Posts Tagged ‘la dignidad humana’

Suman esfuerzos para formalizar empleo en Hidalgo

septiembre 24, 2013

Pachuca, Hgo.- Con la visión de hacer posible la inclusión de los cuatro ejes de acción en que se sustenta la nueva política laboral del Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Hidalgo a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, celebró el Convenio de Coordinación para la Ejecución de Acciones en Materia de Formalización del Empleo para el periodo julio- diciembre del 2013.

En el marco de dicho convenio María de Lourdes Osorio Chong Delegada del IMSS en Hidalgo, Mayka Ortega Eguiluz titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo y el Delegado de la STPS José Ponce Sosa han emprendido esquemas de colaboración que permitan la transición a la formalidad de más trabajadores.

Para ampliar imagen, haga clic.

Para ampliar imagen, haga clic.

La Delegación en Hidalgo del IMSS informó que ha desarrollado acciones que permiten la simplificación de trámites, tales como la reducción de pasos en la alta de patrones y en el registro de trabajadores, así como su alta y baja desde el portal “IMSS Desde Su Empresa” (IDSE), la implementación del Sistema de Pago Referenciado y en algunos casos, la reducción de multas.

Por lo anterior la STPSH, anunció un operativo especial de visitas, a realizarse en coordinación con la Delegación Federal del Trabajo, que tiene como finalidad informar de manera personalizada a los patrones el contenido y los alcances de dicho convenio, haciendo de su conocimiento las ventajas y facilidades que el IMSS ha desarrollado a su favor; este operativo se suma a las reuniones realizadas con sindicatos, cámaras empresariales y los diversos sectores que impactan en la generación de empleo.

Hidalgo tiene como meta formalizar 8,438 empleos, promoviendo la dignidad humana del trabajador, la no discriminación, el acceso a la seguridad social, a un salario bien remunerado, a la capacitación continua y a las condiciones óptimas de seguridad e higiene, visión que emerge del Programa para la Formalización del Empleo 2013.

Se instala Cátedra Hidalgo de Derechos Humanos

agosto 20, 2013

Pachuca, Hgo.- En un esfuerzo colectivo el Colegio del Estado de Hidalgo y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo  se inauguró la “Cátedra Hidalgo de Derechos Humanos”, misma que estuvo dictada por el Dr. José de Jesús Orozco, Presidente de la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH).

Para comenzar con esta actividad sin precedentes en la entidad, Raúl Arroyo, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo agradeció la voluntad de quienes participaron en esta iniciativa que se enriquecerá con la participación de todas y todos, lo que visibiliza un trabajo en derechos humanos desde la entidad y así fomentar su réplica.

catedra de derechos humanosAl hacer uso de la palabra la  Dra. Rocío Ruiz de la Barrera se congratuló de la instauración de la Cátedra Hidalgo de Derechos Humanos, puntualizando los objetivos de esta Cátedra, misma que será el vínculo  para unir a un mayor número de instancias de investigación y de la sociedad civil  para trabajar en el estudio, la docencia, la investigación, promoción y difusión a través de cuatro aspectos fundamentales: buscar orientar planes de estudio con un enfoque de derechos humanos con la finalidad de que el perfil de las y los egresados contemple el respeto a la dignidad humana; considerar el tema de los derechos humanos como objeto de estudio;  coadyuvar a la construcción  de ética pública y social coadyuvando a la dignidad humana y finalmente, reflexionar sobre las necesidades en al ámbito jurídico, social, cultural y académico para el reconocimiento, defensa y protección de los derechos humanos  bajo la premisa constante de “Saber para construir”.

Como acto protocolario destacó la presencia del representante de la Alta Comisionada de la Naciones Unidad en México, Javier Hernández Valencia, quien luego de firmar conjuntamente el convenio de colaboración que institucionaliza la Cátedra Hidalgo de Derechos Humanos con la Dra. Rocío Ruíz de la Barrera, Directora de El Colegio del Estado de Hidalgo y el Presidente de la CDHEH Raúl Arroyo; destacó la importancia de ver avanzada la causa de los derechos humanos a partir de la Reforma Constitucional, mediante pasos firmes y  con funcionarios comprometidos incluyendo la participación ciudadana encaminada hacia la defensa y protección de  los DDHH, finalizó estableciendo la importancia del rigor académico a través de la acción de la vigilancia y la exigencia en esta materia.

Al ocupar por primera vez la Cátedra Hidalgo de Derechos Humanos, el Dr. José de Jesús Orozco Henríquez  comenzó destacando y reconociendo la iniciativa de establecer esta Cátedra que impulsará la cultura de los derechos humanos y a garantizar que ante eventuales violaciones a sus derechos humanos las víctimas obtengan justicia y reparación del daño de acuerdo con estándares internacionales como lo prescriben nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en el ejercicio de su soberanía se ha comprometido a observar. Ente los aspectos que ocuparon su disertación compartió los antecedentes, visión, presente y un planteamiento futuro de lo que es hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y sobre lo que la CIDH puede hacer para defender, promover, proteger los derechos humanos de las y los habitantes de América, de las que todas y todos somos beneficiarios y partidarios, a partir del fortalecimiento de la Comisión.

