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El verdadero reto del sistema acusatorio *

abril 10, 2013

Escribiendo Derecho

Escribiendo+DerechoPor el Lic. Rafael Souverbille García**

El Derecho Penal evoluciona constantemente, máxime aún al día de hoy y para nosotros los abogados que convivimos con él diariamente. Tendremos que aprender un lenguaje jurídico distinto y analizarlo desde otra perspectiva, la garantista, puesto que en nuestro actuar cotidiano vamos olvidando, poco a poco, que en realidad a quienes nos debemos es a los ciudadanos en general, que por una u otra razón se ven en la necesidad de participar en el campo del procedimiento penal.

El 18 de junio del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional al sistema de justicia penal, reforma que es sin duda la más importante en su género en cuanto a Justicia Criminal se trata, y lleva implícita una restructuración casi por completo de nuestro sistema de justicia penal, encaminándolo de un sistema predominantemente inquisitivo a otro predominantemente acusatorio. Es por ello que conlleva grandes cambios en la forma de administración e impartición de justicia, la forma de litigar el derecho penal, y aun en la forma de prevenir, regular y castigar los delitos.

Para ningún ciudadano es ajeno el hecho de que nuestro sistema de justicia penal en la actualidad resulta insatisfactorio y requiere por supuesto de una total restructuración. La criminalidad ha dado pasos agigantados en el dominio de nuestro territorio, la vulneración de nuestros derechos y en la conciencia de nuestra seguridad, puesto que tal vez sin restricción alguna de las autoridades, nos privamos de salir a la calle por temor a la ola de violencia que se vive afuera. A pesar de tener la posibilidad económica, la gente no ostenta lujos por temor a que le sean arrebatados; en fin, los temores o miedos a perder el patrimonio o la vida misma han inundado a la sociedad.

Sin embargo, en aras de esa lucha contra la delincuencia no podemos dejar de lado los derechos fundamentales de las personas que, por una o por otra circunstancia, adquieran la figura del imputado en nuestro sistema de justicia, puesto que en base al principio y derecho fundamental de “Presunción de Inocencia” deben ser tratados como tal, hasta el momento en que el Estado haya podido probar eficazmente su culpabilidad, plasmada en una sentencia firme.

La evolución del derecho penal internacional toca ahora las puertas de nuestro derecho penal nacional, puesto que México ha seguido la tendencia Latinoamericana de adoptar el sistema de justicia de corte acusatorio. La pregunta, entonces, resulta ser ¿cuál es el camino correcto que debemos seguir para implementar de forma eficaz el Sistema de Justicia Acusatorio y Oral en nuestra sociedad?

En los últimos dos años, hemos escuchado un sinfín de opiniones sobre el mencionado sistema de justicia penal, sobre sus bondades y también sobre sus defectos. Hemos podido poner bajo la lupa a los países que ya lo han implantado, ya tenemos en la mira ese “traje tan elegante, de perfecto corte” para un Estado democrático de derecho que acaban de estrenar nuestros países hermanos. En cambio, no podemos dejar de recordar que no está hecho a nuestra medida, sino a la de los que lo están vistiendo, puesto que ha sido implementado conforme a sus propias necesidades y políticas; por lo cual, si el traje es el que nos ha gustado, debemos crear uno a nuestra medida, con base en la problemática actual que vivimos y al pensamiento y aceptación de nuestra sociedad.

Tal vez ya tenemos ideas claras sobre las herramientas que debemos utilizar para confeccionar nuestro traje, mucho se habla en la actualidad de la “Reforma Constitucional del 18 de junio del 2008”, sobre las leyes que debemos crear, las que deben realizarse de nueva creación, los nuevos paradigmas como lo son las salidas alternas al juicio oral; se está planteando como uno de los principales problemas la capacitación de los operadores del sistema acusatorio y, por supuesto, la infraestructura como lo son las Salas de Oralidad con las que se debe contar para terminar de revestir el sistema y la nueva política criminal de nuestro Estado.

