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Poder Judicial anuncia adhesión al Pacto para introducir la perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México

octubre 4, 2014

Pachuca, Hgo.- El Magistrado Juan Manuel Menes Llaguno, Presidente del Tribunal Superior de Justicia,  informó  que el Poder Judicial del Estado de Hidalgo en coordinación con otros órganos jurisdiccionales firmará este lunes (6  de octubre) el convenio de adhesión al “Pacto para introducir la perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México”, impulsada por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ).

Consciente del impacto que tiene la labor jurisdiccional en la vida de las personas y derivado de “La Convención de Belém do Pará y la prevención de la violencia contra las mujeres: Buenas prácticas y propuestas a futuro”, evento realizado por el Gobierno del Estado de Hidalgo y el Sistema DIF Hidalgo el pasado mayo, aseguró que para el Poder Judicial fue transcendental consolidar este proyecto.

De acuerdo con la AMIJ las medidas específicas propuestas por el Pacto para introducir la perspectiva de género son, entre otras: incorporar la perspectiva de género en los proyectos de planeación, reforma y modernización judicial y administrativa, realizar diagnósticos y promover investigaciones sobre el impacto del género en el acceso a la justicia,  incorporar la perspectiva de género en los programas de formación de las escuelas judiciales y centros de capacitación continua del personal jurisdiccional y administrativo.

Menes Llaguno detalló que en la firma del convenio estarán presentes el Licenciado José Francisco Olvera Ruiz, Gobernador del Estado, la Señora Guadalupe Romero de Olvera, Presidenta del Sistema DIF Hidalgo, así como el Magistrado Armando I. Maitret Hernández, Secretario Ejecutivo de la AMIJ.

De igual forma, como complemento a este significativo convenio, comentó que asistirá la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ofrecerá la conferencia “Protocolo para juzgar con perspectiva de género: haciendo realidad el Derecho a la Igualdad”.

El Magistrado recordó el objetivo de este compromiso al que se une Hidalgo, es que los órganos participantes trabajen con base en un instrumento jurídico que les permita impartir justicia con perspectiva de género, basándose en los acuerdos internaciones sobre derechos humanos de los cuales ya es parte nuestro país.

Rinde protesta Juan Manuel Menes Llaguno como magistrado del TSJEH

abril 29, 2014
  • Recibe nombramiento por unanimidad en el Congreso del estado.

Pachuca, Hgo.- Con el aval de todas las fuerzas políticas representadas en la LXII Legislatura, se aprobó la propuesta del Ejecutivo local para nombrar a Juan Manuel Menes Llaguno como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), quien rindió protesta de ley ante el pleno del Congreso hidalguense.

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María Gloria Hernández Madrid, dio lectura al dictamen donde se expone que Menes Llaguno cumple satisfactoriamente los requisitos que establece el artículo 95 de la Constitución Política del Estado para ser Magistrado del TSJEH.

rinde protesta menes llagunoMenes Llaguno se ha desempeñado en la administración de justicia como Magistrado del TSJEH y presidente de Sala; abogado postulante.  En la Administración Pública ha sido Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Hidalgo; Procurador de la Defensa del Trabajo entre otros.

En pro del nombramiento, subió a tribuna el diputado del Partido Nueva Alianza (PNA), José Dolores López Guzmán, quien puntualizó que “un magistrado debe ser una persona que cumpla ciertos requisitos y una experiencia probada para garantizar la igualdad y la correcta impartición de justicia; por ello creemos en Nueva Alianza que la propuesta del Ejecutivo estatal es viable para ocupar la posición de magistrado del TSJEH”.

Además, la legisladora de la coalición entre el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y PRI, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, enfatizó que “Menes Llaguno es un jurista formador de juristas, su experiencia probada para garantizar una impartición de justicia equitativa, igualitaria y apegada a las normas morales y éticas de la sociedad hidalguense”.

De la misma forma, el diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Robles Acosta, resaltó que el nombramiento de Juan Manuel Menes Llaguno es una confirmación de que existe una división de poderes en la entidad. “En el Congreso de Hidalgo avalamos que sea nombrado como magistrado, tal y como lo propuso el Ejecutivo estatal por la experiencia y capacidades del cronista vitalicio de la entidad”.

