Posts Tagged ‘derechos fundamentales’

Ley de Servicio Profesional Docente, necesaria: HPO

septiembre 8, 2013

 *El sector indígena requiere un magisterio comprometido, dijo

Pachuca.- En el marco de la Segunda Cumbre Indígena, Migración y Planeación de las Comunidades Indígenas, el diputado Héctor Pedraza Olguín, representante del distrito XVI, con cabecera en Ixmiquilpan, resaltó las propuestas de gran relevancia para contribuir a superar los rezagos de las comunidades indígenas, surgidas de este encuentro.

Como parte organizadora de la Cumbre, mencionó la importancia de implementar acciones viables para el desarrollo integral del tejido comunitario, base social donde se deben emprender estrategias legislativas y programáticas para superar los rezagos sociales, empezando por garantizar los derechos fundamentales, como la educación.

En ese contexto, el legislador local consideró que  la educación es la palanca fundamental para el desarrollo integral y armónico de una sociedad, y la columna vertebral de cualquier gobierno, por ello resaltó el importante paso que dio el Poder Legislativo federal,  al aprobar la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, como parte  de la Reforma Educativa.

Ingeniero agrónomo de profesión, consideró de gran utilidad la aprobación de la Ley de Servicio Profesional Docente, donde se señala la obligatoriedad de la evaluación del magisterio, regulando el ingreso a la promoción, el reconocimiento y la permanencia de los maestros de educación básica y en la media superior que imparte el Estado.

La importancia de dicha reforma, dijo, radica en que establece derechos y obligaciones de los profesores y directivos, porque el país ha cambiado en los últimos años y demanda de un sistema educativo donde se formen nuevas generaciones con capacidad y responsabilidad para afrontar con éxito los cambios y los retos que impone la realidad social.

Reconoció que el modelo educativo que venía imperando, se ha agotado. “En un país tan desigual como el nuestro, si el tema educativo no se enfoca correctamente, para que haga posible que un niño indígena campesino de hoy, se transforme en un ciudadano de clase media mañana, sin olvidar su identidad, acabará siendo sólo un recurso demagógico”.

Hoy hace falta una educación pública, laica y gratuita, que nos señale rutas con ideologías progresistas y con lealtad a México, “como en la década de los 60 y 70,  cuando cursé la secundaria y bachillerato, la educación tecnológica agropecuaria en el CBTa 67 del Tephé, me enseñó a no doblar las rodillas ante el déspota, a no aplaudir al farsante y a no olvidar mi origen indígena campesino”, dijo el diputado hñahñu.

Por ello, celebró esta ley que permite estimular al maestro de a pie, al que está frente a grupo, y que devenga dignamente su salario en la formación de la niñez mexicana. Argumentó que es imperante emprender una jornada de diálogo, de sensibilización e información para dar a conocer los alcances de esta reforma y no permitir que por intereses sectarios se desinforme y manipule a la base magisterial, usándolo como carne de cañón en mítines y marchas en las calles, afectando a terceros.

Finalmente, Héctor Pedraza, sentenció: “A los maestros los queremos ver en las aulas, frente a grupo, enseñando los valores de la democracia a partir de la propuesta, del diálogo y el argumento”.

Comisiones estatales de derechos humanos facultadas para conocer asuntos laborales.

julio 21, 2013

–          Importante distinguir entre asuntos de legalidad y violaciones a derechos humanos.

–          Se actualiza la CDHEH en aplicación de reforma constitucional en el aspecto laboral

–          Dicta conferencia el ombudsman de Sinaloa Juan José Ríos Estavillo

Para mantener actualizado al personal jurídico de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo (CDHEH), y estar en posibilidad de proporcionar correcta asistencia a  quienes consideren  vulnerados sus derechos  fundamentales en el ámbito de lo laboral, se  realizó  la conferencia “Competencia en Materia Laboral y los Organismos Públicos en Derechos Humanos”, impartida por el ombudsman del estado de Sinaloa Dr. Juan José Ríos Estavillo, quien es experto en la materia, teniendo como sede la Biblioteca Ricardo Garibay, en la capital del estado.

En su exposición,  Ríos Estavillo, expuso toda una temática sobre los derechos laborales con perspectiva de derechos humanos,  en el contexto de la reforma constitucional de 2011 y la actualidad de la sociedad mexicana; puntualizó que actualmente las violaciones de derechos humanos no sólo son cometidas por autoridades públicas sino también, en su mayoría, por los empleadores, organismos privados que violentan los derechos humanos de su personal, al no ofrecerles condiciones óptimas de empleo, no les dan un trato digno y mantienen actitudes de discriminación.

El presidente del organismo  defensor de los derechos humanos  de Sinaloa añadió que:  “los derechos laborales,  desde la perspectiva de los derechos humanos, permiten al hombre autocrearse y sentirse pleno, lo cual se ve reflejado tanto en su productividad laboral como en su vida diaria”.