Soy un convencido de la necesidad de un cambio en nuestro sistema de política criminal. Considero fundamental estar acorde a las exigencias tanto internacionales, como de la propia evolución de nuestra sociedad, y pienso que la adopción del sistema de justicia acusatorio en nuestro país, es uno de los principales pasos para la solución de la problemática criminal que nos aqueja en la actualidad. Aunque aquí creo pertinente aclarar que el sistema acusatorio no será la panacea para todos nuestros problemas criminales: el sistema no es de prevención del delito, sino por el contrario es para justiciar los que se realicen; es decir, el sistema no terminará con la criminalidad, sino buscará que se castigue a los verdaderos criminales.

Por el contrario, no estoy de acuerdo con quienes piensan que lo único que se necesita para la efectividad del sistema es la creación y modificación de las leyes y capacitar a los operadores del mismo, puesto que si bien es necesario crear y modificar normas y capacitar a los operadores, ello sólo forma parte de un todo necesario. La implementación del sistema acusatorio en nuestro país debe ser de manera integral para su efectiva finalidad; esto es, debemos ser incluyentes de todos y cada uno de los puntos necesarios para nuestro fin, como lo son: una base normativa sustentada en leyes secundarias coherentes y acorde a lo estructurado en nuestra Ley Suprema, un sistema protector de las garantías individuales de la sociedad, las estructuras necesarias para lo que se busca, lugares acordes a la actividad de la justicia y la procuración de la misma, la selección y capacitación de los operadores en los campos requeridos para que conduzcan a una verdadera justicia efectiva que discrimine a los inocentes de los delincuentes y proteja a la víctima de un ilícito penal y, lo principal, considerar a nuestra sociedad como base y usuaria del sistema, procurando su aceptación y explicando su funcionamiento, en base a la cultura de nuestro país.

Es por las consideraciones anteriores, que en el presente, pretendo enfocar lo que considero el mayor reto para la efectiva implementación del sistema de justicia acusatorio adversarial en nuestro país.

El reto cultural, pienso, es el más importante y complicado de lograr en la implementación de este sistema de justicia, y el cual ha sido el menos considerado y tratado por los organismos encargados de la implementación, puesto que estamos más preocupados por las leyes que hay que crear, o las salas de oralidad que habrá que construir y quiénes serán los operadores del sistema, sin atender la percepción de los usuarios del mismo para quienes se ha creado e instaurado.

Resulta en demasía complicado cambiarle a la sociedad la percepción con la que al día de hoy mira a los supuestos delincuentes, que en muchos de los casos ni siquiera han sido juzgados todavía, ¿cómo explicarle a las víctimas de un delito que no habrá cárcel inmediata para su agresor, pero ello no significa que no será penalizado? Ese, pienso, es el verdadero reto de la reforma, hacer ver a la sociedad lo benéfico de este procedimiento penal, antes de que lo perciban erróneamente.

* Texto originalmente publicado en la revista Sociedad y Justicia, número 13.

**Juez Segundo Penal de Tulancingo

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DELITO DE LESIONES

abril 1, 2013

Escribiendo+DerechoEscribiendo Derecho

Por el Lic. Víctor Juárez González*

El artículo 140 del código penal del Estado de Hidalgo establece  que comete el delito de lesiones el que causa a otro un daño en su salud.

Las lesiones consisten en cualquier afectación en el cuerpo debida a una causa externa derivada de una tercera persona, dañando la salud física o incluso la mental. Por ende, podemos afirmar que este delito es clasificado como de aquellos de resultado material, pues para su comisión es necesario  que efectivamente ocurra una alteración en la salud del agraviado.[]

En este ilícito la sanción que señala la  ley  se fija en atención a la magnitud del daño sufrido en la salud de la víctima. Por lo que para poder determinar la gravedad de dicho daño es preciso atender, entre otros medios probatorios,  a la descripción y clasificación que hagan los peritos médicos al respecto.

El delito de lesiones puede causarse tanto por dolo como por culpa, siendo que el primer caso ocurre cuando el victimario actúa  con la intención de causar un daño en la salud  de la víctima y  el segundo  cuando  no tiene dicha intención el agresor  pero aún  así  causa tal daño como consecuencia de infringir un deber jurídico de cuidado que debía y podía  observar.