También el representante priista, Leonardo Pérez Calva, coincidió con sus antecesores en tribuna y añadió que el nombramiento de Juan Manuel Menes Llaguno como magistrado en el TSJEH es acertada. “Menes Llaguno tiene las capacidades y aptitudes para aportar conocimientos a los trabajos del Poder Judicial”.

Durante el acto protocolario estuvieron presentes el ahora ex magistrado presidente del TSJEH, Valentín Echavarría Almanza; el presidente del Tribunal Fiscal Administrativo, Prisciliano Gutiérrez Hernández; el presidente del Tribunal Electoral de Hidalgo, Alejandro Habib Nicolás; entre otras autoridades del Poder Judicial de la entidad.

Propone ejecutivo a Menes Llaguno como magistrado del TSJEH

abril 24, 2014
  • Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia delCongresodelestado dictaminará nombramiento

Pachuca, Hgo.- La propuesta del gobernador José Francisco Olvera Ruiz para nombrar a Juan Manuel Menes Llaguno como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), se turnó a la Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia que preside la diputada priista, María Gloria Hernández Madrid para su dictamen correspondiente.

Durante la lectura de los documentos en cartera de la décimo quinta sesión ordinaria del Congreso del estado se dio a conocer la propuesta enviada por el Ejecutivo estatal. El actual magistrado presidente del TSJEH, Valentín Echavarría Almanza rindió el pasado miércoles su último informe al frente del Poder Judicial de Hidalgo.

diputada gloria hernandez madridDe acuerdo al artículo 32 fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, sepuntualiza que es competencia de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia, analizar y dictaminar sobre el nombramiento, licencia o renuncia de los Magistrados del TSJEH, Fiscal Administrativo y Electoral del Estado.

Además, con base al artículo 94 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo señala que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Fiscal Administrativo serán nombrados por el gobernador con la aprobación del Congreso local o de la Diputación Permanente. También el artículo 96 de la misma constitución señala que los nombramientos deberán ser dictaminados en un plazo no mayor a 10 días.

Culmina curso para proteger a víctimas del delito impartido por personal de la USAID a servidores públicos de Hidalgo

julio 21, 2013
  • Capacitación con miras a proteger de forma integral a la víctima del delito
  • Nuevo esquema de justicia de corte acusatorio

Pachuca, Hgo.- Con la entrega oficial de documentos a 42 servidores públicos pertenecientes al Poder Judicial; la Procuraduría General de Justicia; la Comisión Estatal de Derechos Humanos; DIF estatal y municipales, se acreditaron 200 horas de capacitación, constituidas en 11 módulos impartidos por especialistas del programa de Seguridad y Justicia de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

El procurador general de justicia estatal, Alejandro Straffon, subrayó la importancia de esta capacitación entre quienes “nos dedicamos a la procuración e impartición de justicia”, pues en la investigación de un hecho delictivo, parte esencial es, además de sustentar jurírdicamente la culpabilidad del autor, el proteger de forma integral a la víctima del delito, en todos los aspectos que la ley nos emplaza”.

El abogado del estado, acompañado por el magistrado Ricardo César González Baños, director del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial; Elizabeth Ramírez, directora adjunta de la Oficina de Justicia y Seguridad Ciudadana de USAID-MÉXICO, así como de funcionarios de la PGJEH y el Tribunal, hizo entrega de reconocimientos al personal capacitado.

El curso, informó Straffon,  tuvo el objetivo de generar en los servidores públicos estrategias que fomenten la promoción, protección y respeto de los derechos humanos de las víctimas del delito en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal en el estado de Hidalgo, “con lo que hacemos patente el firme compromiso de los diferentes actores y operadores del sistema de justicia para adquirir herramientas para prestar un servicio más profesional, eficiente y de alto contenido humano.

En la ceremonia, realizada la tarde del pasado viernes, Straffon Ortiz explicó que “con esta alta capacitación tendremos la cualidad de combinar tres aspectos de suma importancia para las tareas de impartición y procuración de justicia: por un lado, la vertiente victimodogmática (estudio de la influencia que el comportamiento de la víctima y su contribución a la producción del delito)del sistema de justicia penal que incumben a toda persona afectada por un hecho delictivo”.

En segundo lugar, abundó Straffon, “hace hincapié en una visión moderna de las víctimas, pues hoy también se considera así a toda ´persona que es vulnerada en sus derechos humanos”, y, finalmente, la vinculación que ambos puntos tienen en el esquema de justicia de corte acusatorio, expuso el funcionario.

