramírez, secretaria de Derecho Internacional de la ANAD, impartió conferencia en el TSJEH

Pachuca, Hgo.-Cuando se juzga a una mujer en situación vulnerable debe existir la garantía de que las decisiones se tomen con perspectiva de género, ya que la función jurisdiccional conlleva el compromiso y la responsabilidad de juzgar conforme a los derechos humanos, dijo la magistrada Blanca Sánchez Martínez.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) externó estas palabras previo a la conferencia “Juzgar con perspectiva de género, un reto para garantizar a las mujeres el acceso a la justicia”, impartida por la maestra Karla Micheel Salas Ramírez, secretaria de Derecho Internacional de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) e integrante del Consejo de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa.

Agregó que sólo así se cumplirá con el reconocimiento a los derechos humanos, a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, como lo establecen los tratados internacionales firmados por México, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.

“Hemos avanzado, pero como Estado mexicano todavía tenemos que hacer mayor énfasis en responder a esa parte de la sociedad maltratada”, expuso la magistrada Blanca Sánchez, y puntualizó que capacitar a los servidores públicos es una de las mejores herramientas para que lleven a cabo su función.

El consejero Hibels José Luis Crespo García, quien encabeza la Comisión de Planeación, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Poder Judicial, manifestó que juzgar con perspectiva de género implica el estudio de las construcciones culturales y sociales entendidas como propias para mujeres y hombres, es decir, “lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido como lo femenino y lo masculino”.

En su disertación, Salas Ramírez destacó que el mismo derecho que ha propiciado la subordinación de las mujeres frente a los hombres, puede ser también un elemento emancipador de aquéllas.

“El Poder Judicial tiene responsabilidad, frente a la sociedad, de evitar la incorporación y el reforzamiento de preconcepciones violatorias del principio de igualdad en sus decisiones judiciales”, comentó.

Consideró que al juzgar con perspectiva de género debe evitarse el “formalismo mágico”, tomar en cuenta la importancia del precedente y ciudadanizar el lenguaje de las sentencias, a fin de hacerlas más entendibles.

*En esta fase es donde se define si la persona imputada es responsable o no de un delito

Pachuca, Hgo.-De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de juicio oral en el Sistema Acusatorio Adversarial es aquella donde se define si la persona imputada es responsable o no de un delito, sobre la base de una acusación y respetando todos los principios inherentes al sistema, explicó el juez Jesús Anim Ope Islas.

Durante su participación en el programa Hablando Derecho, que se transmite por Radio y Televisión de Hidalgo, detalló que esta fase inicia cuando el Tribunal de Enjuiciamiento recibe un auto de resolución, también denominado auto de apertura a juicio oral, a efecto de señalar la fecha en que se celebrará el juicio oral y darla a conocer a las partes.

“Lo primero que se hace cuando llega el día y la hora para la celebración de este juicio es establecer si existen las condiciones para llevarse a cabo. Primero, si los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento y las partes se encuentran presentes, si los testigos y peritos han asistido.

“Posteriormente se inicia con la lectura del auto de apertura a juicio oral, que es un documento o resolución donde, en una etapa anterior, se fijan las reglas del desarrollo del juicio oral”, expuso el juzgador.

A las partes se les da oportunidad de presentar sus alegatos de apertura, es decir la postura que van defender en el juicio, y posteriormente se realiza en el desahogo de todas y cada una de las pruebas que fueron admitidas en el auto de apertura.

Con base en ello, el Tribunal de Enjuiciamiento emite su fallo, que puede ser condenatorio o absolutorio. Si es condenatorio, se programa una audiencia de individualización de sanciones o reparación del daño, donde se dicta la sentencia.

En caso de que el fallo haya sido absolutorio, también se genera una audiencia donde se da lectura a esa sentencia y se explican los motivos por las cuales fue emitida.

Ope Islas destacó que todas las etapas del Sistema Acusatorio Adversarial se realizan bajo el instrumento de la oralidad.

“También hay un principio muy importante, que es el de la inmediación. Aquí en Hidalgo el Tribunal de Enjuiciamiento está integrado por tres jueces, y toda prueba, todo planteamiento, todo alegato, tiene que ser en presencia de ellos”, agregó el juzgador.

Pachuca, Hgo.-Ante magistrados, consejeros, jueces, funcionarios y personal del Poder Judicial, el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, Rigoberto Martínez Becerril, impartió una conferencia sobre el funcionamiento y las atribuciones del organismo federal.

La actividad forma parte del ciclo de conferencias “Derecho y justicia, perspectivas sobre el combate contra la corrupción en México”, organizado por el Tribunal de Justicia Administrativa, que encabeza la magistrada Jaqueline Velázquez Ramírez, en coordinación con la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, a cargo de Omar Palma Ramírez.

Al presentar al ponente, la magistrada Velázquez Ramírez dijo que los esfuerzos aislados de los entes públicos son insuficientes para alcanzar los mejores resultados, por lo cual la creación del Sistema Nacional Anticorrupción ha permitido fortalecer los controles internos y externos para combatir la corrupción bajo un esquema legal homogéneo y de coordinación en el actuar de las autoridades competentes.