Ríos Estavillo estableció que,  para considerar un acto como violatorio de derechos humanos se debe poner especial atención en una intervención directa del empleador/a o dependencia de un trabajador/a; considerar la pretensión del trabajador/a;  evaluar la situación particular y decidir, posteriormente, si es procedente  la iniciación de una queja por violación a derechos humanos, pues en muchas ocasiones, los asuntos planteados ante los organismos defensores no son materia de su competencia, debiéndose entonces remitir a las autoridades laborales. Igualmente  puntualizó que los organismos defensores,  autónomos, constitucionales,  no imparten  justicia de legalidad sino justicia constitucional; y concluyó que las Comisiones de Derechos Humanos no ejercen actos de autoridad sino actos de Estado.

Al finalizar la conferencia, que forma parte de las actividades de educación organizadas por la Secretaría Ejecutiva,  hubo una sesión de comentarios, preguntas y respuestas en la que participaron Mayka Ortega, secretaria del Trabajo del gobierno del estado, Alfredo Cerón San Nicolás,  presidente de la Junta Federal de Conciliación  y Arbitraje en el estado, el presidente  Raúl Arroyo y las y los visitadores jurídicos de la CDHEH.

Formularé leyes agrarias con perspectiva de género: Edith Avilés

junio 27, 2013

Actopan, Hgo.- Para mejorar la calidad de vida de las mujeres campesinas, jefas de familia, presentaré iniciativas de ley con equidad de género, que beneficien a este sector y mejoren la comercialización del maíz, aseguró la aspirante a diputada local por Actopan, la priísta Edith Avilés Cano, al sostener diálogos con trabajadoras y trabajadores agrícolas de la comunidad El Boxtha, localizada en el municipio Actopan.

La contendiente del Revolucionario Institucional señaló que también impulsará gestorías para revestir más canaletas del distrito de riego, y potenciar la venta de maíz con enfoque de sustentabilidad.

“Soy una política interesada en el campo, que le apuesta a este sector. Además, propondré mecanismos para aumentar la capacitación y asesoría al campesinado del distrito de Actopan, a fin de fortalecer la cultura de la comercialización del maíz”, explicó.

Edith 34Avilés Cano dijo que lo anterior, favorecerá a campesinos de Actopan, El Arenal, Francisco I. Madero, Progreso de Obregón, Mixquiahuala, San Salvador y Santiago de Anaya, con la intención de vincular al productor agrícola, y a los microempresarios dedicados al expendio de tortilla y nixtamal, para restar presencia a los intermediarios.

“Defenderé los recursos naturales y los derechos fundamentales de los agricultores. Buscaré extender el revestimiento de las zanjas de los canales principales de riego. El campo es una prioridad, en el que debe haber igualdad de oportunidades y solidaridad de los demás sectores productivos”, sostuvo.

Lucía López y Alicia Caballero, mujeres campesinas de El Boxtha, aseguraron que el PRI Sí otorga el bienestar para mejorar a los hidalguenses.

El principio de convencionalidad y los adultos mayores

mayo 16, 2013

Escribiendo+DerechoEscribiendo Derecho

Por el Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier*

Con fecha diez de junio de dos mil once, el Congreso de la Unión otorgó a la nación mexicana un cambio de 180 grados, con la reforma constitucional que elaboraron en materia de derechos humanos y que se encuentra plasmada en el artículo primero de nuestra ley fundamental.

De esta reforma se observan conceptos como: derechos humanos (en lugar de garantías individuales o derechos fundamentales), personas (en lugar de individuos) que de acuerdo a la legislación civil podrían ser físicas y/o morales, y el principio “pro homineque tiene que ver con la interpretación de normas y tratados internacionales que favorezcan de manera más amplia en la protección de las personas. De igual forma surge la obligación que tenemos todas las autoridades respecto a la reforma y que se traduce a los ámbitos federal, estatal y municipal y a los tres poderes de gobierno, a una nueva doctrina con conceptos novedosos, como es la interpretación conforme o el bloque constitucional, entre otros.

A la fecha, pese a la pobre difusión que se le ha dado a dicha reforma, va en ciernes su interpretación y aplicación en los distintos ámbitos gubernamentales.

En el Poder Judicial del Estado de Hidalgo ya se aplica la citada reforma, que si bien no se hace de manera “ex oficio” como lo señala la autoridad federal, también ha sido una constante de preocupación en los temas sometidos a nuestra competencia.

En el ámbito del derecho civil, mercantil y familiar, cada vez es más común su aplicación; y naturalmente al ser cada expediente una historia diferente, surge la constante inquietud de descubrir la aplicación de tratados internacionales a los asuntos que se someten a nuestra consideración.

Un ejemplo de lo anterior es el caso de los adultos mayores, pues en Hidalgo la Ley para la Familia establece un capítulo en donde se concede acción popular para denunciar -de manera anónima y de investigación oficiosa- los malos tratos a éstos. Asimismo, contamos con una Ley de los Derechos de los Adultos Mayores (publicada el 12 de abril de 2010) que contempla las políticas a favor de ellos, al igual que las facultades y obligaciones de las autoridades, entre otras instituciones.

