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Aprueban senadores prórroga para evaluación de policías en México

octubre 20, 2013

Pachuca, Hgo.- Luego de que senadores propusieran una prórroga para la evaluación de los elementos policíacos del país, misma que fue respaldada por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el pasado jueves, en la Cámara Alta fue aprobado el respectivo dictamen para ampliar, 12 meses más, el plazo establecido, mismo que culminaba el próximo 29 del presente.

En reciente reunión de la Comisión de Seguridad Pública de la Conago, que preside el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, celebrada en el Distrito Federal, el mandatario José Francisco Olvera Ruiz, fijó su posicionamiento a favor de ampliar dicho plazo, al coincidir con la propuesta que realizó el Senado respecto a una ampliación para la aplicación de las evaluaciones respectivas a los elementos de las distintas corporaciones policiales de los estados.

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Lo anterior, aseguró el mandatario estatal, en virtud de que el mayor déficit de policías evaluados se presenta principalmente en los municipios, ello se debe, dijo, a los constantes movimientos o rotaciones de los elementos.

Durante la reunión de la Comisión de Seguridad Pública,el titular del Ejecutivo hidalguense dejó en claro que existe la mejor disposición por parte de los gobernadores de cumplir con la alta responsabilidad que significa evaluar, capacitar y certificar a sus policías, al tiempo que sugirió generar un nuevo esquema en el cual sean evaluados los elementos de acuerdo con su categoría y no de forma generalizada.

Es así que los senadores aprobaron dicha ampliación, además plantearon que los gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, hagan las previsiones presupuestales necesarias para cumplir con este objetivo y establecer una partida específica en sus respectivos presupuestos de egresos para el siguiente ejercicio fiscal.

De esta manera, los integrantes de las diferentes instituciones de seguridad pública del país, tienen plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del respectivo decreto del Senado, para obtener la respectiva certificación por parte de los centros de evaluación y control de confianza.

El decreto señala la obligación para que el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se presente ante el Senado de la República para rendir un informe del avance del programa a los seis meses de su entrada en vigor.

Cabe recordar que el 2 de enero de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que contenía la obligatoriedad de los integrantes de las instituciones de seguridad pública de evaluarse y certificarse el 3 de enero de este año, periodo que se amplió al 29 de octubre del presente y, en caso de no aprobar la evaluación, se darían de baja.

LA IMPORTANCIA DE LOS SUJETOS PROCESALES EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO

octubre 16, 2013

Escribiendo Derecho

Por el Lic. Fernando Romero Domínguez*

Escribiendo+DerechoA partir de la reforma constitucional en materia penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008, la cual vence el 19 de junio de 2016 -por lo que únicamente faltan dos años y meses- y al estar próxima su aplicación en Hidalgo, es necesario dar a conocer en forma entendible, la relevancia que tendrán las diversas figuras jurídicas en el proceso penal acusatorio.

JUEZ

El juez, es el encargado del control judicial del proceso y de la dirección y disciplina del juicio oral; por ello existirán tres jueces: de control, juicio oral y de ejecución de penas.

El juez debe estar presente (principio de inmediación) en todas las audiencias que se celebren, para resolver las peticiones que hagan las partes en forma oral, por ello, no debe por ningún motivo delegar en otra persona el desarrollo de la misma. En consecuencia, sólo será prueba la desahogada ante el juez.

MINISTERIO PÚBLICO y AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA

El Ministerio Público es el órgano técnico especializado, encargado de dirigir la investigación y a los cuerpos de seguridad pública que lo auxilien; es quien integra la carpeta de investigación y, en su momento ejercita la acción penal.

Luego entonces, en este proceso, los cuerpos de seguridad pública, que sean los primeros en conocer de un hecho delictuoso, deberán: recibir denuncias o querellas, prestar auxilio, cuidar que los rastros e instrumentos del delito sean conservados, entrevistar testigos, recabar datos que sirvan para la identificación del imputado y reunir la información de urgencia que sea útil para el Ministerio Público.

OFENDIDO Y VICTIMA

La victima u ofendido gozan de los derechos que consagra la Constitución Federal, entre ellos se encuentran: el de recibir asesoría jurídica, atención médica y psicológica, a la reparación del daño; al resguardo de su identidad y datos personales, cuando se trate de menores de edad o de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada y cuando el juez lo considere necesario para su protección.

