Editorial
El acuerdo alcanzado el viernes entre los manifestantes del IMSS y las autoridades en Pachuca parecía abrir una salida pacífica. Sin embargo, según las versiones oficiales, los inconformes no cumplieron lo pactado y volvieron a cerrar las carreteras de la capital hidalguense. Ante el reclamo de la ciudadanía por restablecer el libre tránsito y el derecho a la movilidad, intervinieron los elementos de seguridad.
Más allá del bloqueo, el origen de la movilización parece estar en un conflicto interno entre trabajadores del instituto, quienes disputan la dirigencia y el control del sindicato. Esa diferencia gremial todo indica que terminó trasladándose a las calles de Pachuca, con consecuencias para personas ajenas a la disputa que solo buscaban llegar a su trabajo, a su casa o a una consulta.
Paralelamente, persiste otro reclamo que no ha dejado de escucharse. Derechohabientes de Pachuca y de la región continúan con la constante de denuncia de situaciones de malos tratos por parte personal del Seguro Social, y señalan falta de empatía, respeto y trato humano en la atención, un problema que afecta especialmente a quienes acuden enfermos y en situación vulnerable y que en algunos casos van a terminar en situaciones de responsabilidad médica.
Esto no significa que todo el personal actúe de la misma forma. El IMSS en Hidalgo cuenta con profesionales de la salud muy capaces y comprometidos con sus pacientes y con su vocación.
El derecho de los trabajadores a organizarse y manifestarse es legítimo, pero convive con el derecho de la población a desplazarse libremente y a recibir una atención digna. Resolver las disputas internas por vías que no afecten a terceros, y reorientar los esfuerzos hacia la mejora del servicio, permitiría atender tanto las demandas laborales como las de los pacientes, que son, en última instancia, la razón de ser de la institución.