¿Pero qué sucede cuando nuestras leyes secundarias son insuficientes u omisas en la protección de los derechos humanos de las personas de edad? La respuesta es obvia, pues se tendría que aplicar algún instrumento internacional que México haya suscrito y que nos vincule en su aplicación.

Luis Rodríguez-Piñero, abogado especialista en derechos humanos e investigador de la Universidad de Sevilla, en el encuentro Internacional para el Seguimiento de la Declaración de Brasilia y la Promoción de los Derechos de las Personas Mayores, manifestó que las personas de edad son titulares de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos en condiciones de igualdad y no discriminación, pero aseveró que no existe actualmente un instrumento internacional jurídicamente vinculante que proteja específicamente los derechos humanos de las personas de edad.

No obstante que en el considerando quinto de la exposición de motivos de la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo se establece en su párrafo tercero y cuarto la mención a la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento y Plan de Acción Internacional de Madrid, es un hecho que México no ha suscrito ningún tratado internacional que lo vincule y que permita a los jueces mexicanos invocar instrumentos internacionales que protejan los derechos humanos de los adultos mayores, tal y como establece el artículo primero de la citada reforma a la Constitución Federal. En consecuencia y ante la ausencia de estos instrumentos podemos invocar aquellos tratados internacionales genéricos que se refieran a las personas en general y no en particular a las personas mayores.

Cabe destacar que en 2002 se aprobó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual fue creada por la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional de las Personas en Plenitud (INAPLEM) para afrontar los nuevos desafíos que supone la transición demográfica tendiente al envejecimiento de la población y con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores en México.

El Instituto Nacional de las Personas Mayores (INAPAM) en aras de salvaguardar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas adultas mayores en nuestro país, así como de disminuir las condiciones de vulnerabilidad a las que están expuestos e impulsar su participación e inclusión en la sociedad, ha definido 5 ejes rectores estratégicos en materia de políticas publicas:

  1. Cultura del envejecimiento
  2. Envejecimiento activo y saludable
  3. Seguridad económica
  4. Protección social
  5. Derechos de las personas adultas mayores

De lo anterior, podemos concluir que falta armonizar en concordancia con la reforma constitucional y los tratados internacionales que protegen los derechos humanos de las personas mayores y que a la fecha no son vinculantes para nuestro país (no obstante las buenas intenciones, las leyes nacionales y locales y los encuentros internacionales que sobre el tema se haga). Por tanto, representa un reto para los jueces mexicanos aplicar los tratados internacionales existentes que contengan el principio pro homine a las personas mayores y que de una manera coherente y eficaz logren formar parte de la motivación de sus resoluciones para bien de nuestros respetados adultos mayores.

*Presidente de la Segunda Sala Civil y Familiar

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo

Cualquier duda, comunícate con nosotros en:

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EL PRINCIPIO DE CONVENCIONALIDAD Y LOS ADULTOS MAYORES

abril 18, 2013

Escribiendo+DerechoEscribiendo Derecho

Por el Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier*

Con fecha diez de junio de dos mil once, el Congreso de la Unión otorgó a la nación mexicana un cambio de 180 grados, con la reforma constitucional que elaboraron en materia de derechos humanos y que se encuentra plasmada en el artículo primero de nuestra ley fundamental.

De esta reforma se observan conceptos como: derechos humanos (en lugar de garantías individuales o derechos fundamentales), personas (en lugar de individuos) que de acuerdo a la legislación civil podrían ser físicas y/o morales, y el principio “pro homineque tiene que ver con la interpretación de normas y tratados internacionales que favorezcan de manera más amplia en la protección de las personas. De igual forma surge la obligación que tenemos todas las autoridades respecto a la reforma y que se traduce a los ámbitos federal, estatal y municipal y a los tres poderes de gobierno, a una nueva doctrina con conceptos novedosos, como es la interpretación conforme o el bloque constitucional, entre otros.

A la fecha, pese a la pobre difusión que se le ha dado a dicha reforma, va en ciernes su interpretación y aplicación en los distintos ámbitos gubernamentales.

En el Poder Judicial del Estado de Hidalgo ya se aplica la citada reforma, que si bien no se hace de manera “ex oficio” como lo señala la autoridad federal, también ha sido una constante de preocupación en los temas sometidos a nuestra competencia.

En el ámbito del derecho civil, mercantil y familiar, cada vez es más común su aplicación; y naturalmente al ser cada expediente una historia diferente, surge la constante inquietud de descubrir la aplicación de tratados internacionales a los asuntos que se someten a nuestra consideración.

Un ejemplo de lo anterior es el caso de los adultos mayores, pues en Hidalgo la Ley para la Familia establece un capítulo en donde se concede acción popular para denunciar -de manera anónima y de investigación oficiosa- los malos tratos a éstos. Asimismo, contamos con una Ley de los Derechos de los Adultos Mayores (publicada el 12 de abril de 2010) que contempla las políticas a favor de ellos, al igual que las facultades y obligaciones de las autoridades, entre otras instituciones.