Por su parte, Palma Ramírez agradeció el apoyo del Poder Judicial, que encabeza la magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez, para la realización del ciclo de conferencias que inició el 14 de agosto con la presentación del libro “Control de convencionalidad, hacia una teoría de la argumentación”, de Francisco Vázquez-Gómez Bisogno, y continuó el 21 de agosto con la ponencia “Generalidades del Sistema Nacional Anticorrupción”, impartida por Irving Ambriz Gaytán.

*Universidad de Otawa impartió los cursos “Derechos humanos internacionales, resoluciones orales y valoración de prueba” y “Avanzado en derechos humanos internacionales”

Los poderes judiciales del Estado de México, Chiapas e Hidalgo conformaron un frente de común de apoyo académico para compartir conocimientos y mejores prácticas, lo que permitió la impartición de los cursos “Derechos humanos internacionales, resoluciones orales y valoración de prueba” en dos grupos y “Avanzado en derechos humanos internacionales”, a cargo de la Universidad de Otawa, Canadá.

Durante la entrega de constancias a los egresados de estos programas de capacitación, así como de otros seis que fueron impartidos por el Icathi y el Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas (IPIJ) del Poder Judicial, la magistrada Blanca Sánchez Martínez destacó que la preparación constante es el único camino para responder a las exigencias de la sociedad.

Con esto, dijo la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), “se muestra que en nuestro trabajo no se admite la improvisación ni frases como: así siempre se ha hecho”.

Ante el magistrado Arturo Vázquez González, presidente del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal del Estado de México y representante del presidente del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad, Sergio Javier Medina Peñaloza, quien también encabeza la Conatrib, agregó que la aplicación del derecho ha cambiado principalmente en la justicia penal, lo que exige una actualización constante.

Vázquez González, por su parte, recordó que hace aproximadamente tres años se celebró un acuerdo entre los poderes judiciales del Estado de México y de Chiapas con el Instituto Nacional de la Judicatura de Canadá y la Universidad de Otawa, a fin de recibir capacitación directa tanto de docentes como de jueces de ese país.

Con base en ello, añadió, se fueron desarrollando programas para aterrizar esos conocimientos al sistema normativo del país. “Y por eso se diseñaron esos cursos, a los cuales se fueron sumando otros poderes judiciales de los estados”, expuso.

En presencia de la consejera presidenta de la Comisión de Carrera Judicial y Justicia Alternativa, Lidia Noguez Torres, el magistrado puntualizó que el objetivo es dotar de herramientas a los juzgadores al momento de tomar decisiones.

Jorge Alberto Huerta Cruz, director jurídico del TSJEH, habló en nombre de quienes participaron en los cursos y destacó la importancia de la formación continua, mientras que el director del IPIJ, Eudaldo Rivas Gómez, detalló que fueron 165 los servidores públicos del Poder Judicial quienes tomaron las capacitaciones.

Dijo que los cursos forman mejores personas. “Y si se es una mejor persona, se tiene la posibilidad de ser un mejor trabajador”.

*Fue presentado el libro “El control de convencionalidad, hacia una teoría de la argumentación”, del doctor Francisco Vázquez-Gómez Bisogno

Pachuca, Hgo.-Al poner en marcha el ciclo de conferencias “Derecho y justicia, perspectivas sobre el combate contra la corrupción en México”, la magistrada Blanca Sánchez Martínez destacó el papel que el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) juega como eje del Sistema Estatal Anticorrupción (SEAH), como lo establece la reforma constitucional en la materia.

“No sólo somos autoridades, somos familias que queremos dejar a nuestros hijos una sociedad más limpia y honorable”, destacó la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH).

Agregó que este tipo de actividades fortalecen a sus actores para hacer frente común contra la corrupción, además de acrecentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

El ciclo de conferencias es organizado de manera conjunta por el TJA y la Secretaría Técnica del SEAH, e inició este miércoles 14 de agosto con la presentación del libro “El control de convencionalidad, hacia una teoría de la argumentación”, del doctor Francisco Vázquez-Gómez Bisogno.

La obra fue presentada por Alejandro Vázquez Guzmán, académico de la Escuela Bancaria y Comercial, mientras que el magistrado Iram Zúñiga Pérez fungió como moderador.

Al hacer uso de la palabra, la magistrada presidenta del TJA, Jaqueline Velázquez Ramírez, agradeció a Omar Palma Ramírez, titular del SEAH, su disposición y compromiso para la realización del evento. Explicó que el propósito de las conferencias es capacitar al personal para mejorar la calidad del servicio que se brinda a los ciudadanos.

“Resulta significativo para nosotros que, encontrándonos inmersos en una dinámica de transformación de los esquemas y las instituciones jurídicas a nivel nacional, podamos establecer un modo de discutir, actualizarnos y ser propositivos ante los retos que se nos presentan diariamente en el ejercicio de nuestra labor”, comentó Velázquez Ramírez.

Además, exhortó a los presentes a “no cejar en el empeño de lograr una justicia eficaz, transparente, pronta y respetuosa de los derechos humanos de los justiciables”.

Las actividades continuarán el próximo 21 de agosto con la conferencia “Generalidades del Sistema Nacional Anticorrupción”, a cargo del maestro Irving Ambriz. El 11 de septiembre, el maestro Rigoberto Martínez Becerril expondrá el tema “La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción”, y el 9 de octubre el magistrado Alfredo René Uribe Manríquez hablará sobre “La prueba en la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, para proseguir el 13 de noviembre y terminar el 11 de diciembre.