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Aplicación de los Tratados Internacionales para la protección de los derechos humanos de las mujeres

agosto 2, 2015

escribiendo derechoComo primer punto, es importante explicar que los derechos humanos son el conjunto de facultades e instituciones que protegen la dignidad, libertad e igualdad humana; estos derechos se encuentran reconocidos por las leyes nacionales e internacionales. Así pues, un tratado internacional de derechos humanos es una declaración internacional cuyo objeto y finalidad es su  protección. En esta materia, los tratados internacionales  cobran una gran relevancia debido a la necesidad de implementar normas internacionales para  la evaluación de las leyes de los países, que pueden incumplir con sus obligaciones y realizar prácticas que atenten contra los derechos humanos.

Ahora bien, de acuerdo a la propia normativa internacional, todas las autoridades del país se encuentran obligadas a aplicar las disposiciones de los tratados sobre derechos humanos  para su  protección y esta obligación surge desde el momento en que nuestro país firma o ratifica un tratado internacional;  es más, este reconocimiento -ahora expreso- se encuentra contenido en nuestra Constitución a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. 

Al respecto, en su artículo 1 señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; además contempla que todas las autoridades en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; por tanto el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 

Con este panorama  muy general de los tratados internacionales de derechos humanos, abordaremos los tratados internacionales de derechos protectores de las mujeres, que han tenido su aparición por la necesidad de establecer en particular derechos que permitan a las mujeres acceder a un plano de igualdad frente a los hombres.

Los principales tratados de los que México es parte  son: “La convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” y la “Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”.

 El primero de ellos, es un instrumento de orientación anti-discriminatoria, su objetivo básico es el de asegurar el pleno reconocimiento y disfrute de los derechos humanos para proteger a las mujeres, debido al fenómeno discriminatorio del que cotidianamente es objeto un gran número de ellas. La discriminación se encuentra definida por este tratado como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el conocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, incluye primordialmente, obligaciones referidas a los derechos a la vida,  integridad física, salud y protección social; también prevé la prohibición de la tortura. En este ordenamiento se encuentran establecidos como principios rectores: la no discriminación, el respeto a la dignidad humana, la libertad de las mujeres, igualdad sustantiva entre las mujeres y hombres, el pluralismo social, la multiculturalidad de las mujeres y la perspectiva de género, buscando que el respeto de estas directrices logre la modificación en el entono social para garantizar la prevención, atención, sanción y la erradicación de las modalidades y tipos de violencia contra las mujeres en el ámbito público y privado y de esta manera promover su desarrollo integral. 

Lic. María Isabel Mejía Hernández,

Juez Segundo Civil y Familiar de Tula

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Qué es la crianza, sus consecuencias y cuáles son las obligaciones de crianza (Primera Parte)

julio 26, 2015

escribiendo derechoEn el artículo anterior hablábamos sobre los modelos de Crianza, ahora explicaremos otros más:

        Negligente.- Los padres y madres negligentes carecen del compromiso necesario para con sus hijas e hijos y la supervisión está ausente no controlan su comportamiento son fríos e insensibles con ellos. Los hijos de padres negligentes tienen permiso para hacer lo que quieren pero no cuentan con el apoyo para hacerlo.

En este modelo frecuentemente las niñas y los niños tienden a ser impulsivos, agresivos, carecen de independencia, con escaso interés por el logro y sin capacidad de asumir responsabilidades, en la adolescencia pueden mostrar patrones de ausentismo escolar y la delincuencia.

        Democrático  o autoritativo.- Los padres y madres a pesar de que ejercen control sobre sus hijas e hijos les dan la confianza de poder expresarse y tomar parte en el proceso de implantar las leyes o pautas en el hogar, reconocen sus derechos parentales y marentales como los de los menores y fomentan la independencia individual.

En este modelos los menores tienden a ser asertivos, independientes, responsables socialmente, capaces de controlar la agresividad, tienen confianza en si mismos y un alto grado de autoestima.

Es importantes que todos los adultos que tengan la responsabilidad de crianza respecto de un menor se pregunten después de haber analizado cada uno de los modelos de crianza descritos en los párrafos que anteceden, cual están empleando y si resulta en realidad benéfico para el menor, debiendo considerar que tienen el deber de de cumplir con las obligaciones de crianza que la ley para la Familia estable en su artículo 247Bis:

“Quienes ejerzan la patria potestad o la guarda y custodia provisional o definitiva de un menor independientemente de que vivan en el mismo domicilio, deben de dar cumplimiento a las siguientes obligaciones de crianza:

I.- Garantizar la seguridad física, sicológica y sexual;

II.- Fomentar hábitos adecuados de alimentación, de higiene personal y de desarrollo físico. Así como impulsar habilidades de desarrollo intelectual y escolares;

III.- Realizar demostraciones afectivas, con respeto y aceptación de estas por parte del menor;

IV.- Determinar limites y normas de conducta preservando el interés superior del menor “lo mejor para el menor”

V.- Se considerara incumplimiento de las obligaciones de crianza, el que sin justificación y de manera permanente y sistemática, no realicen las actividades señaladas; lo que el juez valorará en casos de suspensión de la patria potestad, de la determinación de la guarda y custodia provisional y definitiva, y el régimen de convivencia. No se considera incumplimiento de estas obligaciones el que cualquiera de los progenitores tenga jornadas laborales extensas. Quedan exceptuados de esta obligación los que fueron condenados a la perdida de la patria potestad, u otorgaron su consentimiento para que su hija o hijo fueran dados en adopción”.