¿Pero qué sucede cuando nuestras leyes secundarias son insuficientes u omisas en la protección de los derechos humanos de las personas de edad? La respuesta es obvia, pues se tendría que aplicar algún instrumento internacional que México haya suscrito y que nos vincule en su aplicación.

Luis Rodríguez-Piñero, abogado especialista en derechos humanos e investigador de la Universidad de Sevilla, en el encuentro Internacional para el Seguimiento de la Declaración de Brasilia y la Promoción de los Derechos de las Personas Mayores, manifestó que las personas de edad son titulares de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos en condiciones de igualdad y no discriminación, pero aseveró que no existe actualmente un instrumento internacional jurídicamente vinculante que proteja específicamente los derechos humanos de las personas de edad.

No obstante que en el considerando quinto de la exposición de motivos de la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo se establece en su párrafo tercero y cuarto la mención a la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento y Plan de Acción Internacional de Madrid, es un hecho que México no ha suscrito ningún tratado internacional que lo vincule y que permita a los jueces mexicanos invocar instrumentos internacionales que protejan los derechos humanos de los adultos mayores, tal y como establece el artículo primero de la citada reforma a la Constitución Federal. En consecuencia y ante la ausencia de estos instrumentos podemos invocar aquellos tratados internacionales genéricos que se refieran a las personas en general y no en particular a las personas mayores.

Cabe destacar que en 2002 se aprobó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual fue creada por la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional de las Personas en Plenitud (INAPLEM) para afrontar los nuevos desafíos que supone la transición demográfica tendiente al envejecimiento de la población y con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores en México.

El Instituto Nacional de las Personas Mayores (INAPAM) en aras de salvaguardar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas adultas mayores en nuestro país, así como de disminuir las condiciones de vulnerabilidad a las que están expuestos e impulsar su participación e inclusión en la sociedad, ha definido 5 ejes rectores estratégicos en materia de políticas publicas:

  1. Cultura del envejecimiento
  2. Envejecimiento activo y saludable
  3. Seguridad económica
  4. Protección social
  5. Derechos de las personas adultas mayores

De lo anterior, podemos concluir que falta armonizar en concordancia con la reforma constitucional y los tratados internacionales que protegen los derechos humanos de las personas mayores y que a la fecha no son vinculantes para nuestro país (no obstante las buenas intenciones, las leyes nacionales y locales y los encuentros internacionales que sobre el tema se haga). Por tanto, representa un reto para los jueces mexicanos aplicar los tratados internacionales existentes que contengan el principio pro homine a las personas mayores y que de una manera coherente y eficaz logren formar parte de la motivación de sus resoluciones para bien de nuestros respetados adultos mayores.

*Presidente de la Segunda Sala Civil y Familiar

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo

 

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El verdadero reto del sistema acusatorio *

abril 10, 2013

Escribiendo Derecho

Escribiendo+DerechoPor el Lic. Rafael Souverbille García**

El Derecho Penal evoluciona constantemente, máxime aún al día de hoy y para nosotros los abogados que convivimos con él diariamente. Tendremos que aprender un lenguaje jurídico distinto y analizarlo desde otra perspectiva, la garantista, puesto que en nuestro actuar cotidiano vamos olvidando, poco a poco, que en realidad a quienes nos debemos es a los ciudadanos en general, que por una u otra razón se ven en la necesidad de participar en el campo del procedimiento penal.

El 18 de junio del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional al sistema de justicia penal, reforma que es sin duda la más importante en su género en cuanto a Justicia Criminal se trata, y lleva implícita una restructuración casi por completo de nuestro sistema de justicia penal, encaminándolo de un sistema predominantemente inquisitivo a otro predominantemente acusatorio. Es por ello que conlleva grandes cambios en la forma de administración e impartición de justicia, la forma de litigar el derecho penal, y aun en la forma de prevenir, regular y castigar los delitos.

Para ningún ciudadano es ajeno el hecho de que nuestro sistema de justicia penal en la actualidad resulta insatisfactorio y requiere por supuesto de una total restructuración. La criminalidad ha dado pasos agigantados en el dominio de nuestro territorio, la vulneración de nuestros derechos y en la conciencia de nuestra seguridad, puesto que tal vez sin restricción alguna de las autoridades, nos privamos de salir a la calle por temor a la ola de violencia que se vive afuera. A pesar de tener la posibilidad económica, la gente no ostenta lujos por temor a que le sean arrebatados; en fin, los temores o miedos a perder el patrimonio o la vida misma han inundado a la sociedad.

Sin embargo, en aras de esa lucha contra la delincuencia no podemos dejar de lado los derechos fundamentales de las personas que, por una o por otra circunstancia, adquieran la figura del imputado en nuestro sistema de justicia, puesto que en base al principio y derecho fundamental de “Presunción de Inocencia” deben ser tratados como tal, hasta el momento en que el Estado haya podido probar eficazmente su culpabilidad, plasmada en una sentencia firme.