El fiscal estatal mencionó también “el esfuerzo producto de la relación que se mantiene entre actores estratégicos en la intervención integral victimológica en Hidalgo; entre los que se encuentran el Poder Judicial, la misma PGJEH, el Centro de Justicia para Mujeres; la Comisión estatal de derechos Humanos así como los sitemas DIF estatal y de Pachuca”.

Finalmente, Straffon agradeció a los ponentes de la agencia estadounidense USAID, quienes durante los tres meses de duración del curso “compartimos el aula con expertos de reconocido prestigio nacional e internacional, de gran experiencia y sobre todo con sensibilidad para un tema delicado y que constituye un eje toral en el Plan Estatal de desarrollo 2011-2016 del gobernador Francisco Olvera Ruiz”, finalizó.

Los mecanismos alternativos de solución de controversias en el nuevo sistema acusatorio adversarial

junio 18, 2013

 Escribiendo Derecho

                Escribiendo Derecho Por Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier*

Los mecanismos alternativos de solución de controversia son: la negociación, la mediación, la conciliación,  el arbitraje y el proceso restaurativo.

En términos generales, los mecanismos de solución alternativa de controversias, deberán realizarse en los casos autorizados por la ley o cuando recaigan en derechos de los cuales los interesados puedan disponer libremente, sin afectar el orden público ni derechos de terceros.

En materia penal la competencia para conocer y facilitar los acuerdos reparatorios, previos a la consignación, es posible en aquellos hechos punibles que sean perseguibles por querella y no exista algún interés público en su persecución.

En el basamento filosófico conceptual del nuevo sistema acusatorio, con tendencia a la oralidad, descansa en la llamada justicia restaurativa, entendida ésta como un proceso dirigido a involucrar a la víctima, al ofensor y a la comunidad en la búsqueda de soluciones a las consecuencias del conflicto, con el fin de promover la reparación del daño, la reconciliación entre las partes y el fortalecimiento del sentido de seguridad colectivo.

No obstante que la justicia restaurativa se relaciona con la materia penal, es posible aplicarla al ámbito del derecho familiar y en aquellas otras ramas del derecho en las que se susciten conflictos susceptibles de ser restaurados a través de este proceso.

El procedimiento de restauración tiene como propósito que la víctima y el ofensor participen activa y personalmente en la solución de conflictos para que a través del diálogo se establezcan las bases para la preparación moral, material y económica del daño causado por la acción ilícita y el reconocimiento de las responsabilidades individuales y colectivas de los interesados, así como la recomposición del tejido social para procurar satisfacer las necesidades de la comunidad.

Este procedimiento proporciona una oportunidad de reunir a la víctima con el ofensor en un escenario seguro y con un guión estructurado de acuerdo con los lineamientos nacionales e internacionales, realizando una discusión del delito o conflicto, con la asistencia de un facilitador de la comunicación capacitado en este tipo de procesos restaurativos.

A través de la justicia restaurativa se busca el reconocimiento de responsabilidad y la formulación de una disculpa a la víctima en un acto público o privado, de conformidad con el acuerdo realizado por los intervinientes en el conflicto.

También a través del proceso restaurativo se busca el compromiso de la no repetición de la conducta originadora del conflicto, así como el establecimiento de condiciones para darle efectividad, tales como inscribirse a programas educativos para la promoción de la paz, tratamiento de adicciones y alcoholismo, terapias para el control del enojo u otras medidas similares.

Puede comprender la reparación derivada del procedimiento restaurativo un plan de restitución que puede ser económico o en especie; restituyendo o remplazando un bien  o la realización de una determinada conducta, la prestación de servicios a la comunidad o de cualquier otra forma solicita por la víctima y acordadas por las partes.

Para lograr el éxito de estos mecanismos alternativos, el estado de Hidalgo cuenta con mediadores en los centros de justicia alternativa tanto del poder judicial como en la procuraduría general del estado, quienes han sido eficientemente capacitados y cuentan con la experiencia al nivel de los retos que este nuevo sistema acusatorio adversarial representa.