Además, la victima u ofendido tendrán una intervención activa, porque podrán  constituirse como coadyuvantes del Ministerio Público, ya que tienen derecho a que se le reciban los datos o elementos de prueba tanto en la investigación como en el proceso, a solicitar mediadas cautelares, providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, a intervenir en el juicio e interponer los recursos, etcétera, y en los casos señalados por la ley, previa autorización de Ministerio Público; y cuando no exista un interés público gravemente comprometido, podrá ejercer directamente la acción privada.

IMPUTADO Y DEFENSOR

El imputado, es la persona señalada como autor o participe de un hecho considerado  por la ley como delito, por ende, tiene a su favor el Principio de Presunción de Inocencia, por lo que no puede ser incomunicado ni  a que se le guarde en secrecía el proceso, ya que desde el momento en que sea detenido o interrogado, se le hará saber los derechos previstos en la Constitución Federal, como el derecho a tener un defensor que le asista en todo los actos del proceso, y en el que el imputado debe estar presente.

La defensa debe ser adecuada y técnica, es decir, que el defensor no sólo debe contar con título de licenciado en derecho, sino que debe demostrar estar capacitado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, porque en caso de que no sea así el juez tiene que nombrarle un defensor de oficio.

                                                                            *Juez Civil y Familiar de Mixquiahuala, Hgo.

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OSFAEH cambia para convertirse en Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Hidalgo

octubre 2, 2013

Información que llega a la redacción de Agendahidalguense:

POR ESTE CONDUCTO LE HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE A PARTIR DE LAS PRIMERAS HORAS DEL DÍA 02 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO,  LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN HIDALGO (OSFAEH) CAMBIA PARA CONVERTIRSE EN DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO DE HIDALGO.

Esto de acuerdo con el decreto firmado por  Enrique Peña Nieto,  Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al reformar los artículos 2, apartado A, fracciones  IX y X; 14, fracciones I, IV,VI y IX y 15, fracciones VI Y VIII, del reglamento interior de la Secretaria de Educación Pública.

Cabe señalar que hoy 01 de Octubre del 2013 fue publicado  este decreto en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor a partir de las 12:00 horas del 02 de octubre del presente año; por lo cual el cargo del licenciado JOSÉ RAIMUNDO ORDÓÑEZ MENESES pasa de ser titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en Hidalgo, a DELEGADO FEDERAL  DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO DE HIDALGO.

Señalado lo anterior agradezco la atención prestada a la siguiente información y quedo a sus órdenes.

LCC. Paula Manzanero Barrera.

Coordinación de Comunicación Social.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la PGJEH analizan Ley de Protección a Víctimas con diputados locales

junio 23, 2013

Pachuca, Hgo.- Funcionarios de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)  y  de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) sostuvieron una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, Justicia y de Seguimiento sobre las agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación del Congreso del estado.

Derivado de las acciones conjuntas entre ambas instituciones, como el diplomado “Las Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal en México”, la USAID realizó aportaciones a través de la PGJEH a la Ley de Atención, Asistencia y Protección  a  Víctimas del estado de Hidalgo ante legisladores locales.

Con la presencia de Juan Manuel Camacho Bertrán, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Justicia y de Seguimiento sobre las agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación del Congreso del estado e integrantes de esta comisión; de Gabriela Saavedra García, subdirectora de Atención a Víctimas en el Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia de la USAID;  de Sadot Sánchez Carreño, Consultor externo del Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia de USAID y de funcionarios de la PGJEH, el procurador Alejandro Straffon expuso los análisis aportados.

Cabe destacar, explicó,  que Hidalgo fue uno de los 22 estados que antes de que fuera creada la Ley General de Atención a Víctimas, se adelantó y desde mayo de 2010 cuenta ya con un ordenamiento de protección a víctimas para el territorio hidalguense.

Esta ley, junto con la del sistema acusatorio penal,  la de Derechos Humanos y la de Amparo, consolidarán el trabajo del país para garantizar los derechos de las víctimas  y colocar el marco jurídico nacional en armonía con los estándares internacionales.

El 9 de enero de 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas, que obliga a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno a velar por la protección de las víctimas, a proporcionarles ayuda, así como asistencia y reparación integral, comprendiendo esta última aspectos de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición (revictimización).

Su principal objeto es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, entendiendo como víctima a toda persona que directamente haya sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o, en general, cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos.

Esta reciente disposición normativa establece un Sistema Nacional de Atención a Víctimas que tiene como misión establecer, regular y supervisar las directrices, planes, programas, proyectos, acciones y demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas.

