La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo respalda y celebra la pronta reacción de su homóloga de Sinaloa ante el incendio en un centro comercial donde murieron seis mujeres

  • Prácticas de “esclavismo” moderno, cada vez más frecuentes
  • Muchas empresas incurren en flagrantes violaciones a los derechos humanos
  • La muerte de seis mujeres en un incendio es muestra de que se privilegia el bien material a la vida y bienestar humanos.
  • Llamado de atención para evitar prácticas ilegales e inmorales: RA

 

Pachuca, Hgo.- Luego de afirmar que la empresa Coppel incurre en “esclavismo” al encerrar a sus trabajadores durante las jornadas nocturnas, como ocurrió con las seis empleadas que murieron en el incendio ocurrido en una las tiendas de esa empresa,   Juan José Ríos Estavillo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, indicó que esa instancia  investigará el caso, por lo que  Raúl Arroyo, presidente de la CDHEH manifestó que  “los organismos públicos de defensa de derechos humanos debemos respaldar al ombudsman de Sinaloa”.

 

El ombudsman hidalguense aplaudió y respaldó la pronta reacción de su homólogo sinaloense, quien de inmediato condenó los hechos y demandó una investigación clara y transparente, “sin que pesen los apellidos” de una de las familias más poderosas de la entidad norteña, donde ocurrió el siniestro.

 

Arroyo lamentó que en esa unidad de negocios de la empresa Coppel se tuviera la práctica de encerrar a los empleados mientras se realiza el inventario nocturno, “pues se demuestra que se privilegian los bienes materiales, en prevención de algún presunto robo, al bienestar y la vida humana, como vimos en este lamentable y trágico evento”, señaló.

 

Finalmente, el ombudsman hidalguense hizo un llamado a las empresas particulares que contratan menores de edad sin ofrecer seguridad social; a las que desamparan a sus empleados que sufren algún accidente de trabajo; a las que no respetan los periodos de maternidad y lactancia; a las que incurren en despidos injustificados o reducción de salarios con argumentos legaloides a evitar incurrir en estas prácticas “ilegales e inmorales que desde luego son atentatorias contra los derechos humanos”, expresó.

 

 

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