Ejemplo de este último caso  es el de quien conduce un vehículo automotor  en estado de ebriedad  y como resultado de dicho actuar negligente  atropella a una persona y le causa lesiones. En este supuesto  viola el deber jurídico de cuidado que le exige  el tripular dicho vehículo en pleno uso de sus facultades físicas y mentales y que al no observarlo provoca que su actuar sea penalmente responsable a título  de culpa, según el párrafo tercero del artículo  13 del código penal.

Este es uno de los delitos de mayor incidencia dentro del catálogo de tipos penales que contempla la legislación correspondiente. Asimismo, debe señalarse que para su demostración, si bien es cierto  los medios idóneos para acreditar la afectación en la salud  lo son los peritajes médicos y los testimonios, también lo es que la ley   no es  limitativa a estas probanzas, sino que permite la posibilidad que se demuestre este ilícito a través de otros medios  demostrativos, como por ejemplo la inspección ministerial o judicial.

Otro aspecto a destacar son aquellos hechos en los que dos personas se agraden recíprocamente con la intención de dañarse mutuamente. En estos casos cada uno de los agresores responderá de las lesiones que cause a su contrincante; además de que la sanción en estos supuestos, por realizarse en riña, es atenuada según lo establece la Ley.

*Juez Penal de Ixmiquilpan

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Aprueban en el Congreso de Hidalgo la Ley de Feminicidio, contempla penalidad de hasta 60 años de cárcel

marzo 26, 2013

Por José Antonio Naciff Roldán

Pachuca, Hgo., Marzo 26.-Por unanimidad de votos el Congreso del Estado de Hidalgo aprobó la Ley de Feminicidio, que prevé sanciones de hasta 60 años de cárcel para quien atente contra una mujer.

Durante Sesión ordinaria de la LXI legislatura local y lectura y dictamen se hicieron también reformas a los artículos 33, 35, 37, 38, 40, 121, 180 y 185 del Código Procesal Penal referentes a los delitos de Estupro, Protección de los Derechos Sexuales y Reproductivos, y Abuso Sexual.

El alcance de reformas al Código hidalguense fue aprobado por 30 legisladores de seis diferentes fracciones políticas con presencia en la Entidad, contempla además un  aumento de penas por esterilidad forzada y disposición ilegal de células germinales.

La iniciativa del Gobernador de Hidalgo –Francisco Olvera Ruiz-, sostuvo el Presidente del Congreso en la Entidad, Ramón Ramírez Valtierra, resultó del trabajo y análisis elaborado por autoridades del DIF y Desarrollo Social en el Estado.

“Desde hace algunos meses se empezó a trabajar en una mesa que se fue ampliando a la participación de diversas esferas de la sociedad, por lo que se considera una de las más importantes leyes que se están aprobando”, abundó el legislador.

Para atender y enfrentar la problemática de violencia contra mujeres y niños –agregó- el nuevo marco legal reforma, adiciona y deroga leyes, de las que resalta el homicidio de mujeres o feminicidio que se penalizaba con máximas de 40 a 50 años de prisión y que ahora aumentará de 50 a 60 años de cárcel.

Para quienes infrinjan la ley deberán solventar sanciones impuestas por autoridades del Poder Judicial, como la reparación integral y efectiva del daño causado –como atención médica y psicoterapéutica- y los que resulten de ese daño.

“Asimismo se dará mayor atención a menores de edad independientemente de que sean hijos, o no, de víctimas”, concluyó Ramírez Valtierra.

El Congreso de Hidalgo lo conforman 14 legisladores del Pri, 5 del Panal, 4 del Prd, 3 del Pan, 1 del Pt, 1 del  Verde Ecologista y dos independientes.

Emite procurador de Hidalgo lineamientos de atención y protección inmediata a mujeres víctimas de violencia

marzo 7, 2013
  • Las mujeres víctimas de delitos recibirán atención ministerial y pericial prioritaria
  • Lineamientos de atención para evitar demoras y atención deficiente
  • Supervisión a Ministerios Públicos para evitar trato negligente o prepotente

Pachuca, Hgo.- A efecto de contribuir al compromiso del gobernador Francisco Olvera Ruiz tiene con las mujeres, el procurador general de justicia del estado, Alejandro Straffon Ortiz, informó que la dependencia a su cargo estableció lineamientos de atención y protección a mujeres víctimas de violencia.

