Turnan solicitud de juicio procedencia contra regidora de Molango a Comisión Instructora

  • La PGJEH pide retirar fuero a Lucina Hernández Aniceto para someterla a proceso por lesiones dolosas

Pachuca, Hgo.- La Comisión Permanente Instructora que preside el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Alejandro Lugo Guerrero, recibió formalmente la solicitud de juicio de procedencia contra la regidora de Molango, Lucina Hernández Aniceto, promovido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

El pasado 9 de mayo el fiscal de la entidad, Alejandro Straffon Ortiz, ingresó el oficio 11/068/2014 en la oficialía de partes de ésta soberanía para solicitar la eliminación del fuero a Hernández Aniceto y así, la instancia judicial pueda realizar las actuaciones pertinentes como probable responsable por el delito de lesiones dolosas en agravio de dos personas, ocurrido el pasado 31 de marzo.

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De acuerdo con la autoridad judicial, el pasado 1 de abril del año en curso se inició la averiguación previa 11/068/2014 por la supuesta agresión de parte de la regidora Hernández Aniceto hacia dos personas en la taquería «Los Güeros», en el barrio Santa Cruz de la ciudad de Molango, a quienes arrojó ácido clorhídrico.

Según especialistas, el ácido clorhídrico es un líquido transparente y tóxico, es altamente corrosivo lo que significa que inmediatamente ocasiona daño grave como quemaduras al contacto. Entre los síntomas que provoca el contacto con éste compuesto químico son la aparición de ampollas, quemaduras, dolor agudo y pérdida de la visión.

Lugo Guerrero señaló que a partir de este día, se contarán con tres días hábiles para notificar la denunciada respecto al juicio de procedencia; siete días para que la acusada emita una respuesta por escrito ante la Primera Comisión Instructora; y 30 días para que se efectúen las diligencias pertinentes.

Además, seis días para mostrar el expediente las personas afectadas y seis más para mostrarlo a la denunciada, seis días naturales para que se efectúen los alegatos por las partes involucradas y 12 días para que la Comisión Instructora emita el dictamen final y se vote en el pleno durante una sesión secreta; proceso puede extenderse como máximo hasta 70 días.

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