Para evitar situaciones tensas y agresiones de elementos policiacos estatales y municipales a periodistas, principalmente quienes cubren “nota roja”, Fortunato González Islas, diputado local de Morena, presentó un acuerdo económico por el cual exhorta al titular del Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), a que instruya a la Fiscalía de delitos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a que diseñe e instrumente los protocolos de capacitación y sensibilización dirigido a uniformados.
Asimismo, solicita al titular del Despacho de la PGJEH a que, en el ámbito de sus competencias y facultades, instruya a la Fiscalía de delitos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que diseñe e instrumente el protocolo para la capacitación y sensibilización de periodistas, a fin de que conozcan cómo conducirse, qué hacer y no hacer cuando cubran hecho de “nota roja”.
González Islas explicó que, sin duda, la labor periodística se ha transformado en una de las profesiones más riesgosas en varios estados del país, debido a la convulsión que generó la guerra contra el narcotráfico, declarada sin ton ni son por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, aunque dijo que la violencia contra los periodistas data de años atrás, pues no hay que olvidar el asesinato del reconocido y prestigiado columnista Manuel Buendía, el 30 de mayo de 1984.
Comentó que de acuerdo con la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), México se ubica ya como el séptimo país más peligroso a escala mundial, para el ejercicio de periodismo. Ante tal panorama, manifestó cabe preguntar: ¿De dónde se origina la violencia ejercida contra los periodistas? ¿Cuáles son las causas que propician dicha violencia?
Mencionó que según la asociación Artículo 19, la espiral violenta contra los periodistas proviene tanto de la acción como de la omisión de la esfera gubernamental que incluye a los partidos políticos y del crimen organizado. Destacó que dicha organización, señala que en México el peligro de ser periodista se vincula más a las acciones del gobierno, que al crimen organizado.
Al respecto, recordó que hace unas semanas trascendió, de acuerdo con publicaciones de diversos medios nacionales y extranjeros, que la periodista independiente María Teresa Montaño, fue víctima de un secuestro exprés y de amenazas de muerte por investigar una presunta red de corrupción para desviar fondos públicos por cinco mil millones de pesos, a través de la firma de contratos con empresas fantasma, que involucra a servidores y ex funcionarios del gobierno de Alfredo del Mazo, y a la ex candidata a gobernadora Alejandra del Moral.
Dijo que Teresa Montaño, además de ser víctima de secuestro y amenazas de muerte, denunció que sus agresores, dos sujetos, se llevaron de su domicilio sus laptops, teléfono, grabadora de voz, cámara, libretas y documentos, no así la televisión y otros objetos de valor.
“La periodista independiente señaló que lo que querían era robarse era la investigación y el mensaje fue claro, sin embargo, con la ayuda del periódico The Guardian y del Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado, trabajaron con Teresa Montaño durante seis meses para que su investigación saliera a la luz”, apuntó el legislador.
González Islas destacó que en los últimos siete años, casi 50% de las agresiones a periodistas han sido perpetradas por servidores públicos. En los primeros tres años de gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2015), se han registrado y documentado más de mil 73 agresiones.
Comentó que de acuerdo con testimonios de los periodistas, uno de los principales problemas que enfrentan en su actividad, es la actitud prepotente y, en algunos casos, agresiva de parte de elementos de corporaciones policiacas, tanto estatal como municipales, quienes, a falta de un protocolo de capacitación y sensibilización respecto al trato que deben tener hacia los representantes de los medios de comunicación, principalmente quienes cubre “nota roja”, se suscitan situaciones tensas, tanto para los periodistas como para los uniformados.
Por esta razón, dijo que es necesario que PGJEH, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, diseñe e instrumente los protocolos de capacitación para los elementos de las corporaciones policiacas, sobre el trato que deben proporcionar a los representantes de los medios de comunicación.
De la misma manera, añadió, se requiere se diseñe e instrumente el protocolo de capacitación para los periodistas, a efecto de que conozcan cómo conducirse, que hacer y no hacer cuando cubran hechos que tienen que ver con noticias de la llamada “nota roja”, lo que evitará se presenten roces, malos entendidos y altercados que escalen a una eventual agresión o situación violenta.
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