Pachuca, Hgo.- «Sin dejar de ejercer nuestro derecho ciudadano y constitucional para votar, es necesario tener plena conciencia de lo que se puede hacer y no se puede hacer como servidores públicos en tiempos electorales», aseveró el titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), profesor Joel Guerrero Juárez, al encabezar la ceremonia que dio inicio a la Capacitación en Materia de Delitos Electorales y Propaganda Gubernamental para personal de esta dependencia, a cargo de la Subprocuraduría de Asuntos Electorales de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.
Al hacer uso de la palabra, el subprocurador de Asuntos Electorales de Hidalgo, licenciado José Luis Lima Morales agradeció la invitación del titular de la SEPH para llevar a cabo esta capacitación, «ya que es interés del Gobernador del Estado, licenciado José Francisco Olvera Ruiz que en nuestra Entidad haya cabal cumplimiento de la Ley, y en este caso, acatar las disposiciones propias de este proceso electoral 2012».
El funcionario estatal dijo a servidores públicos adscritos a la SEPH que el IFE a nivel nacional aprobó un acuerdo mediante el cual la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, tanto a nivel federal como en cada estado de la República, quedan exentos de algunas restricciones, «de tal manera que, en el caso de la SEPH, el trabajo educativo se realice en tiempo y forma». Aclaró que las dependencias del Gobierno estatal no manejarán logotipo alguno en sus publicaciones o eventos, excepto el escudo de armas del estado de Hidalgo.
Explicó que esta Capacitación en Materia de Delitos Electorales y Propaganda Gubernamental se concentra en tres temas fundamentales: Prevención de Delitos Electorales; Reglas para la Propaganda Gubernamental en Tiempo de Elecciones y Fomento a la Denuncia. Todo ello, para que el servidor público identifique cuáles son las conductas constitutivas del delito y sepa cómo evitarlas; así mismo, conozca las reglas que la Ley determina acerca de las publicaciones gubernamentales; las acciones de los programas sociales, y el manejo de la comunicación social.
La capacitación a personal de la SEPH abarcó definiciones claras de lo que es un delito electoral, entendido como toda «acción u omisión que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función pública electoral, y específicamente, el sufragio en cualquiera de sus características: universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible».
Los especialistas de la Subprocuraduría de Subprocuraduría de Asuntos Electorales explicaron que un servidor público será sancionado si incurre en los siguientes casos:
–Teniendo fe pública, certifique hechos falsos relativos a la función electoral, o sin causa justificada se niegue a dar fe de los actos en que debe intervenir en los términos de la Ley Electoral.
–Abusando de sus funciones, directamente o por instrucciones dadas a personas bajo su dependencia jerárquica, obtenga de los electores sufragios a favor de una candidatura determinada o los induzca a la abstención.
–Permita que se fije propaganda política en las oficinas públicas de su encargo.
–Destine fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición con motivo de su cargo, tales como vehículos, inmuebles, equipos y servicios, al apoyo de un partido político, candidato o coalición, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por otros delitos, o proporcione ese apoyo con sus subordinados, usando el tiempo correspondiente a las labores de éstos para que los presten al servicio de un partido político, candidato o coalición.
–Ejerza presión sobre sus subordinados para emitir su voto a favor de un partido político, coalición o candidato.
–Condiciones la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas, a la emisión del sufragio a favor de un partido político, coalición o candidato.
En cuanto al Fomento a la Denuncia, los especialistas de la Subprocuraduría de Asuntos Electorales informaron que la asesoría jurídica y las denuncias son atendidas en esta dependencia a través de los números telefónicos de PROCURATEL: 01 800 912 13 14 y 01 800 770 28 00.