La evolución del derecho penal internacional toca ahora las puertas de nuestro derecho penal nacional, puesto que México ha seguido la tendencia Latinoamericana de adoptar el sistema de justicia de corte acusatorio. La pregunta, entonces, resulta ser ¿cuál es el camino correcto que debemos seguir para implementar de forma eficaz el Sistema de Justicia Acusatorio y Oral en nuestra sociedad?

En los últimos dos años, hemos escuchado un sinfín de opiniones sobre el mencionado sistema de justicia penal, sobre sus bondades y también sobre sus defectos. Hemos podido poner bajo la lupa a los países que ya lo han implantado, ya tenemos en la mira ese “traje tan elegante, de perfecto corte” para un Estado democrático de derecho que acaban de estrenar nuestros países hermanos. En cambio, no podemos dejar de recordar que no está hecho a nuestra medida, sino a la de los que lo están vistiendo, puesto que ha sido implementado conforme a sus propias necesidades y políticas; por lo cual, si el traje es el que nos ha gustado, debemos crear uno a nuestra medida, con base en la problemática actual que vivimos y al pensamiento y aceptación de nuestra sociedad.

Tal vez ya tenemos ideas claras sobre las herramientas que debemos utilizar para confeccionar nuestro traje, mucho se habla en la actualidad de la “Reforma Constitucional del 18 de junio del 2008”, sobre las leyes que debemos crear, las que deben realizarse de nueva creación, los nuevos paradigmas como lo son las salidas alternas al juicio oral; se está planteando como uno de los principales problemas la capacitación de los operadores del sistema acusatorio y, por supuesto, la infraestructura como lo son las Salas de Oralidad con las que se debe contar para terminar de revestir el sistema y la nueva política criminal de nuestro Estado.

Soy un convencido de la necesidad de un cambio en nuestro sistema de política criminal. Considero fundamental estar acorde a las exigencias tanto internacionales, como de la propia evolución de nuestra sociedad, y pienso que la adopción del sistema de justicia acusatorio en nuestro país, es uno de los principales pasos para la solución de la problemática criminal que nos aqueja en la actualidad. Aunque aquí creo pertinente aclarar que el sistema acusatorio no será la panacea para todos nuestros problemas criminales: el sistema no es de prevención del delito, sino por el contrario es para justiciar los que se realicen; es decir, el sistema no terminará con la criminalidad, sino buscará que se castigue a los verdaderos criminales.

Por el contrario, no estoy de acuerdo con quienes piensan que lo único que se necesita para la efectividad del sistema es la creación y modificación de las leyes y capacitar a los operadores del mismo, puesto que si bien es necesario crear y modificar normas y capacitar a los operadores, ello sólo forma parte de un todo necesario. La implementación del sistema acusatorio en nuestro país debe ser de manera integral para su efectiva finalidad; esto es, debemos ser incluyentes de todos y cada uno de los puntos necesarios para nuestro fin, como lo son: una base normativa sustentada en leyes secundarias coherentes y acorde a lo estructurado en nuestra Ley Suprema, un sistema protector de las garantías individuales de la sociedad, las estructuras necesarias para lo que se busca, lugares acordes a la actividad de la justicia y la procuración de la misma, la selección y capacitación de los operadores en los campos requeridos para que conduzcan a una verdadera justicia efectiva que discrimine a los inocentes de los delincuentes y proteja a la víctima de un ilícito penal y, lo principal, considerar a nuestra sociedad como base y usuaria del sistema, procurando su aceptación y explicando su funcionamiento, en base a la cultura de nuestro país.

Es por las consideraciones anteriores, que en el presente, pretendo enfocar lo que considero el mayor reto para la efectiva implementación del sistema de justicia acusatorio adversarial en nuestro país.

El reto cultural, pienso, es el más importante y complicado de lograr en la implementación de este sistema de justicia, y el cual ha sido el menos considerado y tratado por los organismos encargados de la implementación, puesto que estamos más preocupados por las leyes que hay que crear, o las salas de oralidad que habrá que construir y quiénes serán los operadores del sistema, sin atender la percepción de los usuarios del mismo para quienes se ha creado e instaurado.

Resulta en demasía complicado cambiarle a la sociedad la percepción con la que al día de hoy mira a los supuestos delincuentes, que en muchos de los casos ni siquiera han sido juzgados todavía, ¿cómo explicarle a las víctimas de un delito que no habrá cárcel inmediata para su agresor, pero ello no significa que no será penalizado? Ese, pienso, es el verdadero reto de la reforma, hacer ver a la sociedad lo benéfico de este procedimiento penal, antes de que lo perciban erróneamente.

* Texto originalmente publicado en la revista Sociedad y Justicia, número 13.