Todas aquellas y aquellas personas que cumplan con estas obligaciones tendrán la satisfacción de estar asegurando y protegiendo los derechos de la niñez.

Lic. Antonia González Hernández

Coordinadora de los Consejos de Familia

del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.

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TARJETA DE CRÉDITO

junio 28, 2015

escribiendo derechoEl presente artículo tiene como finalidad dar a conocer a la ciudadanía lo que es una tarjeta, teniendo como objetivo que los tarjetahabientes dispongan de un conocimiento básico de lo que es este instrumento bancario o de tiendas departamentales, su forma de uso, ventajas y desventajas, derechos y obligaciones de las partes contratantes, así como lo que debe de hacerse en caso de robo o extravío y cuando se comete un abuso por parte de la instituciones bancarias.

En primer, lugar debemos saber qué es una tarjeta de crédito. Se trata de un instrumento a través del cual usted puede realizar compras y pagarlas posteriormente o disponer de efectivo en los cajeros automáticos.

Es importante hacer una diferenciación entre una tarjeta de crédito y una de débito. Lo anterior, si se parte de que el dinero con el que cuenta la primera de las mencionadas no es propio, sino que es un préstamo que se le hace a las personas; y por el contrario, en el caso de la segunda, es dinero propio que se encuentra depositado en la institución bancaria.

Ahora bien, es preciso indicar que la tarjeta de crédito por sí sola no produce derechos y obligaciones, sino que es necesaria la firma de un contrato entre el banco que la emite y la persona que la solicita. En este sentido, si a su domicilio le llega una tarjeta que usted no solicitó y como consecuencia no firmó ningún contrato, no tiene ninguna obligación frente al banco.

El uso de las tarjetas, al igual que el crédito en general puede ser beneficioso o perjudicial de acuerdo a cómo se empleen. Un uso responsable maximiza las ventajas y disminuye considerablemente las desventajas.

Lo peor que se puede hacer es tomar a la tarjeta de crédito como una extensión del ingreso. El no planificar los gastos a realizar con tarjeta puede llevar a rebasar su capacidad de crédito y como consecuencia de los propios ingresos de la persona.

Dentro de las ventajas que da una tarjeta de crédito, tenemos las siguientes:

• Anticipar compras difiriendo el pago: compra hoy y paga mañana.
• Financiar sus compras.: paga en abonos lo que quizás no podría pagar al contado.
• Seguridad por no tener que llevar dinero en efectivo o chequeras.
• Facilita la administración de las cuentas si se consolidan los gastos en una tarjeta.

Por cuanto hace a las desventajas, tenemos las siguientes:

• Puede incluir costos adicionales.
• Puede generar dificultades monetarias si se pierde la cuenta de cuánto ha gastado.
• Facilita la compra compulsiva.: la compra con tarjeta muchas veces va asociada con la falsa sensación de que no se paga o se paga después.

Otro aspecto que se debe de tomar en consideración  son las obligaciones del tarjetahabiente, dentro de las más importantes destacan las siguientes:

  • Firmar el contrato de crédito.
  • Efectuar al banco las disposiciones del crédito, así como el pago de intereses, cuotas y comisiones pactadas.
  • Reportar de inmediato el robo o extravío de la tarjeta.
  • Respetar el límite de crédito autorizado.

A su vez, también existen obligaciones del banco y dentro de ellas encontramos las que a continuación se enuncian:

  • Expedir y entregar la tarjeta al titular de la misma.
  • No modificar los términos y condiciones del contrato durante su vigencia.
  • En esto último, cabe señalar que los bancos en muchas ocasiones unilateralmente cambian las condiciones de pago.
  • Enviar mensualmente a la persona un estado de cuenta indicando los cargos y abonos.

En este último sentido, cabe hacer notar que los bancos no cumplen con esta obligación, porque ahora señalan que existe la consulta vía telefónica e Internet, sin embargo resulta complicado hacerlo por estos medios, en primer lugar por los pasos a seguir para poder entablar una comunicación con un ejecutivo, y en segundo lugar mucha gente no lo puede hacer por varias razones, a pesar de que en la actualidad se tiene mas acceso al sistema de Internet.

Dentro de la problemática de que no se recibe el estado de cuenta, oportunamente lo recomendable es repórtalo ante el banco o vía telefónica, aún y con su pésimo servicio.