Dicho Sistema Nacional de Atención a Víctimas estará constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales y municipales, organismos autónomos y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas.

Hidalgo, no es la excepción, señaló la dependencia, pues “las estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 del gobernador Francisco Olvera Ruiz,  tienen como premisa fundamental, para convivir en paz social y armonía, precisamente una serie de acciones encaminadas a la protección integral de las víctimas del delito”.

Finalmente, la PGJEH señaló que el objetivo de  estas medidas jurídicas, analizadas en conjunto con los expertos de USAID, es que Hidalgo pueda consolidarse como una entidad en la que prevalezca la paz social y la cultura de legalidad, elementos indispensables para un desarrollo armónico sólido para las generaciones presentes y futuras.

El Auto de Formal Prisión

abril 25, 2013

Escribiendo Derecho

Escribiendo+DerechoDr. Ciro Juárez González*

Esta resolución, si bien ha sido criticada como una pre sentencia o una resolución que obedece a un mini proceso, tiene su justificación en proporcionar seguridad jurídica a los gobernados, entre los que se encuentran la víctima y el inculpado; esto es, que el Estado debe atender a dos intereses contrapuestos: los derechos victimales y los del inculpado.

En principio, debe decirse que al Auto de Formal Prisión es una resolución que se emite al finalizar el plazo que nuestra Constitución General de la República proporciona a la autoridad judicial para resolver la situación jurídica de un inculpado, independientemente a que esté detenido o no, la cual debe emitirse en un plazo determinado de tiempo. Anteriormente dicho lapso era invariablemente no máximo de 3 días, pero a partir de la reforma constitucional al artículo 19 (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de Marzo de 1999), ha sido posible ampliarlo hasta 144 horas, prórroga que sólo puede pedir el inculpado por sí mismo o por conducto de su defensor, y cuya duración o aumento dependerá de los medios de prueba ofrecidos por el inculpado o su defensor -nunca por el Ministerio Público-, pues sería injusto que la contraparte de quien va a estar más tiempo detenido, decida esa duración que él no va a sufrir.

Un Auto de Formal Prisión toma su nombre entonces de la firmeza, seguridad o certeza con que se detiene a alguien. Para emitir un Auto de Formal Prisión,  es indispensable o ineludible haberle hecho saber al inculpado lo que existe en su contra y escucharle (lo cual acontece en su declaración preparatoria), y posterior a ello desahogar los medios de prueba que en su caso ofrezca. Es decir, se da un derecho de ser oído para pronunciar que, en caso de ser en su contra la resolución, su detención adquiere mayor formalidad y de ahí el nombre al Auto de Formal Prisión y que por tanto ha sido también llamado coloquialmente como auto de bien preso.

Además de haber escuchado al inculpado y desahogar los medios de prueba que ofreciera, existen otros requisitos para emitir una resolución de esta naturaleza y cuya ausencia da lugar a la emisión de otros tipos de resolución dentro del citado pazo de 72 horas o su prórroga de hasta 144 horas en su caso. Tales requisitos son: que se acredite una figura que se ha denominado “el cuerpo del delito” y por otra parte la probable responsabilidad; es decir y respetando el orden citado, que se acredite el qué y el quién.

El cuerpo del delito no es otra cosa que la acreditación de la figura legal que se  le imputa, aunque en el sistema acusatorio adversarial -como prevé la Constitución General- se debe obedecer más a los hechos; mientras en el sistema aún vigente para nuestra entidad, se sigue dando prioridad a que se acrediten los elementos que se desprenden de la redacción legal de un tipo penal (es decir, las palabras o términos que use el legislador al redactar un tipo penal, al que coloquialmente decimos delito, son las mismas que deben probarse para tener por acreditado el cuerpo del delito).

El concepto en comento ha evolucionado pues originalmente se entendía por tal al arma de fuego, al cadáver o la evidencia que reflejara una ejecución delictiva, pero se estaba confundiendo el instrumento con el producto de delito. Se abandonó esa aplicación y en 1993 la constitución recogió el concepto “elementos del tipo penal”, que era más garantista porque remitía a la ley y no a interpretaciones arbitrarias. Sin embargo, en 1999 se apartó de este último concepto y regresó a la concepción de cuerpo del delito, pero ya no como el sinónimo del arma o el cadáver, sino ahora como el conjunto de elementos objetivos que se desprenden de la redacción legal.