Lo anterior, tiene vinculación con el precepto constitucional contenido en el articulo 1 y reformado el 10 de junio del 2011, del cual se aprecia el concepto de la convencionalidad y de los derechos humanos , así como del principio pro persona, pues todas la autoridades, en el ámbito de sus competencias además de la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos, debemos prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos y considero que a través de los mecanismos de solución de conflictos y en particular de la justicia restaurativa  se podrá lograr satisfacer estos objetivos.

*Presidente de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia

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El principio de convencionalidad y los adultos mayores

mayo 16, 2013

Escribiendo+DerechoEscribiendo Derecho

Por el Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier*

Con fecha diez de junio de dos mil once, el Congreso de la Unión otorgó a la nación mexicana un cambio de 180 grados, con la reforma constitucional que elaboraron en materia de derechos humanos y que se encuentra plasmada en el artículo primero de nuestra ley fundamental.

De esta reforma se observan conceptos como: derechos humanos (en lugar de garantías individuales o derechos fundamentales), personas (en lugar de individuos) que de acuerdo a la legislación civil podrían ser físicas y/o morales, y el principio “pro homineque tiene que ver con la interpretación de normas y tratados internacionales que favorezcan de manera más amplia en la protección de las personas. De igual forma surge la obligación que tenemos todas las autoridades respecto a la reforma y que se traduce a los ámbitos federal, estatal y municipal y a los tres poderes de gobierno, a una nueva doctrina con conceptos novedosos, como es la interpretación conforme o el bloque constitucional, entre otros.

A la fecha, pese a la pobre difusión que se le ha dado a dicha reforma, va en ciernes su interpretación y aplicación en los distintos ámbitos gubernamentales.

En el Poder Judicial del Estado de Hidalgo ya se aplica la citada reforma, que si bien no se hace de manera “ex oficio” como lo señala la autoridad federal, también ha sido una constante de preocupación en los temas sometidos a nuestra competencia.

En el ámbito del derecho civil, mercantil y familiar, cada vez es más común su aplicación; y naturalmente al ser cada expediente una historia diferente, surge la constante inquietud de descubrir la aplicación de tratados internacionales a los asuntos que se someten a nuestra consideración.

Un ejemplo de lo anterior es el caso de los adultos mayores, pues en Hidalgo la Ley para la Familia establece un capítulo en donde se concede acción popular para denunciar -de manera anónima y de investigación oficiosa- los malos tratos a éstos. Asimismo, contamos con una Ley de los Derechos de los Adultos Mayores (publicada el 12 de abril de 2010) que contempla las políticas a favor de ellos, al igual que las facultades y obligaciones de las autoridades, entre otras instituciones.

¿Pero qué sucede cuando nuestras leyes secundarias son insuficientes u omisas en la protección de los derechos humanos de las personas de edad? La respuesta es obvia, pues se tendría que aplicar algún instrumento internacional que México haya suscrito y que nos vincule en su aplicación.

Luis Rodríguez-Piñero, abogado especialista en derechos humanos e investigador de la Universidad de Sevilla, en el encuentro Internacional para el Seguimiento de la Declaración de Brasilia y la Promoción de los Derechos de las Personas Mayores, manifestó que las personas de edad son titulares de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos en condiciones de igualdad y no discriminación, pero aseveró que no existe actualmente un instrumento internacional jurídicamente vinculante que proteja específicamente los derechos humanos de las personas de edad.

No obstante que en el considerando quinto de la exposición de motivos de la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo se establece en su párrafo tercero y cuarto la mención a la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento y Plan de Acción Internacional de Madrid, es un hecho que México no ha suscrito ningún tratado internacional que lo vincule y que permita a los jueces mexicanos invocar instrumentos internacionales que protejan los derechos humanos de los adultos mayores, tal y como establece el artículo primero de la citada reforma a la Constitución Federal. En consecuencia y ante la ausencia de estos instrumentos podemos invocar aquellos tratados internacionales genéricos que se refieran a las personas en general y no en particular a las personas mayores.

Cabe destacar que en 2002 se aprobó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual fue creada por la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional de las Personas en Plenitud (INAPLEM) para afrontar los nuevos desafíos que supone la transición demográfica tendiente al envejecimiento de la población y con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores en México.