El abogado del estado afirmó que “he girado ya instrucciones para que las mujeres víctimas de delitos reciban atención ministerial y pericial prioritaria, privilegiando invariablemente la asistencia médica y psicológica que requieran; de igual forma, la Procuraduría contará, a finales de este mes de marzo, con un lineamiento de atención para evitar demoras innecesarias en su atención en las agencias del Ministerio Público”.

Explicó que de acuerdo con las indicaciones del Ejecutivo, “no vamos a tolerar ya ninguna clase de maltrato por prepotencia o por negligencia de parte de ningún funcionario de la Procuraduría, desde luego en cualquier caso, pero daremos especial importancia cuando se trate de una mujer que fue víctima de cualquier tipo violencia”.

Straffon enfatizó que “tendremos permanente supervisión en las agencias del Ministerio Público por medio de la Visitaduría General de la PGHEH, que será reforzada y a través de los medios de contacto con la ciudadanía con que contamos en la procuraduría para sancionar cuando corresponda al funcionario o trabajador que incumpla con esta filosofía de trabajo”.

“Como medida concreta de prevención, los agentes del Ministerio Público habrán de otorgar o, en su caso, solicitar las órdenes de protección enunciadas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, para lo cual, acordamos con el Secretario de Seguridad Pública un mecanismo operativo; también para que los Agentes de Investigación den prioridad a las indagatorias relacionados con violencia de género”.

Explicó también que “a través de la Unidad Institucional de Género (de la PGJEH) se continuará el trabajo de capacitación y sensibilización con perspectiva de género, de todos quienes trabajamos en la Procuraduría, principalmente los agentes del Ministerio Público y el equipo de comunicación social, quienes tendrán formación para procurar justicia y manejar la información con perspectiva de género respectivamente”.

Finalmente, Straffon Ortiz refirió que “las acciones que he mencionado no son una lista de buenas intenciones, son las tareas que me ha instruido el gobernador Olvera y que me comprometo a implementar como titular de la institución que tiene a su cargo la representación social de todas las personas, en particular, de quienes por diversos factores, están en riesgo de vulnerabilidad”, finalizó.

En el Congreso de Hidalgo integran comisión legislativa para vigilar protocolos de investigación en asesinatos de mujeres

febrero 1, 2013

Pachuca, Hgo.- Al dar inicio al Primer Periodo de Sesiones del Tercer año de Ejercicio Constitucional, diputados locales aprobaron la creación e integración de la Comisión Especial para la Vigilancia del cumplimiento de los lineamientos de investigación de los delitos contra las mujeres.

En la lectura del punto de acuerdo, el diputado Onésimo Serrano González, originario de Tula de Allende, explicó que el objetivo de la Comisión es dar seguimiento y vigilar que todas las instancias involucradas en la investigación de los delitos cuyas víctimas son las mujeres, se apeguen a los lineamientos que señala la Ley.

Asimismo, garantizar una pronta y expedita procuración e impartición de justicia.La Comisión quedó integrada de la siguiente manera, presidente: Onésimo Serrano González; secretarias: diputada Yolanda Tellería Beltrán y Mylen Salas Dorantes; integrantes: Juan Manuel Camacho Bertrán, Hemeregilda Estrada Díaz, Nora Liliana Oropeza Olguín, y Humberto Pacheco Mirarío.

Cabe mencionar que los diputados integrantes de la Comisión Especial para la Vigilancia del cumplimiento de los lineamientos de investigación de los delitos contra las mujeres deberán entregar de manera periódica un informe de los avances que hayan tenido en la materia.

Al hacer uso de la voz en tribuna, el diputado Juan Manuel Camacho Bertrán y luego de solicitar se guardara  un minuto de silencio por las mujeres que perdieron la vida de manera dolosa en el municipio de Tula, el legislador aseguró que en un asunto tan “delicado” como el que representa los homicidios de mujeres “el Congreso del estado toma cartas en el asunto nombrando una Comisión  Especial que lo atienda, y verifique el actuar de las autoridades involucradas, ahora con la detención de los presuntos responsables”.