Como compromiso final, Orozco Henríquez enfatizó que es prioritario avanzar en la universalización y lograr que los 35 Estados miembros de la Organización  se adhieran o ratifiquen a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en lugar de los 24 que actualmente, se debe priorizar la atención de los Derechos Humanos a través de la creación de políticas públicas.

Para clausurar esta primera Cátedra Hidalgo de Derechos Humanos, el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior en la entidad, Lic. Rolando Durán aseveró que la educación deber ser el pilar para la protección de los derechos humanos

ÓRDENES DE PROTECCIÓN PARA LAS MUJERES

marzo 4, 2013

Escribiendo Derecho

Escribiendo+DerechoLic. María Isabel Mejía Hernández*

El 31 de diciembre de 2007, fue publicada en el Periódico Oficial de nuestro estado la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la cual tiene por objeto establecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno estatal, municipal y de la federación, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

En este ordenamiento, se encuentran establecidos como principios rectores: la no discriminación, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, su libertad y multiculturalidad, la igualdad sustantiva entre ellas y los hombres, el pluralismo social y la perspectiva de género; buscando que la obediencia de estas directrices logre la modificación en el entorno social para garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de las modalidades y tipos de violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado, y de esta manera promover su desarrollo integral.

Es importante destacar que, lamentablemente, la violencia contra la mujer muchas veces es generada desde el ámbito familiar y que puede manifestarse como acción u omisión, dirigida a dominar, someter, y controlar o agredir  física, verbal, psicoemocional, sexual, patrimonial o económicamente, ya sea dentro o fuera del domicilio familiar,  por quienes  tengan parentesco consanguíneo, y mantengan -o hayan mantenido por afinidad o civil,   matrimonio o concubinato- una relación de hecho y que tiene por efecto causar daño.

Con el fin de logar el objetivo de la ley, se prevé  que las instancias facultadas para hacerlo, dirijan modelos de atención, prevención y sanción con medidas y acciones con perspectiva de género para proteger a las víctimas de violencia familiar, que garanticen a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales; asimismo, se contemplan las órdenes de protección, que se explicarán brevemente, de conformidad a lo que la propia ley indica.

Así pues, al tenor de lo establecido por su artículo 24, las órdenes de protección son personalísimas e intransferibles, de naturaleza administrativa y jurisdiccional, así como de urgente aplicación para proteger a las mujeres de la violencia familiar o sexual, siendo fundamentalmente precautorias y cautelares; consecuentemente, no causan estado sobre los bienes o derechos de los probables responsables o infractores,  durarán por el tiempo que determine el reglamento de la ley y deberán otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres.

Las órdenes de protección, consagradas como emergentes y preventivas, serán solicitadas por la víctima, sus hijas e hijos, o personas que convivan con ella, y serán otorgadas e instrumentadas por la representación social, que recae en el agente del Ministerio Público, con el auxilio de la Policía Estatal, independientemente de que exista o no averiguación previa por los hechos de violencia; en caso de no existir averiguación previa, el Ministerio Público hará del conocimiento del solicitante de la orden de protección, el derecho que le asiste a la víctima para denunciar los hechos, salvo los casos específicos contemplados por la ley en la materia (como delitos perseguibles oficiosamente, en los que el Ministerio Público iniciará la averiguación previa al tener conocimiento del asunto). Salvo los casos mencionados anteriormente, el Ministerio Público hará constar dichas circunstancias mediante acta circunstanciada.

Cuando en los municipios exista notoria urgencia, la aplicación de las órdenes de protección le corresponderá a los Conciliadores Municipales, con el auxilio de la Policía Municipal; y una vez concedida dicha medida de protección, el Conciliador Municipal deberá hacerlo del conocimiento a la autoridad competente, de conformidad con el procedimiento y observancia que determine el reglamento o acuerdo conducente. La mujer que vive la violencia familiar o sexual, podrá elegir ante cuál de las autoridades solicitar la orden de protección, salvo para las órdenes de naturaleza civil o familiar, que se otorgan por el Juez de la materia.

Cabe resaltar que las  órdenes de protección de emergencia pueden consistir en la desocupación por el generador de violencia familiar, del domicilio conyugal; la prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo o estudios de las y los ascendientes y descendientes, o cualquier otro lugar que frecuente la víctima; el reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad; y la restricción de intimidar o molestar a la víctima o a cualquier integrante de su familia en su entorno social.

