Con la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, este día, por una amplia mayoría en el Senado, se combatirán frontalmente las conductas ilegales de servidores públicos, y se reducirán las pérdidas que esto genera a la economía nacional.
Así lo dio a conocer el senador hidalguense Omar Fayad Meneses, quien se pronunció a favor de la creación de este moderno Sistema Nacional Anticorrupción, el cual es resultado de intensas semanas de trajajo con especialistas de la academia, la sociedad civil y el sector público.
“Con este novedoso Sistema, se establecen varios pilares para el combate a los actos de corrupción en el sector público, de manera que se atienden todas las causas o posibles causas de la corrupción en los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipales”, afirmó el legislador.
La creación de un régimen de responsabilidades de los servidores públicos es el primer pilar, el cual implica la revisión de las conductas constitutivas de irregularidades y de delitos, el concepto de conflicto de intereses, la sistematización sobre la declaración de situación patrimonial y la declaración de intereses de los servidores públicos, precisó Omar Fayad.
“El segundo pilar es la creación de mecanismos de prevención de hechos de corrupción, con lo que se fortalece la prevencion de cuestiones derivadas de la facultad constitucional de toda persona para formular denuncias y con ello contribuir a la disuasión de esas conductas”, puntualizó Fayad Meneses.
El tercer pilar es el servicio profesional para el control interno de la gestión pública, con el cual se procuran las bases para el reclutamiento, ingreso, formación permanente, desempeño, promoción y disciplina del conjunto de servidores públicos profesionales.
“También se dota de facultades específicas a los órganos del Sistema y su coordinación, con lo que se fijan las bases para la revisión y evolución de las estructuras orgánicas de las institución”.
Omar Fayad explicó, finalmente, que el Sistema Nacional Anticorrupción prevé una sinergia con otros ámbitos de la gestión pública y, principalmente, con la sociedad.
“Se privilegia la importancia de Comité de Participación Ciudadana, pues la participación social no puede limitarse a ese Comité, sino que constituirá un ámbito fundamentel y tendrá funciones de de contraloría social, para dar cauce al control del ciudadano sobre la gestión pública”, detalló el senador por Hidalgo.