El Instituto Nacional de las Personas Mayores (INAPAM) en aras de salvaguardar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas adultas mayores en nuestro país, así como de disminuir las condiciones de vulnerabilidad a las que están expuestos e impulsar su participación e inclusión en la sociedad, ha definido 5 ejes rectores estratégicos en materia de políticas publicas:

  1. Cultura del envejecimiento
  2. Envejecimiento activo y saludable
  3. Seguridad económica
  4. Protección social
  5. Derechos de las personas adultas mayores

De lo anterior, podemos concluir que falta armonizar en concordancia con la reforma constitucional y los tratados internacionales que protegen los derechos humanos de las personas mayores y que a la fecha no son vinculantes para nuestro país (no obstante las buenas intenciones, las leyes nacionales y locales y los encuentros internacionales que sobre el tema se haga). Por tanto, representa un reto para los jueces mexicanos aplicar los tratados internacionales existentes que contengan el principio pro homine a las personas mayores y que de una manera coherente y eficaz logren formar parte de la motivación de sus resoluciones para bien de nuestros respetados adultos mayores.

*Presidente de la Segunda Sala Civil y Familiar

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo

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En Hidalgo existe cultura política que se basa en el respeto a la legalidad: Francisco Olvera

mayo 9, 2013

Pachuca, Hgo.- Con la finalidad de dar certeza y transparencia al proceso electoral 2013, referente a la elección de diputados locales en los 18 distritos de la entidad; el gobernador José Francisco Olvera Ruiz, se reunió con el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Alfredo Orellana Moyao, con quien suscribió un Programa de Trabajo Específico para la Prevención, Atención y Seguimiento de Denuncias de Delitos Electorales y Responsabilidades Administrativas.

Ante la presencia de los dirigentes de los partidos políticos con representación en el estado, el mandatario afirmó que en Hidalgo existe cultura política, misma que se basa en el respeto a los alcances de la legalidad y la transparencia en el quehacer gubernamental.

firma con fepadeDe la misma forma, Francisco Olvera, destacó que con este programa se fortalecen los lazos de colaboración entre las autoridades federales y estatales, a fin de salvaguardar la libertad del sufragio y custodiar los derechos políticos de los ciudadanos.

En su oportunidad, el fiscal Alfredo Orellana Moyao, manifestó que se cuenta con el ánimo de colaborar con el proceso electoral del estado, y con estas acciones se fortalecerá la transparencia y la efectividad de los derechos políticos y ciudadanos de los hidalguenses.

El titular de la Fepade detalló que se establecerán las acciones pertinentes para informar de manera oportuna a la ciudadanía, a las diferentes instancias de gobierno, así como a los actores y dirigentes partidistas, respecto a lo que es un delito electoral, a fin de coadyuvar con el adecuado manejo de la ley y su aplicación durante el proceso.

A la reunión también se dieron cita, Alejandro Habib Nicolás, magistrado presidente del Tribunal Electoral; Ramón Ramírez Valtierra, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, así como Mario Pfeiffer Islas, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, además de funcionarios del gabinete gubernamental, como Fernando Moctezuma Pereda y Glafiro Chávez Bustos, secretarios de Gobierno y de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, respectivamente.

Por último, el titular del Ejecutivo estatal, recordó que luego de que al interior del Pacto por México que impulsa el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se firmara un adéndum, mismo que contempla acuerdos entre las fuerzas políticas para impulsar la limpieza en las elecciones, el blindaje electoral y la participación de organizaciones sociales enfocadas en transparencia, “En Hidalgo, estamos actuando en consecuencia con el desarrollo de estos trabajos, mismos que son respaldados por todos los partidos políticos, con quienes el gobierno del estado mantiene permanente comunicación”.

Las acciones que se habrán de impulsar de manera conjunta, entre el gobierno del estado y la Fepade, son en primera instancia cursos y talleres en materia de difusión y prevención de delitos electorales, en donde se capacitará a funcionarios públicos y ciudadanía en general para que conozcan reglas y funciones que marca la Ley Federal Electoral para no incurrir en algún delito en la materia.

Con una dinámica de coordinación en materia electoral, la Fepade busca sumarse para robustecer el trabajo de las autoridades estatales y con ello cuidar y promover la cultura cívica, para el libre ejercicio de los derechos político- electorales de los ciudadanos, en el marco de la próxima contienda electoral en la entidad.

Cabe de destacar que la Fepade es un órgano imparcial, con autonomía técnica que apoya los procesos electorales de los estados, con pleno respeto a la soberanía de cada uno de ellos.