Otro aspecto de suma importancia para el usuario de las tarjetas de crédito es que este pago es engañoso, ya que lo único que se está haciendo es evitar incurrir en mora, porque la diferencia entre este pago y el total del adeudo sigue generando un interés que podemos llamarlo ordinario del total del adeudo. Ahora, el no realizar dicho pago genera que se va a incurrir en mora y como consecuencia acarrea que además del interés que ya se está pagando por la deuda, ahora se genere un nuevo interés que va a ser el moratorio y de ahí es lógico que el adeudo va en aumento y que pasado el tiempo la deuda sea impagable por el alto costo de los intereses, lo que va a traer como resultado la demanda del juicio ejecutivo. Para el caso de incurrir en mora por cualquier cuestión, se recomienda acudir al banco con algún ejecutivo y realizar la negociación de reestructura del crédito, o en su defecto tratar de pagar lo más posible.

Otro de los problemas con el uso de la tarjeta es el robo o extravío, por lo que se recomienda al usuario en primer lugar reportarla al banco, para que ésta sea cancelada o bloqueada y lo que generalmente hacen los bancos es recomendar que se inicie la averiguación previa ante la Procuraduría General de Justicia.

Por último, en muchos casos existen irregularidades cometidas por parte del banco, de ser así, lo recomendable es acudir ante la CONDUSEF, que es un organismo creado para la protección de las personas que utilizan los servicios bancarios y aquí se les va a dar la orientación y asesoría correspondiente para hacer los trámites ante el banco a través de los procedimientos señalados en su ley.

Con todo lo anterior, debe de concluirse que las tarjetas de crédito constituyen un préstamo que hacen las instituciones bancarias, debiendo de tener mucho cuidado las personas que hacen uso de este instrumento crediticio, tomando en consideración lo que perciben como ingresos, ya que en caso de no hacer un uso adecuado de la misma les puede traer como consecuencias graves tener deudas impagables, que en un momento dado van a repercutir en su economía.

Cuando el usuario contrate,  debe tener en consideración el informarse cuál es el banco que maneja la tasa de interés más baja, así como servicios. También se le recomienda no recibir las tarjetas que lleguen a su domicilio sin la firma previa del contrato de apertura de crédito y, para el caso de sufrir robo o extravío, reportarlo de inmediato al banco e iniciar su averiguación ante la Procuraduría General de Justicia, esto con la finalidad de que no se haga un mal uso de su tarjeta; y si nota alguna irregularidad con el servicio prestado por el banco, denunciarlo ante la CONDUSEF, quien le dará la orientación y asesoría correspondiente. Por último recuerde: no gaste más de lo que tiene.

Lic. Delfino Leopoldo Santos Díaz
Juez  Civil y Familiar de Apan

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Ejecución de penas y medidas de seguridad

octubre 5, 2014

Escribiendo+DerechoHablando de la reforma en materia de Seguridad Pública y Justicia Penal, la preocupación por los problemas que presenta el sistema penitenciario no pasó desapercibida por el legislador, quien instrumentó una reforma a nivel constitucional retomando la corriente de la resocialización que denominó: reinserción social del delincuente, la cual no se puede entender sin observar un trato humano al sentenciado, lo que se registra como un avance fundamental en el Sistema de Justicia Penal de nuestro país.

Así, la reforma y adición de diversas disposiciones a la Constitución General de la República, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio del año 2008, tuvo como finalidad el mejorar el funcionamiento de las diferentes instituciones que integran el Sistema de Justicia Penal en México, encargadas de la seguridad pública,  procuración e impartición de justicia, así como de la ejecución de las penas y medidas de seguridad.

Dicho decreto, dispuso una transformación al sistema penitenciario dando paso a la creación de un nuevo sistema de reinserción social, que quedó establecido en el párrafo segundo del artículo 18 constitucional, presentando además, como una de las innovaciones del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el llamado: Régimen de Modificación y Duración de Penas, establecido en el párrafo tercero del artículo 21 de la propia Constitución Federal.

Por tal razón se da competencia a la autoridad judicial para determinar todo lo relacionado a la imposición, modificación y duración de sanciones, incorporándose así una etapa más en el nuevo proceso penal de corte acusatorio, que se llamó de Ejecución de Penas.

Como motivos que impulsaron al constituyente para la creación de un nuevo régimen de modificación y duración de penas, encontramos:

1.-Limitar la facultad del Ejecutivo únicamente a la administración de las prisiones.

2.-Otorgar la facultad de ejecutar lo juzgado al Poder Judicial, y para ello dispuso la creación del “Juez de Ejecución de Sentencias”.

3.-Reforzar la división de poderes al delimitar esas funciones, pues se consideró que dejar la ejecución de las penas en manos del Poder Ejecutivo rompe la secuencia del proceso penal, que incluye la etapa última de ejecución.