Al tiempo, hizo un llamado a las autoridades relacionadas con el caso, al Poder Ejecutivo, a la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, a la sociedad, a los familiares a que se sumen a una serie de reuniones y paneles para formar una iniciativa que cumpla con las necesidades de la sociedad, que busque “no sólo castigar, sino prevenir que en los días subsecuentes no se realicen este tipo de homicidios que indignan a la sociedad”.

En su intervención, la diputada Myrlen Salas Dorantes manifestó su repudio a los sucesos de violencia que ha cobrado las vidas de mujeres no sólo en el municipio de Tula, sino en el país, por lo que pidió iniciar una campaña de difusión a las sanciones por agresiones a la mujer, que tenga por objeto prevenir dichos actos.

Diputados convocan a mesa de trabajo para estudiar y analizar casos de feminicidios en Tula

enero 31, 2013

– Crean Comisión  Especial para la Vigilancia del Cumplimiento de los Lineamientos de Investigación de los Delitos contra las Mujeres

Pachuca, Hgo.- Diputados locales convocaron a una mesa de trabajo entre los 3 poderes de gobierno: Ejecutivo, Legislativo y Judicial para que de manera coordinada analicen reformas a la ley y de esta forma castigar los homicidios dolosos presentados en el municipio de Tula.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la LXI Legislatura del Congreso local y con la finalidad de frenar los ataques contra mujeres,  legisladores hicieron un llamado a todos los involucrados para que adopten una actitud de “coordinación y cooperación, fuera de visiones partidistas”.

Al respecto, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Ramón Ramírez Valtierra,  explicó que también se aprobó la creación de la Comisión Legislativa Especial para la vigilancia del cumplimiento de los lineamientos de investigación de los delitos contra las mujeres.

Al dar lectura al acuerdo emitido por la Junta de Gobierno, la diputada Yolanda Tellería Beltrán subrayó la necesidad “de sumar esfuerzos para crear pronunciamientos, políticas, medidas jurídicas y administrativas, sustentadas en principios de perspectiva de género, que permitan prevenir, investigar, sancionar y frenar los homicidios dolosos en contra de mujeres, apegadas a una correcta regulación normativa”.

Por ello, convocó a la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia y los órganos jurisdiccionales, así como organismos autónomos como la Comisión de Derechos Humanos  a sumar esfuerzos para cooperar y coordinarse en la prevención, investigación, sanción y combate a los homicidios dolosos en contra de mujeres.

En el acuerdo económico aprobado por legisladores locales también se exhorta al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a efecto de que en base a su experiencia y capacidad operativa, se desplieguen las acciones necesarias para proponer y fortalecer las medidas que pueda adoptar el estado.

Respecto de la mesa de trabajo se convocó a una primera reunión para el próximo viernes, para que los involucrados aporten  argumentos y propuestas que se deben atender para dar forma a la integración de una iniciativa de ley para la protección de los derechos de las mujeres, tendiente a combatir los homicidios dolosos en contra de las mismas.

El verdadero reto del sistema acusatorio *

diciembre 4, 2012

Escribiendo DerechoEscribiendo Derecho

Por el Lic. Rafael Souverbille García**

El Derecho Penal evoluciona constantemente, máxime aún al día de hoy y para nosotros los abogados que convivimos con él diariamente. Tendremos que aprender un lenguaje jurídico distinto y analizarlo desde otra perspectiva, la garantista, puesto que en nuestro actuar cotidiano vamos olvidando, poco a poco, que en realidad a quienes nos debemos es a los ciudadanos en general, que por una u otra razón se ven en la necesidad de participar en el campo del procedimiento penal.

El 18 de junio del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional al sistema de justicia penal, reforma que es sin duda la más importante en su género en cuanto a Justicia Criminal se trata, y lleva implícita una restructuración casi por completo de nuestro sistema de justicia penal, encaminándolo de un sistema predominantemente inquisitivo a otro predominantemente acusatorio. Es por ello que conlleva grandes cambios en la forma de administración e impartición de justicia, la forma de litigar el derecho penal, y aun en la forma de prevenir, regular y castigar los delitos.