DATOS

Dirigentes partidistas que atestiguaron la reunión de trabajo:

  • Alejandro Moreno Abud (Partido Acción Nacional)
  • Ricardo Crespo Arroyo(Partido Revolucionario Institucional)
  • Arturo Sánchez Jiménez (Partido de la Revolución Democrática)
  • María Cruz García Sánchez (Movimiento Ciudadano)
  • Heriberto Martínez Santiago (Partido Nueva Alianza)
  • Arturo Aparicio Barrios (Partido del Trabajo)
  • Jorge Malo Lugo (Partido Verde Ecologista de México)

EL PRINCIPIO DE CONVENCIONALIDAD Y LOS ADULTOS MAYORES

abril 18, 2013

Escribiendo+DerechoEscribiendo Derecho

Por el Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier*

Con fecha diez de junio de dos mil once, el Congreso de la Unión otorgó a la nación mexicana un cambio de 180 grados, con la reforma constitucional que elaboraron en materia de derechos humanos y que se encuentra plasmada en el artículo primero de nuestra ley fundamental.

De esta reforma se observan conceptos como: derechos humanos (en lugar de garantías individuales o derechos fundamentales), personas (en lugar de individuos) que de acuerdo a la legislación civil podrían ser físicas y/o morales, y el principio “pro homineque tiene que ver con la interpretación de normas y tratados internacionales que favorezcan de manera más amplia en la protección de las personas. De igual forma surge la obligación que tenemos todas las autoridades respecto a la reforma y que se traduce a los ámbitos federal, estatal y municipal y a los tres poderes de gobierno, a una nueva doctrina con conceptos novedosos, como es la interpretación conforme o el bloque constitucional, entre otros.

A la fecha, pese a la pobre difusión que se le ha dado a dicha reforma, va en ciernes su interpretación y aplicación en los distintos ámbitos gubernamentales.

En el Poder Judicial del Estado de Hidalgo ya se aplica la citada reforma, que si bien no se hace de manera “ex oficio” como lo señala la autoridad federal, también ha sido una constante de preocupación en los temas sometidos a nuestra competencia.

En el ámbito del derecho civil, mercantil y familiar, cada vez es más común su aplicación; y naturalmente al ser cada expediente una historia diferente, surge la constante inquietud de descubrir la aplicación de tratados internacionales a los asuntos que se someten a nuestra consideración.

Un ejemplo de lo anterior es el caso de los adultos mayores, pues en Hidalgo la Ley para la Familia establece un capítulo en donde se concede acción popular para denunciar -de manera anónima y de investigación oficiosa- los malos tratos a éstos. Asimismo, contamos con una Ley de los Derechos de los Adultos Mayores (publicada el 12 de abril de 2010) que contempla las políticas a favor de ellos, al igual que las facultades y obligaciones de las autoridades, entre otras instituciones.

¿Pero qué sucede cuando nuestras leyes secundarias son insuficientes u omisas en la protección de los derechos humanos de las personas de edad? La respuesta es obvia, pues se tendría que aplicar algún instrumento internacional que México haya suscrito y que nos vincule en su aplicación.

Luis Rodríguez-Piñero, abogado especialista en derechos humanos e investigador de la Universidad de Sevilla, en el encuentro Internacional para el Seguimiento de la Declaración de Brasilia y la Promoción de los Derechos de las Personas Mayores, manifestó que las personas de edad son titulares de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos en condiciones de igualdad y no discriminación, pero aseveró que no existe actualmente un instrumento internacional jurídicamente vinculante que proteja específicamente los derechos humanos de las personas de edad.

No obstante que en el considerando quinto de la exposición de motivos de la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo se establece en su párrafo tercero y cuarto la mención a la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento y Plan de Acción Internacional de Madrid, es un hecho que México no ha suscrito ningún tratado internacional que lo vincule y que permita a los jueces mexicanos invocar instrumentos internacionales que protejan los derechos humanos de los adultos mayores, tal y como establece el artículo primero de la citada reforma a la Constitución Federal. En consecuencia y ante la ausencia de estos instrumentos podemos invocar aquellos tratados internacionales genéricos que se refieran a las personas en general y no en particular a las personas mayores.