De la exposición de los referidos motivos, de ninguna manera debe entenderse que se está proponiendo mutilar facultades del Poder Ejecutivo, simplemente se recupera o reintegra al Poder Judicial lo que por vocación y destino le corresponde. Si es el Poder Judicial al que compete exclusivamente el imponer las sanciones, entonces resulta lógico y congruente que sea dicho poder el que supervise o vigile la ejecución de la sanción, que verifique su cumplimiento, y las condiciones en que deban sujetarse.

Es así que con la finalidad de lograr estos objetivos, el legislador dotó a esta nueva figura jurisdiccional de  Juez de Ejecución, de diversas facultades de entre las cuales se destacan:

  1. Vigilar que la pena se cumpla estrictamente;
  2. Supervisar la aplicación de las penas alternativas a la prisión, la concesión de beneficios o el lugar donde se deba extinguir la pena, y
  3. En general, controlar las diversas situaciones que se puedan producir en el cumplimiento de las penas, por ejemplo: controlar las decisiones que sobre dicha ejecución adopte la administración penitenciaria.

La etapa de ejecución da inicio con el envío  de la sentencia ejecutoriada al Juez de Ejecución, quien tendrá como funciones generales las de “vigilar y controlar la ejecución de la pena”, correspondiéndole también la importante labor de salvaguardar los derechos de los internos, corregir los abu­sos y desviaciones que en el régimen penitencia­rio puedan producirse, dando cumplimiento de los preceptos que rigen la etapa de ejecución, observando siempre la aplicación de los tratados internacionales que le sean vinculantes al Estado mexicano.

El desempeño de estas funciones se pueden distinguir en dos apartados principales:

  1. a) Con el sentenciado en prisión y;
  2. b) Con el sentenciado en libertad. Y de cada una surgirá una distinta forma de ejecutar una sanción.

Por cuanto hace a la modificación de la duración de las penas, ésta se podrá verificar mediante la concesión de beneficios, como: Tratamiento Preliberacional, Libertad Condicional y Remisión Parcial de la Pena.

Siendo importante señalar que la concesión de estos beneficios no abrirá una puerta para que todo sentenciado salga del Centro de Reinserción antes de haber cumplido la pena privativa de libertad que se le haya impuesto, ya que la legislación prevé que para estar en posibilidad de solicitar la concesión de alguno de estos beneficios, primeramente deberá haber cumplido una fracción de la pena que se le impuso.

Así también deberá ser la primera vez que se le sentencia por la comisión de un delito, además de la obligación de observar una buena conducta durante su internamiento y una activa participación en las actividades programadas por el centro de reinserción, siempre organizadas bajo las bases del sistema penitenciario del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad.

La plena identificación de la ejecución de penas como una etapa del nuevo proceso penal, garantizará a las partes que durante su desarrollo se observarán los principios que postula el sistema acusatorio como los son: La publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, materializándolos a través de la oralidad.

Por otra parte el sentenciado, al considerársele como sujeto de derechos, gozará de garantías tales como la defensa adecuada y de principios como el debido proceso. Resaltando que la notable e indudable preparación de los defensores tanto públicos como privados es una pieza fundamental para que puedan materializarse los fines de la etapa de ejecución. La víctima tendrá la posibilidad de acudir con el Juez de Ejecución a solicitar el pago de la reparación del daño que como pena se haya impuesto al sentenciado.

Para concluir, habrá que mencionar que la ejecución de penas, como el resto del Nuevo Sistema de Justicia Penal, requiere de un cambio en la forma de pensar tanto de los operadores del sistema como de la sociedad en general, ya que si bien es cierto que quienes se encuentran recluidos en un centro de reinserción que cumplen con una pena privativa de libertad han sido encontrados responsables de la comisión de un delito, no menos cierto es que estos seres humanos no dejan de ser sujetos de derechos y que los únicos derechos que se les han limitado, suspendido o restringido son aquellos que se encuentren establecidos en la sentencia, de la misma forma la única pena que deberán cumplir será la resuelta por el Juez Penal, por lo que de ninguna forma al interior de los centros de internamiento será permisible que sean privados de aquellos derechos que no han perdido y mucho menos que sufran penas que no han sido previamente establecidas.

Lic. Luis Carlos Gutiérrez Espinosa

Juez Primero Penal de Ejecución en el Estado de Hidalgo

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¿MENORES INFRACTORES?

septiembre 30, 2014

Escribiendo DerechoA pesar de que desde hace más de siete años, no es jurídicamente correcto hablar de menores infractores gran parte de la población, incluidos los profesionales del Derecho, siguen utilizando este término al igual que el de Consejo Tutelar los cuales desaparecieron de la normatividad estatal desde el 26 de mayo de 2007, fecha en la que entró en vigor la Ley de Justicia para Adolescentes y que dio pie a la creación de los juzgados especializados en esta materia y a los Juicios Orales.