Se encuentran previstas como órdenes de protección preventivas, la retención y guarda de armas de fuego que sean propiedad, custodia o posesión del generador de violencia (aún cuando las mismas se encuentren registradas conforme a la normatividad de la materia); el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima; la  entrega inmediata, uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de domicilio de la víctima; el acceso al domicilio en común, de autoridades policiacas o de personas que auxilien a la víctima a tomar sus pertenencias personales y las de sus hijas e hijos; la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y de sus hijas e hijos; el auxilio policiaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre la víctima en el momento de solicitar el auxilio; y  brindar servicios de psicoterapia reeducativa especializada y gratuita, con perspectiva de género al generador de violencia en instituciones públicas debidamente acreditadas.

Ahora bien, de acuerdo al numeral 29, se reconocen como órdenes de protección de naturaleza familiar, la suspensión temporal al generador de violencia del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes; la prohibición al generador de violencia de enajenar o hipotecar bienes de su propiedad, cuando se trate del domicilio conyugal y, en cualquier caso, cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal; la posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio; el embargo preventivo de bienes del generador de violencia, que deberá inscribirse con carácter temporal en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias; y la obligación alimenticia provisional e inmediata.

Por último, debe señalarse que las órdenes a que hemos hecho referencia deberán ser tramitadas ante los juzgados familiares, penales o mixtos que correspondan, los cuales además deberán valorar las órdenes y la determinación de medidas similares en las resoluciones o sentencias, cuando se estén ventilando ante ellos juicios o procesos en materia familiar o penal.

*Juez Segundo Civil y Familiar de Apan

Cualquier duda, comunícate con nosotros en:

@Habla_Derecho

Hablando Derecho
hablando_derecho@hotmail.com

Encabezó Lupita Romero reunión en tema de asistencia social con alcaldes y presidentas del DIF de todo el estado

enero 23, 2013

Pachuca, Hgo.- Lupita Romero de Olvera, encabezó una reunión de presidentes municipales y presidentas de los DIF de toda la entidad, con la finalidad de establecer una comunicación directa y proporcionar información de interés, a quienes son la primera institución de gobierno que tiene intervención en las solicitudes de la ciudadanía, en materia de asistencia social.

Dentro de la reunión se brindó información de los programas existentes y de reciente creación del Sistema DIF Hidalgo, resaltando que para el gobernador José Francisco Olvera Ruiz, “la asistencia social es un deber y compromiso con las necesidades más sentidas de nuestra población y ustedes son el eslabón más cercano al deber que nos une de actuar en tiempo y forma por nuestras niñas y niños; madres y padres de familia; personas de la tercera edad y personas con discapacidad”.

Destacó que para transformar la asistencia social en una herramienta de apoyo e impulso en la entidad, es necesario crear una nueva relación entre la sociedad y el Estado, puntualizando que es necesario hacerlo sobre la base del desarrollo humano y la corresponsabilidad, temáticas fundamentales dentro de la nueva visión de la asistencia social en el DIF Hidalgo, donde se asume como máxima el respeto a la dignidad humana.

Para ampliar imagen, haga clic.

Para ampliar imagen, haga clic.

En la reunión, dijo a presidentes y presidentas que “aquello que se hace en la asistencia social nos beneficia a todas y todos”, y ejemplificó con el trabajo que realiza el DIF estatal para prevenir y atender la violencia familiar: “se traduce en niñas y niños que viven con confianza y seguridad, o en mujeres que encontrarán un ambiente seguro”.

En las pláticas impartidas a los asistentes, participó Alejandro Straffon Ortiz, procurador General de Justicia; Marco Antonio Escamilla Acosta, director del Hospital del Niño DIF; Rosa María García Pardo, coordinadora de asesores del DIF estatal; Sonia Medina Pontaza, titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, entre otros funcionarios estatales relacionados al ámbito de asistencia social.

Finalmente, Lupita Romero de Olvera agradeció a las y los participantes su asistencia, ya que ello es muestra del compromiso que tienen para hacer de cada DIF municipal, un compromiso real con la sociedad.

Órdenes de protección para las mujeres

noviembre 5, 2012

Escribiendo Derecho

Lic. María Isabel Mejía Hernández*

El 31 de diciembre de 2007, fue publicada en el Periódico Oficial de nuestro estado laLey de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la cual tiene por objeto establecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno estatal, municipal y de la federación, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

En este ordenamiento, se encuentran establecidos como principios rectores: la no discriminación, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, su libertad y multiculturalidad, la igualdad sustantiva entre ellas y los hombres, el pluralismo socialy la perspectiva de género; buscando que la obediencia de estas directrices logre la modificación en el entorno social para garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de las modalidades y tipos de violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado, y de esta manera promover su desarrollo integral.