**Juez Segundo Penal de Tulancingo

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Emite el Ombudsman hidalguense 17 recomendaciones conforme a lo establecido en la Ley de Derechos Humanos

febrero 24, 2013

  • 12  recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, algunas por casos de tortura.
  • Recomendaciones también a Secretarías de Salud y Educación, y Presidencia Municipal de Actopan

Pachuca, Hgo.- Conforme a lo establecido en  la Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, la Comisión de Derechos Humanos emitió 17 recomendaciones, el mayor número   dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública estatal,  por hechos violatorios a los derechos fundamentales en el ejercicio de la autoridad como amenaza, tortura, lesiones, negativa de asistencia a víctimas del delito, violación a la integridad física y psíquica, entre otros; y una por tratamientos indebidos en centros de reclusión de Pachuca y Tulancingo.

También se emitieron 3 recomendaciones a la Secretaría de Educación Pública de la entidad, por hechos violatorios consistentes en abuso sexual, inadecuada prestación de servicio público y violaciones a los derechos de educación; una de las cuales también fue dirigida a la Secretaría de Salud, donde se refieren hechos como abuso sexual e inadecuada prestación del servicio, por hechos sucedidos en una escuela primaria de la comunidad de Tezoquipan, municipio de Atitalaquia.

A su vez la propia Secretaría de Salud del estado fue recomendada dos veces más, por asuntos derivados de la falta de capacidad para la prestación de sus servicios a derechohabientes, ante la alta demanda que tienen los  nosocomios de la capital hidalguense.

Una última recomendación fue emitida a la Presidencia Municipal de Actopan, por violaciones cometidas por elementos de seguridad pública.

Estas Recomendaciones son para iniciar los procedimientos administrativos correspondientes contra servidoras y servidores públicos que incurrieron en las violaciones documentadas en cada caso, e incluyen  las respectivas reparaciones de los daños ocasionados a las y los quejosos. En otros casos, las Recomendaciones del Ombudsman se emitieron por la omisión de la autoridad al no haberse dado contestación a las propuestas de solución  emitidas por la CDHEH, como lo establece la Ley de la materia.

Con este motivo,  el Ombudsman de las y los  hidalguenses, Raúl Arroyo, reiteró su llamado a impulsar y sostener en la entidad  una cultura de los derechos humanos en el ejercicio del poder público, donde se privilegie su respeto a través de la permanente capacitación y sensibilización de quienes tienen la responsabilidad de ejercer los actos de autoridad en los niveles estatal y municipal, principalmente al interior de  las corporaciones policiales, como lo establecen las  normas constitucionales nacionales y las convenciones  internacionales aplicables; e hizo un llamado a los responsables de las instancias recomendadas para que vean en cada una de las Recomendaciones de que fueron objeto, la posibilidad de corregir y mejorar los servicios de la administración pública. Nuestro objetivo, precisó Raúl Arroyo, no es otro que el de asegurar el cumplimiento de los derechos humanos de las y los hidalguenses.

Las citadas Recomendaciones fueron debidamente  notificadas por la CDHEH a sus destinatarias el pasado viernes 22 de febrero del año en curso; el contenido de estas 17 Recomendaciones emitidas por la CDHEH pueden ser consultadas en la página institucional  www.cdheh.org 

El principio de convencionalidad y los adultos mayores

enero 7, 2013


Escribiendo DerechoEscribiendo Derecho

Por el Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier*

Con fecha diez de junio de dos mil once, el Congreso de la Unión otorgó a la nación mexicana un cambio de 180 grados, con la reforma constitucional que elaboraron en materia de derechos humanos y que se encuentra plasmada en el artículo primero de nuestra ley fundamental.

De esta reforma se observan conceptos como: derechos humanos (en lugar de garantías individuales o derechos fundamentales), personas (en lugar de individuos) que de acuerdo a la legislación civil podrían ser físicas y/o morales, y el principio “pro homineque tiene que ver con la interpretación de normas y tratados internacionales que favorezcan de manera más amplia en la protección de las personas. De igual forma surge la obligación que tenemos todas las autoridades respecto a la reforma y que se traduce a los ámbitos federal, estatal y municipal y a los tres poderes de gobierno, a una nueva doctrina con conceptos novedosos, como es la interpretación conforme o el bloque constitucional, entre otros.

A la fecha, pese a la pobre difusión que se le ha dado a dicha reforma, va en ciernes su interpretación y aplicación en los distintos ámbitos gubernamentales.

En el Poder Judicial del Estado de Hidalgo ya se aplica la citada reforma, que si bien no se hace de manera “ex oficio” como lo señala la autoridad federal, también ha sido una constante de preocupación en los temas sometidos a nuestra competencia.

En el ámbito del derecho civil, mercantil y familiar, cada vez es más común su aplicación; y naturalmente al ser cada expediente una historia diferente, surge la constante inquietud de descubrir la aplicación de tratados internacionales a los asuntos que se someten a nuestra consideración.