El cambio no fue un mero capricho estatal, sino que deviene de lineamientos internacionales previstos como la Convención de los Derechos del Niño firmada en el año de 1989, misma que en su artículo 1 establece que “niño” es todo ser humano menor de 18 años; lo cual propició una reforma al artículo 18 constitucional a fin de homologar las legislaciones locales, ya que eran en total 18 entidades federativas que contaban con la mayoría de edad penal de los 16 o 17 años.

No fue tarea  fácil lograr que en todo el país se contara con la mayoría de edad penal a los 18 años, ya que existían un sinnúmero de personas que teniendo 16 o 17 años habían sido juzgados como adultos y se encontraban privados de su libertad e incluso sentenciados bajo ese sistema. Afortunadamente en Hidalgo nuestra edad penal ya estaba prevista, por lo que el cambio fue más sencillo.

Así las cosas en el año 2006, el artículo 18 constitucional nos marcó los parámetros que toda la Nación debía adoptar en un máximo de 6 meses:

  • Crear un sistema especializado en Justicia para Adolescentes (Desapareciendo la Justicia Tutelar)
  • El sistema sería aplicable a las personas mayores de 12 años y menores de 18 años, que cometieran conductas tipificadas como delito en la ley penal.
  • Debían observarse las formas alternativas de justicia (Como lo son la conciliación y la suspensión del proceso a prueba)
  • La edad mínima para estar interno sería la de 14 años.
  • El internamiento funcionaría como medida extrema en caso de conductas tipificadas como delitos graves, por el menor tiempo posible.
  • Atender siempre a la protección integral y el Interés Superior del Adolescente.

Bases que han sido adoptadas en nuestra entidad desde entonces, además de contar con un sistema preponderantemente acusatorio, con una metodología de audiencias, incluida la audiencia de juicio, dando excelentes resultados en nuestra entidad, en la cual, el tiempo máximo de internamiento es de 7 años para los adolescentes que cometieron la conducta cuando tenían 16 o 17 años y de 5 años para aquellos que tenían 14 o 15 años, así como las medidas externas para aquellos que tenían 12 o 13 años al realiza la conducta.

Actualmente en el Centro de Internamiento para Adolescentes, se encuentran 77 internos, de los cuales 8 son mujeres, por conductas tipificadas como delito grave como lo son: Asalto, secuestro, violación, homicidio y delincuencia organizada entre otras, dado que todos los procedimientos federales son igualmente tramitados por nuestros juzgados ya que actualmente no existen tribunales federales especializados en adolescentes. En consecuencia los juzgados estatales, son competentes para conocer de estas conductas, según lo prevé el artículo 500 del Código Federal de Procedimientos Penales.

La Justicia para Adolescentes, es una materia apasionante, sobre la cual existen muchos mitos; no obstante aprendamos acerca de ella y recordemos que hoy en día, lo correcto es hablar de adolescentes en conflicto con la ley penal y no de menores infractores y de los juzgados especializados en justicia para adolescentes en vez del Consejo Tutelar, pero sobre todo recordemos que los Juicios Orales están orgullosamente vigentes en nuestra entidad desde hace 7 años.

Lic. Ivón Ruiz Cerón

Juez  1ro de Ejecución de Justicia para Adolescentes.

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LOS HIDALGUENSES EN VÍSPERAS DEL MODELO ACUSATORIO

septiembre 23, 2014

Escribiendo DerechoPocas veces se ve a sociedad y gobierno unidos en un sólo sentimiento, en una sola esperanza. Estimo que así se advierte en un partido en que juega la Selección Nacional, o en una noche del 15 de septiembre, ambos eventos cercanos, y que ya fueron acontecidos. Creo que para los Hidalguenses, el 18 de noviembre del año en curso, día en que entrará en vigor en la Ciudad de Pachuca la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, nos mantiene así, en un sólo sentimiento de esperanza para experimentar un modelo de administración de justicia, distinto al que han operado generaciones diversas.

Otras naciones y entidades de nuestro país ya han contado con esta metamorfosis, pero desde luego, cada quien tendrá su experiencia propia; en la fecha citada le toca al estado de Hidalgo observar a nuestras autoridades aplicar este nuevo modelo, por lo que sirvan estas líneas para unificar esa esperanza de cambio para mejorar, no sólo esperando que se dé por la sola aplicación de la normatividad, sino por la intervención comprometida y consciente de todos los operadores jurídicos.

Cierto es, que mucho depende de la estructura organizada de las disposiciones legales, pero éstas quedarían reducidas a letra muerta, si quienes van a operar este sistema dieran mayor valor a intereses muy particulares o personales; desde la policía que inicia ahora un procedimiento, hasta los jueces de ejecución que lo concluyen, contemplando desde luego a las partes, todos ellos deben regirse primordialmente por la búsqueda de la verdad, para que respetando la legalidad, se llegue a una decisión judicial que por democrática o compartida con el sentir social, convenza de su justicia.