Cabe destacar que en 2002 se aprobó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual fue creada por la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional de las Personas en Plenitud (INAPLEM) para afrontar los nuevos desafíos que supone la transición demográfica tendiente al envejecimiento de la población y con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores en México.

El Instituto Nacional de las Personas Mayores (INAPAM) en aras de salvaguardar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas adultas mayores en nuestro país, así como de disminuir las condiciones de vulnerabilidad a las que están expuestos e impulsar su participación e inclusión en la sociedad, ha definido 5 ejes rectores estratégicos en materia de políticas publicas:

  1. Cultura del envejecimiento
  2. Envejecimiento activo y saludable
  3. Seguridad económica
  4. Protección social
  5. Derechos de las personas adultas mayores

De lo anterior, podemos concluir que falta armonizar en concordancia con la reforma constitucional y los tratados internacionales que protegen los derechos humanos de las personas mayores y que a la fecha no son vinculantes para nuestro país (no obstante las buenas intenciones, las leyes nacionales y locales y los encuentros internacionales que sobre el tema se haga). Por tanto, representa un reto para los jueces mexicanos aplicar los tratados internacionales existentes que contengan el principio pro homine a las personas mayores y que de una manera coherente y eficaz logren formar parte de la motivación de sus resoluciones para bien de nuestros respetados adultos mayores.

*Presidente de la Segunda Sala Civil y Familiar

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo

 

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Manuel Alberto Cruz Martínez, nuevo magistrado del Tribunal Estatal Electoral de Hidalgo

abril 17, 2013

Por José Antonio Naciff Roldán

Pachuca, Hgo., Abril 17.-Por unanimidad el Congreso del Estado de Hidalgo aprobó el nombramiento de Manuel Alberto Cruz Martínez, como nuevo Magistrado del Tribunal Estatal Electoral.

En sesión ordinaria de la LXI legislatura local y a propuesta de representantes de seis distintas agrupaciones políticas con presencia en el Estado, 25 de 30 legisladores avalaron su respaldo para la figura, previo al proceso de elecciones para renovación de Congreso local el próximo mes de julio.

El resultado se da tras ser consensuadas cada una de seis propuestas que presentaron el mismo número de asociaciones políticas, junto con autoridades de la Secretaría del Gobierno de Hidalgo a cargo de Fernando Moctezuma Pereda.

A la votación no asistieron cinco representantes populares hidalguenses, ya que este jueves se celebrará el Congreso Infantil al que acuden niños que representan a 18 distritos de Mayoría Relativa, en que se divide el territorio estatal.

El diputado del Pri Juan Manuel Camacho Bertrán señaló sobre el proceso cameral que llevó a la elección de Manuel Alberto Cruz Martínez:

“Una vez jurídicamente que se han cumplido con todos los requisitos establecidos en la normatividad, es que consideramos que la propuesta de los partidos políticos con registro en el Estado de Hidalgo que el ciudadano Manuel Alberto Cruz Martínez, cumple satisfactoriamente los requisitos para ser magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo”.

La elección fue unánime y a favor votaron representantes del Pri, Panal, Prd, Pan, Pvem, Pt y Movimiento Ciudadano.

Congreso del Estado aprueba por unanimidad de votos acuerdo para evitar agresiones contra periodistas

abril 17, 2013

Pachuca, Hgo.- Por unanimidad de votos se aprobó el Acuerdo Económico emitido por la Primera Comisión Permanente de Seguridad Pública, Justicia y de Seguimiento sobre las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación relativo al planteamiento realizado en sesión ordinaria con el tema “Libertad de Expresión” donde se exhorta a los Gobiernos Municipales a fin de que realicen acciones tendientes a evitar agresiones contra periodistas y personas que ejercen la comunicación.

“Nosotros como representantes, formamos un claro ejemplo de libertad, debemos hacer valer los derechos, es necesario impulsar el esquema de sus garantías a efecto de garantizar el respeto a quienes ejercen el periodismo”- Afirmó en pro del Dictamen el Diputado Severo Bautista Osorio.

También en la Sesión Ordinaria de hoy y tras la convocatoria dirigida a los Partidos Políticos con registro en el Estado de Hidalgo, a efecto de proponer a aspirantes a ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, se llevó a cabo la toma de protesta del Licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez para ocupar dicho cargo. Cumpliendo con los requisitos que sobre el particular señala el Artículo 95 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.