Un ejemplo de lo anterior es el caso de los adultos mayores, pues en Hidalgo la Ley para la Familia establece un capítulo en donde se concede acción popular para denunciar -de manera anónima y de investigación oficiosa- los malos tratos a éstos. Asimismo, contamos con una Ley de los Derechos de los Adultos Mayores (publicada el 12 de abril de 2010) que contempla las políticas a favor de ellos, al igual que las facultades y obligaciones de las autoridades, entre otras instituciones.

¿Pero qué sucede cuando nuestras leyes secundarias son insuficientes u omisas en la protección de los derechos humanos de las personas de edad? La respuesta es obvia, pues se tendría que aplicar algún instrumento internacional que México haya suscrito y que nos vincule en su aplicación.

Luis Rodríguez-Piñero, abogado especialista en derechos humanos e investigador de la Universidad de Sevilla, en el encuentro Internacional para el Seguimiento de la Declaración de Brasilia y la Promoción de los Derechos de las Personas Mayores, manifestó que las personas de edad son titulares de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos en condiciones de igualdad y no discriminación, pero aseveró que no existe actualmente un instrumento internacional jurídicamente vinculante que proteja específicamente los derechos humanos de las personas de edad.

No obstante que en el considerando quinto de la exposición de motivos de la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo se establece en su párrafo tercero y cuarto la mención a la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento y Plan de Acción Internacional de Madrid, es un hecho que México no ha suscrito ningún tratado internacional que lo vincule y que permita a los jueces mexicanos invocar instrumentos internacionales que protejan los derechos humanos de los adultos mayores, tal y como establece el artículo primero de la citada reforma a la Constitución Federal. En consecuencia y ante la ausencia de estos instrumentos podemos invocar aquellos tratados internacionales genéricos que se refieran a las personas en general y no en particular a las personas mayores.

Cabe destacar que en 2002 se aprobó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual fue creada por la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional de las Personas en Plenitud (INAPLEM) para afrontar los nuevos desafíos que supone la transición demográfica tendiente al envejecimiento de la población y con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores en México.

El Instituto Nacional de las Personas Mayores (INAPAM) en aras de salvaguardar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas adultas mayores en nuestro país, así como de disminuir las condiciones de vulnerabilidad a las que están expuestos e impulsar su participación e inclusión en la sociedad, ha definido 5 ejes rectores estratégicos en materia de políticas publicas:

  1. Cultura del envejecimiento
  2. Envejecimiento activo y saludable
  3. Seguridad económica
  4. Protección social
  5. Derechos de las personas adultas mayores

De lo anterior, podemos concluir que falta armonizar en concordancia con la reforma constitucional y los tratados internacionales que protegen los derechos humanos de las personas mayores y que a la fecha no son vinculantes para nuestro país (no obstante las buenas intenciones, las leyes nacionales y locales y los encuentros internacionales que sobre el tema se haga). Por tanto, representa un reto para los jueces mexicanos aplicar los tratados internacionales existentes que contengan el principio pro homine a las personas mayores y que de una manera coherente y eficaz logren formar parte de la motivación de sus resoluciones para bien de nuestros respetados adultos mayores.

*Presidente de la Segunda Sala Civil y Familiar

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El verdadero reto del sistema acusatorio *

diciembre 4, 2012

Escribiendo DerechoEscribiendo Derecho

Por el Lic. Rafael Souverbille García**

El Derecho Penal evoluciona constantemente, máxime aún al día de hoy y para nosotros los abogados que convivimos con él diariamente. Tendremos que aprender un lenguaje jurídico distinto y analizarlo desde otra perspectiva, la garantista, puesto que en nuestro actuar cotidiano vamos olvidando, poco a poco, que en realidad a quienes nos debemos es a los ciudadanos en general, que por una u otra razón se ven en la necesidad de participar en el campo del procedimiento penal.

El 18 de junio del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional al sistema de justicia penal, reforma que es sin duda la más importante en su género en cuanto a Justicia Criminal se trata, y lleva implícita una restructuración casi por completo de nuestro sistema de justicia penal, encaminándolo de un sistema predominantemente inquisitivo a otro predominantemente acusatorio. Es por ello que conlleva grandes cambios en la forma de administración e impartición de justicia, la forma de litigar el derecho penal, y aun en la forma de prevenir, regular y castigar los delitos.

Para ningún ciudadano es ajeno el hecho de que nuestro sistema de justicia penal en la actualidad resulta insatisfactorio y requiere por supuesto de una total restructuración. La criminalidad ha dado pasos agigantados en el dominio de nuestro territorio, la vulneración de nuestros derechos y en la conciencia de nuestra seguridad, puesto que tal vez sin restricción alguna de las autoridades, nos privamos de salir a la calle por temor a la ola de violencia que se vive afuera. A pesar de tener la posibilidad económica, la gente no ostenta lujos por temor a que le sean arrebatados; en fin, los temores o miedos a perder el patrimonio o la vida misma han inundado a la sociedad.