Por ello, no debe dejarse toda esa esperanza de mejora a la sola aplicación de un modelo de impartición de justicia que ya fue implantado por cierto en nuestro país en otras décadas, aunque con la diferencia de la intervención de un jurado popular y de ahí que se deben recoger las experiencias que condujeron a su desaparición para no repetirlas; una de ellas, es el dejar todo a la aplicación de la ley, con crudeza, y como decía Napoleón Bonaparte “interpretar la ley es corromperla”, sí, dependiendo quién la interprete y con qué fines.

No obstante lo más relevante es el recurso humano, que con su actuación comprometida socialmente, actúen, por lo que hace a las partes, superando las pasiones que la inmediación acarrea; en cuanto a los juzgadores, siendo explícitos ante las partes y respetuosos de las dignidades que ante ellos desfilen, ya que no debe ganar un juicio u obtener la razón quien más grite o mejor actúe, sino quien se muestre más solidario en tan anhelado fin en un procedimiento, sea cual fuere su materia, país o época, como lo es la búsqueda de la verdad.

Por tanto creo que a manera de conclusión, vienen a colación las sabias palabras de Gumersindo de Azcárate: “Vale más, tener malas leyes pero buenos hombres, que buenas leyes pero malos hombres.”

Con la mejor de las voluntades, los ciudadanos esperamos que este modelo de transparencia, publicidad e inmediación entre otras características que le distinguen, y al que se la he denominado “acusatorio”, venga a contribuir para que ese nervio social de destacada relevancia como lo es la administración de justicia, se cumpla como lo establece nuestra máxima legislación: imparcial, pronta y expedita; pero sobre todo creando un ambiente de confianza de los Hidalguenses en nuestras instituciones involucradas en tan delicada función del Estado, como lo es la de administrar e impartir justicia.

 

 

Dr. Ciro Juárez González

Juez Penal del distrito judicial de Tizayuca, Hgo.

 

 

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Modelo equivocado

septiembre 22, 2014

columnaadalbertoAlgo debe estar mal el modelo de desarrollo de México toda vez que resulta inconcebible que luego de años de vida académica los jóvenes no tengan las oportunidades de un trabajo estable y bien remunerado.

Y es que luego de tres años de preescolar, seis de primaria, tres de secundaria, tres de media superior y cinco de superior, la gran mayoría con una inversión pública, al final no se tenga la oferta laboral para hacer de esta inversión del pueblo, una palanca de desarrollo con los jóvenes egresados.

Así, los jóvenes mexicanos se ven obligados a aceptar empleos precarios, pues los trabajos estables, difíciles de conseguir.

Datos del INEGI señalan que en el primer trimestre de 2014, la tasa de desempleo entre los jóvenes de 20 a 24 años de edad asciende al 9.2 por ciento.

Entonces tenemos un modelo equivocado, porque como sociedad invertimos en la educación pública, las familias se preocupan por mandar a sus hijos a la escuela. Como dirían las abuelas: “la educación es lo único que le dejamos a los hijos”.

Pero qué pasa: se gradúan en nivel superior y no hay empleo para ellos. Urge se eficientes en el uso de los recursos públicos, porque no la creación de empleos para jóvenes no corresponde al esfuerzo que se hace en la educación.

El desempleo juvenil va en aumento y hoy más que nunca se debe actuar de inmediato para atenuar esta crisis laboral.

Hay una preocupación por la falta de oportunidades de trabajo para este grupo demográfico, se requieren estrategias multidimensionales e innovadoras para impulsar el crecimiento económico y la consecuente creación de empleos.

Uno de los factores que impide que la educación sea uno de los peldaños más importantes es la falta de empleabilidad para los recién egresados de la universidad, señala el investigador  del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC),  Jaime Martínez Bowness, quien apuntan que sólo  el 26% de las empresas tienen vacantes diseñadas para recién egresados y el 32% de las empresas tienen algún tipo de vinculación con universidades, pero no precisamente con programas estratégicos.

Textualmente hay que decirlo: como dijo el Secretario General de la OCDE, Angel Gurría: “La educación puede sacar a la gente de la pobreza y la exclusión social, pero para lograrlo necesitamos romper el vínculo entre entorno social y oportunidad educativa”.

 

Sígueme en Twitter: @Villasana10                  Blog: www.textual-es.blogspot.mx

La importancia de los sujetos procesales en el proceso penal acusatorio

septiembre 9, 2014

Escribiendo+DerechoA partir de la reforma constitucional en materia penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008, la cual vence el 19 de junio de 2016 -por lo que únicamente faltan dos años y meses- y al estar próxima su aplicación en Hidalgo, es necesario dar a conocer en forma entendible, la relevancia que tendrán los sujetos procesales en el proceso penal acusatorio.

JUEZ

El juez es el encargado del control judicial del proceso, de la dirección y disciplina del juicio oral; por ello existirán tres jueces: de control, juicio oral y de ejecución de penas.