Por otra parte, en cuanto a la probable responsabilidad, es un elemento que atiende, según nuestra legislación de procedimientos penales, a que existan datos suficientes o bastantes para que se acredite que el inculpado hizo o participó en el delito que se le atribuye. Este elemento no tiene un rango o estándar preciso o predeterminado, pues queda abierto a lo que cada caso concreto arroje, pues la complejidad de cada asunto puede proporcionar elementos no únicamente variados, sino muy complejos o indirectos. Por citar un ejemplo, en un homicidio puede ser que el inculpado no sólo confiese, sino que conduzca a la policía a la escena del crimen, lo que podría sostener hasta una condena; o en otro supuesto, que no haya  testigos, sólo medios indirectos (como una discusión previa con la víctima), la demostración de que el inculpado miente en su coartada, un interés exacerbado por irse del país, y que se encontró su tejido epitelial en las uñas de la víctima y cabello del inculpado en la escena del crimen que lo asocien a este delito. Éstos últimos serían datos bastantes que pide el código para emitir una resolución como lo es el Auto de Formal Prisión.

Otras son las resoluciones que se pueden emitir al concluir el plazo constitucional, dependiendo de lo que se acreditó o no se acredite con base en las exigencias constitucionales citadas (cuerpo del delito y probable responsabilidad) y que se pueden resumir en el cuadro siguiente:

CUERPO DEL DELITO

PROBABLE RESPONSABILIDAD

TIPO DE RESOLUCIÓN
                    Sí                         Sí

Formal prisión

                    No

No tiene caso estudiarlo

Auto de libertad

                    Sí                        No

Auto de libertad por falta de elementos para procesar (permite que se siga investigando por 180 días más)

Sí, pero de delito castigado con pena alternativa o sólo económica

                         Sí

Auto de sujeción a proceso

Fuera de estos elementos, se puede acreditar además que el juez es territorialmente incompetente, y se emite un auto de incompetencia, que ha operado un perdón legal otorgado y se emitirá auto de sobreseimiento que conduce a una libertad absoluta, sustentando en todos estos casos lo que se ha denominado “resolver la situación jurídica del inculpado”, que dicho en términos mas sencillos, es decirle si se va libre o se queda a responder de un proceso.

Regresando exclusivamente al Auto de Formal Prisión, se debe decir que es una resolución con doble efecto. El primero (su misión principal) es que resuelve la situación jurídica del inculpado (diciéndole que sí hay una figura penal acreditada y que él es el probable responsable de la misma) pero a la vez (disculpando la expresión que se usa más en materia mercantil) trae aparejada la prisión preventiva, cosa que en el nuevo sistema procesal llamado acusatorio adversarial, no se hace en una misma resolución, sino que se requiere de una petición aparte y diferente del fiscal, esto es, al solicitar la vinculación a proceso, el juez de control sólo le resolverá (de darle la razón) que vincula al imputado, pero el fiscal necesita hacer otra petición y por ende recaerá otra resolución, para generar la decisión si la prisión del imputado continúa o se ordena, pero que por cierto en este nuevo sistema, no necesariamente tiene que ser la prisión, pues la gama de medidas cautelares es más extensa que con el sistema vigente, según el artículo 269 del Código Procesal Penal.

Baste por ahora decir que el Auto de Formal Prisión  -aunque con muchas críticas modificaciones y un nombre diferente- en su esencia y función de determinar la figura jurídica por la cual se hará una investigación y un juicio subsiste y el lado positivo de su conservación se me ocurre resumirlo en dos factores: la seguridad jurídica que brinda y respetar la cultura procesal mexicana.

*Juez Tercero Penal de Pachuca

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La SEPH supervisa periódicamente establecimientos de consumo escolar

abril 16, 2013

Pachuca, Hgo.- El secretario de Educación Pública de Hidalgo, profesor Joel Guerrero Juárez informó que, en coordinación con la Secretaría de Salud, la dependencia a su cargo supervisa de manera periódica que los establecimientos de consumo escolar de planteles de educación primaria y secundaria, se sujeten a lo dispuesto en el Decreto 301 de la Ley General de Salud, en el artículo 22 bis, sobre la venta de alimentos y bebidas que posean valor nutricional.

Detalló que esta disposición se fortalece con talleres de sensibilización a concesionarios de 560 establecimientos de consumo escolar, y que las visitas de supervisión se realizan por lo menos cuatro veces en cada ciclo escolar.