Es importante destacar que, lamentablemente, la violencia contra la mujer muchas veces es generada desde el ámbito familiar y que puede manifestarse como acción u omisión, dirigida a dominar, someter, y controlar o agredir  física, verbal, psicoemocional, sexual, patrimonial o económicamente, ya sea dentro o fuera del domicilio familiar,  por quienes  tengan parentesco consanguíneo, y mantengan -ohayan mantenido por afinidad o civil,   matrimonio o concubinato- una relación de hecho y que tiene por efecto causar daño.

Con el fin de logar el objetivo de la ley, se prevé  que las instancias facultadas para hacerlo, dirijanmodelos de atención, prevención y sanción con medidas y acciones con perspectiva de género para proteger a las víctimas de violencia familiar, que garanticen a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales; asimismo, se contemplan las órdenes de protección, que se explicarán brevemente, de conformidad a lo que la propia ley indica.

Así pues, al tenor de lo establecido por su artículo 24, las órdenes de protección son personalísimas e intransferibles, de naturaleza administrativa y jurisdiccional, así como de urgente aplicación para proteger a las mujeres de la violencia familiar o sexual, siendo fundamentalmente precautorias y cautelares;consecuentemente, no causan estado sobre los bienes o derechos de los probables responsables o infractores,  durarán por el tiempo que determine el reglamento de la ley y deberán otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres.

Las órdenes de protección, consagradas como emergentes y preventivas, serán solicitadas por la víctima, sus hijas e hijos, o personas que convivan con ella, y serán otorgadas e instrumentadas por la representación social, que recae en el agente del Ministerio Público, con el auxilio de la Policía Estatal, independientemente de que exista o no averiguación previa por los hechos de violencia; en caso de no existir averiguación previa, el Ministerio Público hará del conocimiento del solicitante de la orden de protección, el derecho que le asiste a la víctima para denunciar los hechos, salvo los casos específicos contemplados por la ley en la materia (como delitos perseguibles oficiosamente, en los que el Ministerio Público iniciará la averiguación previa al tener conocimiento del asunto). Salvo los casos mencionados anteriormente, el Ministerio Público hará constar dichas circunstancias mediante acta circunstanciada.

Cuando en los municipios exista notoria urgencia, la aplicación de las órdenes de protección le corresponderá a los Conciliadores Municipales, con el auxilio de la Policía Municipal; y una vez concedida dicha medida de protección, el Conciliador Municipal deberá hacerlo del conocimiento a la autoridad competente, de conformidad con el procedimiento y observancia que determine el reglamento o acuerdo conducente. La mujer que vive la violencia familiar o sexual, podrá elegir ante cuál de las autoridades solicitar la orden de protección, salvo para las órdenes de naturaleza civil o familiar, que se otorgan por el Juez de la materia.

Cabe resaltar que las  órdenes de protección de emergencia pueden consistir en la desocupación por el generador de violencia familiar, del domicilio conyugal; la prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo o estudios de las y los ascendientes y descendientes, o cualquier otro lugar que frecuente la víctima; el reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad; y la restricción de intimidar o molestar a la víctima o a cualquier integrante de su familia en su entorno social.

Se encuentran previstas comoórdenes de protección preventivas, la retención y guarda de armas de fuego que sean propiedad, custodia o posesión del generador de violencia (aún cuandolas mismas se encuentren registradas conforme a la normatividad de la materia); el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima; la  entrega inmediata, uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de domicilio de la víctima; el acceso al domicilio en común, de autoridades policiacas o de personas que auxilien a la víctima a tomar sus pertenencias personales y las de sus hijas e hijos; la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y de sus hijas e hijos; el auxilio policiaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre la víctima en el momento de solicitar el auxilio; y  brindar servicios de psicoterapia reeducativa especializaday gratuita,con perspectiva de género al generador de violencia en instituciones públicas debidamente acreditadas.

Ahora bien, de acuerdo al numeral 29, se reconocen comoórdenes de protección de naturaleza familiar, la suspensión temporal al generador de violenciadel régimen de visitas y convivencia con sus descendientes; la prohibición al generador de violencia de enajenar o hipotecar bienes de su propiedad, cuando se trate del domicilio conyugal y, en cualquier caso, cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal; la posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio; el embargo preventivo de bienes del generador de violencia, que deberá inscribirse con carácter temporal en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias; y la obligación alimenticia provisional e inmediata.

Por último, debe señalarse que las órdenes a que hemos hecho referencia deberán ser tramitadas ante los juzgados familiares, penales o mixtos que correspondan, los cuales además deberán valorar las órdenes y la determinación de medidas similares en las resoluciones o sentencias, cuando se estén ventilando ante ellos juicios o procesos en materia familiar o penal.

*Juez Segundo Civil y Familiar de Apan

Cualquier duda, comunícate con nosotros en:

@Habla_Derecho
@TSJHidalgo

www.facebook.com/ProgramaHablandoDerecho
http://www.facebook.com/TribunalSuperiorHidalgo