Para ningún ciudadano es ajeno el hecho de que nuestro sistema de justicia penal en la actualidad resulta insatisfactorio y requiere por supuesto de una total restructuración. La criminalidad ha dado pasos agigantados en el dominio de nuestro territorio, la vulneración de nuestros derechos y en la conciencia de nuestra seguridad, puesto que tal vez sin restricción alguna de las autoridades, nos privamos de salir a la calle por temor a la ola de violencia que se vive afuera. A pesar de tener la posibilidad económica, la gente no ostenta lujos por temor a que le sean arrebatados; en fin, los temores o miedos a perder el patrimonio o la vida misma han inundado a la sociedad.

Sin embargo, en aras de esa lucha contra la delincuencia no podemos dejar de lado los derechos fundamentales de las personas que, por una o por otra circunstancia, adquieran la figura del imputado en nuestro sistema de justicia, puesto que en base al principio y derecho fundamental de “Presunción de Inocencia” deben ser tratados como tal, hasta el momento en que el Estado haya podido probar eficazmente su culpabilidad, plasmada en una sentencia firme.

La evolución del derecho penal internacional toca ahora las puertas de nuestro derecho penal nacional, puesto que México ha seguido la tendencia Latinoamericana de adoptar el sistema de justicia de corte acusatorio. La pregunta, entonces, resulta ser ¿cuál es el camino correcto que debemos seguir para implementar de forma eficaz el Sistema de Justicia Acusatorio y Oral en nuestra sociedad?

En los últimos dos años, hemos escuchado un sinfín de opiniones sobre el mencionado sistema de justicia penal, sobre sus bondades y también sobre sus defectos. Hemos podido poner bajo la lupa a los países que ya lo han implantado, ya tenemos en la mira ese “traje tan elegante, de perfecto corte” para un Estado democrático de derecho que acaban de estrenar nuestros países hermanos. En cambio, no podemos dejar de recordar que no está hecho a nuestra medida, sino a la de los que lo están vistiendo, puesto que ha sido implementado conforme a sus propias necesidades y políticas; por lo cual, si el traje es el que nos ha gustado, debemos crear uno a nuestra medida, con base en la problemática actual que vivimos y al pensamiento y aceptación de nuestra sociedad.

Tal vez ya tenemos ideas claras sobre las herramientas que debemos utilizar para confeccionar nuestro traje, mucho se habla en la actualidad de la “Reforma Constitucional del 18 de junio del 2008”, sobre las leyes que debemos crear, las que deben realizarse de nueva creación, los nuevos paradigmas como lo son las salidas alternas al juicio oral; se está planteando como uno de los principales problemas la capacitación de los operadores del sistema acusatorio y, por supuesto, la infraestructura como lo son las Salas de Oralidad con las que se debe contar para terminar de revestir el sistema y la nueva política criminal de nuestro Estado.

Soy un convencido de la necesidad de un cambio en nuestro sistema de política criminal. Considero fundamental estar acorde a las exigencias tanto internacionales, como de la propia evolución de nuestra sociedad, y pienso que la adopción del sistema de justicia acusatorio en nuestro país, es uno de los principales pasos para la solución de la problemática criminal que nos aqueja en la actualidad. Aunque aquí creo pertinente aclarar que el sistema acusatorio no será la panacea para todos nuestros problemas criminales: el sistema no es de prevención del delito, sino por el contrario es para justiciar los que se realicen; es decir, el sistema no terminará con la criminalidad, sino buscará que se castigue a los verdaderos criminales.

Por el contrario, no estoy de acuerdo con quienes piensan que lo único que se necesita para la efectividad del sistema es la creación y modificación de las leyes y capacitar a los operadores del mismo, puesto que si bien es necesario crear y modificar normas y capacitar a los operadores, ello sólo forma parte de un todo necesario. La implementación del sistema acusatorio en nuestro país debe ser de manera integral para su efectiva finalidad; esto es, debemos ser incluyentes de todos y cada uno de los puntos necesarios para nuestro fin, como lo son: una base normativa sustentada en leyes secundarias coherentes y acorde a lo estructurado en nuestra Ley Suprema, un sistema protector de las garantías individuales de la sociedad, las estructuras necesarias para lo que se busca, lugares acordes a la actividad de la justicia y la procuración de la misma, la selección y capacitación de los operadores en los campos requeridos para que conduzcan a una verdadera justicia efectiva que discrimine a los inocentes de los delincuentes y proteja a la víctima de un ilícito penal y, lo principal, considerar a nuestra sociedad como base y usuaria del sistema, procurando su aceptación y explicando su funcionamiento, en base a la cultura de nuestro país.