En entrevista, el licenciado Jalim Bulos Kuri, coordinador estatal de Establecimientos de Consumo Escolar, precisó que los establecimientos cumplen con la venta de productos con el valor nutrimental establecido en la ley, y que en caso de no ser así se entrega una notificación a la persona encargada para que tome las medidas correspondientes, si ésta reincidiera podría haber sanciones como la pérdida de la concesión.

Aseguró que en Hidalgo se ha avanzado sustancialmente en la materia, y que la SEPH, junto con la Secretaría de Salud en el estado, realiza trabajo de sensibilización para que cada día se registren más establecimientos de consumo escolar.

El licenciado Jalim Bulos puntualizó que la medida se aplica de manera gradual, toda vez que a nivel federal existe un ordenamiento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 2011, el cual permite la venta de algunos productos considerados chatarra en mínimas cantidades.

Es así como se da cumplimiento a la instrucción del Gobernador José Francisco Olvera Ruiz, de fortalecer las acciones para el desarrollo integral de niños y jóvenes, de manera que se incida en la calidad educativa y esto sea un beneficio para todos los hidalguenses.

Los maestros no son culpables de la crisis educativa: diputado Federico de la Vega

febrero 19, 2013

• El presidente de la Comisión de Educación se reunió en San Lázaro con integrantes de la CNTE

Palacio Legislativo. México, D.F.-  El presidente de la Comisión de Educación y Servicios Educativos, Jorge Federico de la Vega Membrillo (PRD), se reunió con representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para hablar acerca de la reforma constitucional en materia educativa, recientemente aprobada por el Congreso de la Unión.

El legislador afirmó que el tema educativo es un debate nacional que está imponiendo una agenda que los diputados no dejarán pasar, “como es la apertura y participación de los distintos actores en el ramo. Debemos estar conscientes de las distintas posturas políticas e ideológicas que se expresan en el sistema”.

Dijo que a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, los diputados tienen seis meses para reformar las leyes secundarias, “ya que ahí es donde es necesario ser precisos, porque se fijarán los términos, criterios y las condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, el reconocimiento y la permanencia”.

También planteó la importancia de respetar sin regateo de los derechos laborales de los maestros, dejando muy claro que el docente no es el culpable de la crisis del sistema educativo. “Las dificultades son el resultado de las contradicciones de una sociedad donde cada vez más se polariza la pobreza y la riqueza”.

Asimismo, propuso la defensa a la educación pública, “no a la privatización de la educación; en las leyes secundarias tenemos que ser precisos para garantizarlo”.

De la Vega Membrillo expresó que el Congreso, a través de la Comisión que preside no está cerrado. “Vayamos a los foros y ahí reflexionemos juntos y debatamos si se dan los puntos de convergencia y que las conclusiones sean nuestra herramienta para el trabajo legislativo”.

En su oportunidad, el representante de la CNTE, Juan José Ortega Madrigal, afirmó que el planteamiento de su grupo es muy concreto: “se trata de un rechazo total a la reforma que ustedes llaman educativa, y que nosotros calificamos simplemente de administrativa, porque en ella no se analizan de fondo los programas de estudio, mucho menos revisa cuestiones como la infraestructura, el equipamiento y las demás necesidades de la docencia”.

Se pronunció en contra de las modificaciones a los artículos 3° y 73 de la Constitución y calificó esta reforma de “perversa y morbosa; va en contra de la clase trabajadora y sólo busca beneficiar a la iniciativa privada”.

Indicó que en los últimos años la calidad de la educación no ha mejorado, “de hecho ha empeorado y eso tiene que ver con los malos procedimientos implementados. Una reforma que no cuente con la participación de los maestros, alumnos, padres de familia y especialistas está incompleta”.

Ortega Madrigal lamentó que a pesar de la mesa de trabajo instalada con la Comisión de Educación, lo expuesto en ella no se refleje en las leyes. “La cuestión es que nos escuchan, pero no retoman nada de los planteamientos que se hacen y estamos ciertos que si no se construye con las opiniones de quienes estamos cerca de la realidad educativa, sencillamente no vamos a avanzar”.

Finalmente, recordó que hasta el momento no se ha podido establecer un diálogo ni con senadores, ni con los secretarios de Gobernación y el de Educación Pública.