El juez debe estar presente (principio de inmediación) en todas las audiencias que se celebren, para resolver las peticiones que hagan las partes en forma oral, por tanto no debe por ningún motivo delegar en otra persona el desarrollo de la misma. En consecuencia, sólo será prueba la desahogada ante el juez.

MINISTERIO PÚBLICO y AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA

El Ministerio Público es el órgano técnico especializado, encargado de dirigir la investigación y a los cuerpos de seguridad pública que lo auxilien, es quien integra la carpeta de investigación y en su momento ejercita la acción penal.

Luego entonces, en este proceso, los cuerpos de seguridad pública, que sean los primeros en conocer de un hecho delictuoso, deberán: recibir denuncias o querellas, prestar auxilio, cuidar que los rastros e instrumentos del delito sean conservados, entrevistar testigos, recabar datos que sirvan para la identificación del imputado y reunir la información de urgencia que sea útil para el Ministerio Público.

OFENDIDO Y VÍCTIMA

La víctima u ofendido gozan de los derechos que consagra la Constitución Federal, entre ellos se encuentran: recibir asesoría jurídica, atención médica y psicológica, a la reparación del daño; al resguardo de su identidad y datos personales, cuando se trate de menores de edad o de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada y cuando el juez lo considere necesario para su protección.

Además la víctima u ofendido tendrán una intervención activa, porque podrán  constituirse como coadyuvantes del Ministerio Público, ya que tienen derecho a que se le reciba los datos o elementos de prueba tanto en la investigación como en el proceso, a solicitar mediadas cautelares, providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, a intervenir en el juicio e interponer los recursos, etcétera, y en los casos señalados por la ley, previa autorización del Ministerio Público; y cuando no exista un interés público gravemente comprometido, podrá ejercer directamente la acción privada.

IMPUTADO Y DEFENSOR

El imputado es la persona señalada como autor o partícipe de un hecho considerado por la ley como delito, por ende, tiene a su favor el Principio de Presunción de Inocencia, por lo que no puede ser incomunicado ni a que se le guarde en secrecía el proceso, ya que desde el momento en que sea detenido o interrogado, se le hará saber los derechos previstos en la Constitución Federal, como el derecho a tener un defensor que le asista en todo los actos del proceso y en el que el imputado debe estar presente.

La defensa debe ser adecuada y técnica, es decir, que el defensor no sólo debe contar con título de licenciado en derecho, sino que, debe demostrar estar capacitado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, porque en caso de que no sea así el juez tiene que nombrarle un defensor de oficio.

Lic. Fernando Romero Domínguez

Juez Civil y Familiar de Huejutla, Hgo.

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Analfabetismo funcional

septiembre 8, 2014

columnaadalbertoSi bien es cierto que es necesario superar la deficiencia de muchos jóvenes que no saben leer ni escribir, también es preocupante tener “analfabetas funcionales” que no entienden lo que leen, como los muestran los resultados de la prueba PISA de la OCDE en su rubro de comprensión de la lectura.

Y es que no se trata sólo de que un alumno sea capaz de leer técnicamente bien con entonación y que respete puntos y comas, se trata de que esta habilidad le permita comprender el lenguaje escrito.

Este lunes 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización, y de acuerdo con cifras del INEGI, en el primer trimestre de este año, el 1.2 % de los 31.4 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años de edad carecían de la instrucción elemental, mientras que el 2.8 % no completó sus estudios de primaria.

Se trata de 879,200 jóvenes que no concluyeron la primaria, cifra escalofriante.

Pero el panorama se empora ante la falta de la calidad en la educación, que lleva a que México ocupa el lugar 48 entre los 66 países de la OCDE en comprensión y análisis de lectura. Resultados de la Prueba Pisa 2009 revelan que el 81 por ciento de los estudiantes de secundaria tienen competencia mínima e insuficiente para la realización de las actividades cognitivas complejas, mientras el 63 por ciento de alumnos de educación media superior se ubica en ese mismo nivel.

El analfabetismo es la expresión de la desigualdad y falta de oportunidades que persisten en México, apunta Verónica Reyes Pérez, especialista de la FES Acatlán-UNAM.

Y es que en todos los rangos de edad son aproximadamente 5.8 millones de mexicanos los que no saben leer ni escribir, de ellos 3.5 millones son mujeres; la mayoría habita en Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, los estados con los índices de marginación más elevados del país

En estos casos Reyes Pérez apunta que las instancias públicas deben vincularse con las comunidades,  instrumentar esquemas para evaluar el avance de los programas relacionados e impulsar otros de servicio social para combatir el rezago.

Pero hay que tener cuidado, para que el trabajo no sea en vano, por ello es necesario que la educación que se ofrece sea de calidad.

Textualmente hay que decirlo: Hay que aplaudir la campaña de alfabetización emprendida por la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero hay que vigilar que ese esfuerzo no sea mediático, sino que de verdad responsa a una enseñanza de calidad, y no tengamos los mismos resultados de jóvenes, que con certificado de educación media superior en mano, no entienden lo que leen y ni hablemos de ortografía.