Es por las consideraciones anteriores, que en el presente, pretendo enfocar lo que considero el mayor reto para la efectiva implementación del sistema de justicia acusatorio adversarial en nuestro país.

El reto cultural, pienso, es el más importante y complicado de lograr en la implementación de este sistema de justicia, y el cual ha sido el menos considerado y tratado por los organismos encargados de la implementación, puesto que estamos más preocupados por las leyes que hay que crear, o las salas de oralidad que habrá que construir y quiénes serán los operadores del sistema, sin atender la percepción de los usuarios del mismo para quienes se ha creado e instaurado.

Resulta en demasía complicado cambiarle a la sociedad la percepción con la que al día de hoy mira a los supuestos delincuentes, que en muchos de los casos ni siquiera han sido juzgados todavía, ¿cómo explicarle a las víctimas de un delito que no habrá cárcel inmediata para su agresor, pero ello no significa que no será penalizado? Ese, pienso, es el verdadero reto de la reforma, hacer ver a la sociedad lo benéfico de este procedimiento penal, antes de que lo perciban erróneamente.

* Texto originalmente publicado en la revista Sociedad y Justicia, número 13.

**Juez Segundo Penal de Tulancingo

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La tanatóloga Rocío Tello impartió la conferencia “El duelo y sus etapas”, a 36 posibles padres adoptivos.

diciembre 2, 2012

Pachuca, Hgo.- La tanatóloga, médica y comunicadora Rocío Tello Zamorano se integró al grupo de conferencistas que apoyan el proyecto Escuela para futuros padres adoptivos e impartió la conferencia “El duelo y sus etapas”, donde expuso los componentes de la personalidad, temperamento y carácter; asimismo, solicitó a los asistentes que se reconocieran como mortales, “para valorar el presente y estar preparados para la diversas pérdidas que sufrimos durante la vida”.

La conferencista, que cuenta con reconocimiento por la impartición de temas asociados con la Tanatología, abordó las diferencias entre mujeres y hombres, y cómo un género y otro son complementarios. “Al ser responsables de nosotros, podremos influir positivamente en la formación del carácter de nuestros hijos”, aseguró.

Rocío Tello cuenta con 25 años de experiencia en el ramo del desarrollo humano, formación y fortalecimiento de la calidad de vida, especialista en Tanatología y Cuidados Paliativos, certificada como coach de vida y conferencista.

A esta conferencia asistieron 15 matrimonios y seis personas solteras, cinco de las cuales son mujeres y un hombre, reuniendo así un grupo de 36 solicitantes.

Con la finalidad de crear un espacio  de información y reflexión, dirigido a parejas que se encuentran en lista de espera para adopción, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia perteneciente al DIF estatal, efectuó el segundo taller de “Escuela para futuros padres adoptivos”.

Esta capacitación es un recurso de apoyo preventivo, para la incorporación de un menor a su núcleo familiar, y es un orientador en el proceso de adaptabilidad.

La segunda edición de “Escuela para futuros padres adoptivos”, está integrada por cinco sesiones, donde se exponen temas como: la pareja; sentimientos del niño adoptado; el proceso jurídico; los delitos contra la filiación; paternidad responsable y padres solteros, entre otros, los cuales, serán impartidos por expertos en la materia, además de un equipo multidisciplinario de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF estatal, entre los que destacan el médico Arturo Monroy Gutiérrez, director del Instituto de Estudios en Psicoterapia y Crecimiento Humano; el  Lic. Jorge Antonio Becerra Andrade, director general de Responsabilidad y Situación Patrimonial de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental.

También en dicho taller, se contará con la participación de Norma Angélica Ramírez Mejía, Yasmín Camacho Sánchez, María Guadalupe Benítez Aguirre, Emma Rosa Sánchez Tirado, María Soledad Chávez Vázquez, María Andrea Uribe Arriaga y Rosa Isela Sánchez García, profesionistas que laboran en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema DIF Hidalgo.