Con sus amparos ante la reforma laboral el SNTE pretende enviar mensaje político, no impugnar su constitucionalidad: diputado Fidel Pacheco Rodríguez

enero 19, 2013

Palacio Legislativo, México, D.F.- (Notilegis).- El presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, Fidel Pacheco Rodríguez (PRI), afirmó que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pretende enviar un mensaje político con sus amparos ante la reforma laboral, no impugnar su constitucionalidad.

“Seguramente están buscando dar una señal, no en un sentido estrictamente jurídico, porque es evidente que esta reforma que se realizó a la Ley Federal del Trabajo va dirigida a quienes se ven reglamentados en su labor en el apartado A del (artículo) 123 de la Constitución; es decir, no tiene afectación a los maestros”, aseveró.

Por ello, agregó el legislador, es probable que los amparos presentados por integrantes del SNTE ante el Poder Judicial de la Federación sean desestimados.

También dijo que los amparos masivos contra la reforma laboral presentados por diversos grupos sindicales y trabajadores en general no indican un “estallamiento” en contra del titular del Ejecutivo, ya que dichas medidas se mantienen dentro de los causes institucionales de la vía jurídica.

Señaló que el mayor aporte de esa reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de noviembre de 2012, será que un millón de mexicanos, en especial mujeres y jóvenes, puedan incorporarse al mercado laboral.

Explicó que la comisión que preside buscará complementar las modificaciones a esta ley con iniciativas de los legisladores, ya que al concentrarse en abrir espacios laborales, la reforma dejó de lado temas importantes como prestaciones laborales y acceso a créditos para vivienda.

La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y el Frente Sindical Mexicano (FSM) dieron a conocer recientemente que más de tres millones de trabajadores se ampararon contra la reforma laboral.

Entre los grupos sindicales que se han respaldado en este recurso jurídico destacan el SNTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Aplicación de los Tratados Internacionales para la protección de los derechos humanos de las mujeres

enero 15, 2013


Escribiendo DerechoEscribiendo Derecho

Por Lic. María Isabel Mejía Hernández*

Como primer punto, es importante explicar que los derechos humanos son el conjunto de facultades e instituciones que protegen la dignidad, libertad e igualdad humana; estos derechos se encuentran reconocidos por las leyes nacionales e internacionales. Así pues, un tratado internacional de derechos humanos es una declaración internacional cuyo objeto y finalidad es su  protección. En esta materia, los tratados internacionales  cobran una gran relevancia debido a la necesidad de implementar normas internacionales para  la evaluación de las leyes de los países, que pueden incumplir con sus obligaciones y realizar prácticas que atenten contra los derechos humanos.

Ahora bien, de acuerdo a la propia normativa internacional, todas las autoridades del país se encuentran obligadas a aplicar las disposiciones de los tratados sobre derechos humanos  para su  protección y esta obligación surge desde el momento en que nuestro país firma o ratifica un tratado internacional;  es más, este reconocimiento -ahora expreso- se encuentra contenido en nuestra Constitución a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.  Al respecto, en su artículo 1 señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; además contempla que todas las autoridades en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; por tanto el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Con este panorama  muy general de los tratados internacionales de derechos humanos, abordaremos los tratados internacionales de derechos protectores de las mujeres, que han tenido su aparición por la necesidad de establecer en particular derechos que permitan a las mujeres acceder a un plano de igualdad frente a los hombres.

Los principales tratados de los que México es parte  son: “La convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” y la “Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”.  El primero de ellos, es un instrumento de orientación anti-discriminatoria, su objetivo básico es el de asegurar el pleno reconocimiento y disfrute de los derechos humanos para proteger a las mujeres, debido al fenómeno discriminatorio del que cotidianamente es objeto un gran número de ellas. La discriminación se encuentra definida por este tratado como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el conocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, incluye primordialmente, obligaciones referidas a los derechos a la vida,  integridad física, salud y protección social; también prevé la prohibición de la tortura. En este ordenamiento se encuentran establecidos como principios rectores: la no discriminación, el respeto a la dignidad humana, la libertad de las mujeres, igualdad sustantiva entre las mujeres y hombres, el pluralismo social, la multiculturalidad de las mujeres y la perspectiva de género, buscando que el respeto de estas directrices logre la modificación en el entono social para garantizar la prevención, atención, sanción y la erradicación de las modalidades y tipos de violencia contra las mujeres en el ámbito público y privado y de esta manera promover su desarrollo integral.

*Juez Segundo Civil y Familiar de Apan

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