Sin embargo, en aras de esa lucha contra la delincuencia no podemos dejar de lado los derechos fundamentales de las personas que, por una o por otra circunstancia, adquieran la figura del imputado en nuestro sistema de justicia, puesto que en base al principio y derecho fundamental de “Presunción de Inocencia” deben ser tratados como tal, hasta el momento en que el Estado haya podido probar eficazmente su culpabilidad, plasmada en una sentencia firme.

La evolución del derecho penal internacional toca ahora las puertas de nuestro derecho penal nacional, puesto que México ha seguido la tendencia Latinoamericana de adoptar el sistema de justicia de corte acusatorio. La pregunta, entonces, resulta ser ¿cuál es el camino correcto que debemos seguir para implementar de forma eficaz el Sistema de Justicia Acusatorio y Oral en nuestra sociedad?

En los últimos dos años, hemos escuchado un sinfín de opiniones sobre el mencionado sistema de justicia penal, sobre sus bondades y también sobre sus defectos. Hemos podido poner bajo la lupa a los países que ya lo han implantado, ya tenemos en la mira ese “traje tan elegante, de perfecto corte” para un Estado democrático de derecho que acaban de estrenar nuestros países hermanos. En cambio, no podemos dejar de recordar que no está hecho a nuestra medida, sino a la de los que lo están vistiendo, puesto que ha sido implementado conforme a sus propias necesidades y políticas; por lo cual, si el traje es el que nos ha gustado, debemos crear uno a nuestra medida, con base en la problemática actual que vivimos y al pensamiento y aceptación de nuestra sociedad.

Tal vez ya tenemos ideas claras sobre las herramientas que debemos utilizar para confeccionar nuestro traje, mucho se habla en la actualidad de la “Reforma Constitucional del 18 de junio del 2008”, sobre las leyes que debemos crear, las que deben realizarse de nueva creación, los nuevos paradigmas como lo son las salidas alternas al juicio oral; se está planteando como uno de los principales problemas la capacitación de los operadores del sistema acusatorio y, por supuesto, la infraestructura como lo son las Salas de Oralidad con las que se debe contar para terminar de revestir el sistema y la nueva política criminal de nuestro Estado.

Soy un convencido de la necesidad de un cambio en nuestro sistema de política criminal. Considero fundamental estar acorde a las exigencias tanto internacionales, como de la propia evolución de nuestra sociedad, y pienso que la adopción del sistema de justicia acusatorio en nuestro país, es uno de los principales pasos para la solución de la problemática criminal que nos aqueja en la actualidad. Aunque aquí creo pertinente aclarar que el sistema acusatorio no será la panacea para todos nuestros problemas criminales: el sistema no es de prevención del delito, sino por el contrario es para justiciar los que se realicen; es decir, el sistema no terminará con la criminalidad, sino buscará que se castigue a los verdaderos criminales.

Por el contrario, no estoy de acuerdo con quienes piensan que lo único que se necesita para la efectividad del sistema es la creación y modificación de las leyes y capacitar a los operadores del mismo, puesto que si bien es necesario crear y modificar normas y capacitar a los operadores, ello sólo forma parte de un todo necesario. La implementación del sistema acusatorio en nuestro país debe ser de manera integral para su efectiva finalidad; esto es, debemos ser incluyentes de todos y cada uno de los puntos necesarios para nuestro fin, como lo son: una base normativa sustentada en leyes secundarias coherentes y acorde a lo estructurado en nuestra Ley Suprema, un sistema protector de las garantías individuales de la sociedad, las estructuras necesarias para lo que se busca, lugares acordes a la actividad de la justicia y la procuración de la misma, la selección y capacitación de los operadores en los campos requeridos para que conduzcan a una verdadera justicia efectiva que discrimine a los inocentes de los delincuentes y proteja a la víctima de un ilícito penal y, lo principal, considerar a nuestra sociedad como base y usuaria del sistema, procurando su aceptación y explicando su funcionamiento, en base a la cultura de nuestro país.

Es por las consideraciones anteriores, que en el presente, pretendo enfocar lo que considero el mayor reto para la efectiva implementación del sistema de justicia acusatorio adversarial en nuestro país.

El reto cultural, pienso, es el más importante y complicado de lograr en la implementación de este sistema de justicia, y el cual ha sido el menos considerado y tratado por los organismos encargados de la implementación, puesto que estamos más preocupados por las leyes que hay que crear, o las salas de oralidad que habrá que construir y quiénes serán los operadores del sistema, sin atender la percepción de los usuarios del mismo para quienes se ha creado e instaurado.

Resulta en demasía complicado cambiarle a la sociedad la percepción con la que al día de hoy mira a los supuestos delincuentes, que en muchos de los casos ni siquiera han sido juzgados todavía, ¿cómo explicarle a las víctimas de un delito que no habrá cárcel inmediata para su agresor, pero ello no significa que no será penalizado? Ese, pienso, es el verdadero reto de la reforma, hacer ver a la sociedad lo benéfico de este procedimiento penal, antes de que lo perciban erróneamente.

* Texto originalmente publicado en la revista Sociedad y Justicia, número 13.

**Juez Segundo Penal de Tulancingo

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