- Diputados locales expiden nuevas legislaciones y reforman una más en materia judicial
Pachuca, Hgo.- Integrantes de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo continuaron con los trabajos para armonizar el marco jurídico de la entidad con el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Por unanimidad se aprobaron las propuestas de reforma realizadas por el jefe del Ejecutivo local, José Francisco Olvera Ruiz, a diversas disposiciones a la Ley Procesal de Sanciones Penales y Medidas para Adolescentes de Hidalgo, así como la expedición de las leyes para la Administración de Bienes Asegurados; Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal y la Ley Orgánica del Instituto de Defensoría Pública.
Durante el desarrollo de la décimo novena sesión ordinaria se expidió la Ley Orgánica del Instituto de Defensoría Pública de Hidalgo que marca los lineamientos de funcionamiento, respecto a su estructura orgánica y el trabajo, que desarrollará para la atención al público en general de forma gratuita, profesional e independencia.
La lectura del dictamen corrió a cargo del diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Leonardo Pérez Calva, quien expresó que el Instituto garantizará la debida defensa en las materias: Constitucional, Penal, Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, Civil, Familiar, Agraria, Contencioso Administrativo y en materia Mercantil en casos de excepción cuando las circunstancias así lo justifiquen.
En pro del dictamen participaron en tribuna las diputadas priistas Dora Luz Castelán Neri y Mabel Gutiérrez Chávez, así como Ramiro Mendoza Cano, quienes coincidieron que la defensa de las personas debe estar a cargo de profesionales en materia judicial a fin de que se garantice el respeto a los derechos humanos de los supuestos imputados así como de las víctimas.
EXPIDEN LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS O ABANDONADOS
Durante el desarrollo de los trabajos de este 7 de noviembre de 2014, se aprobó la expedición de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de Hidalgo, la cual establece las bases para la adecuada administración de los bienes que por haber sido asegurados, decomisados o abandonados con motivo del procedimiento penal, quedan en espera de la declaración que determine su destino final.
La lectura del dictamen la realizó la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia, Maria Gloria Hernández Madrid, quien expresó que la presente ley es indispensable para el correcto funcionamiento del sistema penal acusatorio. “Además de establecer los lineamientos para contar con mecanismos de control y preservación de los bienes, a fin de que sean materia efectiva como elementos de investigación o medios de prueba”.
Con la expedición de esta ley se crea la Dirección de Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración, encargada de la administración de los bienes, así como la Comisión para la Supervisión de la Administración de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados encargada de la supervisión en el manejo de dichos bienes.
En pro del dictamen participaron los diputados priistas, Miguel Ángel Romero Olivares y Ruperto Ramírez Vargas, quien expresó que con la expedición de la presente ley, se está acorde a las dispocisiones federales y se da certeza jurídica a los bienes incautados o abandonados en función de protección y administración.
LEY DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN PROCEDIMIENTO PENAL
Integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara local aprobaron expedir la Ley para la Protección a las Personas que intervienen en el Procedimiento Penal del Estado de Hidalgo presentada por el gobernador de la entidad, José Francisco Olvera Ruiz, por conducto del secretario de Gobierno, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda.
Esta ley tendrá aplicación exclusivamente para aquellos casos en los que se encuentren relacionadas personas que estén en una situación de riesgo por su participación de forma directa o indirecta en un procedimiento penal en la entidad y quienes pueden ser las víctimas, los ofendidos, los testigos, así como otros sujetos que con motivo del mismo, se encuentren en situación de riesgo.
El representante por el distrito de Huichapan, Humberto Alejandro Lugo Guerrero, dio lectura al dictamen y expresó que para alcanzar el objetivo de la Ley, se prevé el Programa Estatal de Protección a Personas que contempla diversas medidas de protección para las personas que intervienen en el procedimiento penal.
Dichas medidas serán la custodia personal o del domicilio; el desalojo del imputado o sentenciado del domicilio de la persona protegida cuando se trate de delitos sexuales o de violencia intrafamiliar; el alojamiento temporal en lugares reservados o en centros de protección; la prevención a las personas que generen un riesgo para que se abstengan de acercarse a cualquier lugar donde se encuentre la persona protegida.
Además, botones de emergencia o seguridad, así como alarmas auditivas en el domicilio de la persona protegida; el suministro de recursos económicos para manutención y vivienda, dentro o fuera del Estado o del país, mientras la persona protegida se halle imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios; así como el cambio de domicilio, dentro o fuera del territorio estatal o nacional.
En pro de la expedición de la ley de protección participaron en tribuna el diputado del Partido Nueva Alianza (PNA), J. Dolores López Guzmán, y el legislador priista, Javier Amador de la Fuente, quienes coincidieron en que se deben implementar medidas de protección a las víctimas o testigos para garantizar la correcta aplicación de la ley a imputados de algún delito.
REFORMAS A LEY PROCESAL DE SANCIONES PENALES Y MEDIDAS PARA ADOLESCENTES
Durante el desarrollo de la décimo novena sesión ordinaria se avalaron las reformas propuestas por el mandatario estatal a la Ley Procesal de Sanciones Penales y Medidas para Adolescentes del Estado de Hidalgo para armonizar el marco jurídico en la materia con el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El dictamen fue leído por el representante del distrito II con cabecera en Tulancingo, Jorge Rosas Ruiz, quien señaló que las reformas a los artículos 3, 10, 11, 18 párrafo segundo; 44 párrafos primero y tercero; y 45 párrafo primero; y la derogación del Capítulo III “Recurso de Casación”, se adecúa el marco jurídico local con las dispocisiones federales promulgadas el pasado 5 de marzo de 2014.
Las adecuaciones intercambian el término de “Tribunal de Ejecución” por el “Tribunal de Alzada” para estar acorde al Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual conocerá de los recursos de apelación que se interpongan en contra de los actos o sentencias que dicten los jueces de ejecución y al que podrán recurrir las y los internos sobre su caso.
En pro del dictamen, participaron el diputado por el distrito de Tepeji del Río, Rosalío Santana Velázquez, y el legislador priista, Héctor Pedraza Olguín, quien expresó que la introducción del Nuevo Sistema de Justicia obliga a transitar de un sistema de justicia que favorece la impunidad y debilita la denuncia, por lo que es imprecindible realizar las reformas necesarias para garantizar una defensa adecuada a las y los adolescentes.
Finalmente, el presidente de la directiva en turno, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Celestino Ábrego Escalante, convocó a las y los integrantes de la LXII Legislatura del Congreso estatal, para hoy viernes 7 de noviembre a las 18:00 horas.