* Adalberto Villasana, Premio Nacional de Periodismo 2005, que otorga el Club de Periodistas de México, en la categoría de Divulgación de la Educación, Ciencia y Tecnología.

Sígueme en Twitter: @Villasana10      Lee: http://www.textual-es.blogspot.mx/

PROCEDIMIENTO JURÍDICO DE CONCILIACIÓN PARA RESOLVER CONFLICTOS CONTRA INSTITUCIONES FINANCIERAS

septiembre 1, 2014

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) es un organismo público, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objetivo prioritario es procurar la equidad en las relaciones entre los usuarios y las instituciones financieras, otorgando a los primeros, elementos para fortalecer la seguridad jurídica en las operaciones que realicen y en las relaciones que establezcan con las segundas.

En consecuencia, la CONDUSEF, promueve, asesora, protege y defiende los derechos e intereses de los usuarios frente a las instituciones financieras; arbitra sus diferencias de manera imparcial y provee la equidad en las relaciones entre éstos, así como supervisa y regula de conformidad con lo previsto en las leyes relativas al sistema financiero, a las Instituciones Financieras, a fin de procurar la protección de los intereses de los beneficiarios.

Se considera a una persona usuario de servicios financieros, a quien contrata, utiliza o por cualquier otra causa tenga algún derecho frente a la Institución Financiera, como resultado de la operación o servicio prestado.

Por otra parte, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, considera como Institución Financiera, las siguientes: Sociedades Controladoras, Instituciones de Crédito (BANCOS), Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, (SOFOMES), Sociedades de Información Crediticia, (BURÓS DE CRÉDITO), Casas de Bolsa, Especialistas Bursátiles, Fondos de Inversión, Almacenes Generales de Depósito, Uniones de Crédito, Casas de Cambio, Instituciones de Seguros, (Aseguradoras), Instituciones de Fianzas, (Afianzadoras), Administradoras de Fondo para el Retiro (AFORES), PENSIÓN ISSSTE, PROCESAR, Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, etcétera.

Cuando surge una reclamación en contra de una Institución Financiera, el artículo 63 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, establece los requisitos que deberán cumplir los usuarios, los cuales son los siguientes:

I.- Nombre y domicilio del reclamante;

II.-Nombre y domicilio del representante o persona que promueve en su nombre, así  como el documento en que conste dicha atribución;

III.- Descripción del servicio que se reclama, y relación sucinta de los hechos que motiva la reclamación;

IV.- Nombre de la Institución Financiera contra la que se formula la reclamación. La Comisión Nacional podrá solicitar a la Secretaría y a las Comisiones Nacionales los datos necesarios para proceder a la identificación de la Institución Financiera, cuando la información proporcionada por el usuario sea insuficiente, y;

V.-Documentación que ampare la contratación del servicio que original la reclamación.

Una vez que es presentada la reclamación por parte del usuario, se da inicio al procedimiento jurídico de Conciliación Financiera, establecido en el artículo 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, corriéndole traslado de la reclamación a la Institución Financiera reclamada, a la que CONDUSEF le requiere realice investigación y rinda informe detallado y razonado que dé respuesta a todos y cada uno de los hechos señalados por el usuario en su queja; señalándose día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación respectiva en la que se levanta un acta, asentándose el resultado de la misma.

El tiempo para presentar la reclamación, es de dos años contados a partir de que se presente el hecho que les dio origen, a partir de la negativa de la Institución Financiera a satisfacer las pretensiones del usuario o  en caso de que se trate de reclamaciones por servicios no solicitados, a partir de que se tuvo conocimiento del mismo.

El procedimiento jurídico de conciliación sólo se llevará a cabo en reclamaciones por cuantías totales inferiores a 3 millones de Udis (Unidades de Inversión) salvo tratándose de reclamaciones en contra de aseguradoras, la cuantía deberá ser inferior a 6 millones de Udis (Unidades de Inversión)

El tiempo promedio de desahogo del procedimiento jurídico de Conciliación Financiera es de cuarenta días hábiles, y su porcentaje de efectividad en favor del usuario de servicios financieros es del 60 por ciento.

Las principales incidencias por las que los usuarios presentan quejas ante CONDUSEF son:

1.- Cargos no reconocidos en Tarjetas de Crédito o Débito, por robo, extravío o clonación;

2.- Inconformidad con datos registrados en Buró de Crédito;

3.- Negativa de aseguradoras de cancelar pólizas de Seguro de Vida.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en el Estado de Hidalgo, se encuentra ubicada en la siguiente dirección: Blvd. Valle de San Javier No. 302 Piso 1, Col. Fracc. Valle de San Javier C.P. 42086, Pachuca, Hidalgo. Se puede comunicar a los teléfonos: (01) (771) 718-0365, 718-0774.

 

Lic. Raúl Aldo García Rodríguez

Delegado Federal de la CONDUSEF en el estado de Hidalgo.

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