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Imparte PGJDF Curso Sobre Investigación de Feminicidio a Personal de la PGJEH

junio 9, 2014
  • 16 consignados por feminicidio desde la tipificación
  • 50 a 60 años de prisión a probables responsables
  • Preparación académica y jurídica, clave para abatir la impunidad: PGJDF

Pachuca, Hgo.- Agentes del Ministerio Público, peritos y agentes investigadores hidalguenses  iniciaron el curso denominado “Análisis del Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio”,  impartido por el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (IFPPGJDF).

Dirigidos por Juan José Olea Valencia, Coordinador General del IFPPGJDF, capacitadores de esa institución impartirán el curso con temas como Roles y Estereotipos; Perspectiva de género y derechos humanos; Elementos del delito de Feminicidio y Normatividad Penal vigente; Investigación científica del delito de Feminicidio y Atención a Víctimas en el Ministerio Público.

Por la fiscalía hidalguense,  encabezados por Alberto Jaén Olivas, representante del procurador Alejandro Straffon; Concepción Hernández, coordinadora general de atención a víctimas; Lidia Ramírez, fiscal de género y Citlali Mendoza, directora del ICAPH, el personal de la PGJEH recibirá 40 horas de clase en este módulo.

En lo que representa la quinta capacitación en la materia que ofrece a su personal la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), este curso permitirá a la trilogía investigadora, es decir, ministerio público, perito y policía,  establecer de forma  precisa y contundente la pesquisa de los delitos cometidos en agravio de las mujeres para reconocer el delito de feminicidio y evitar que se tipifique simplemente como homicidio, lo que implicaría un demérito a la pena del probable responsable.

En su intervención,  Juan José Olea Valencia, destacó la importancia de identificar un feminicidio y llevar a la práctica los conocimientos teóricos que en diversas ocasiones ha ofrecido la PGJEH a los funcionarios que de primera mano tienen conocimiento cuando se comete un delito contra alguna mujer por su condición de género.

El experto abundó en que para evitar la impunidad es necesaria una investigación eficiente y eficaz, pues una conducta criminal sin condena o con sustento débil se repetirá y agravará, tal como ocurre con la violencia hacia las mujeres, al no visibilizarla, ni atenderla antes de un feminicidio.

La PGJEH informó que “desde el comienzo del gobierno de José Francisco Olvera Ruiz, ha dado la instrucción de que el estado proteja y promueva el respeto a los derechos humanos de las mujeres, con acciones como la reforma legislativa integral a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, para ampliar la protección de las personas menores de edad y de mujeres y hombres víctimas de ilícitos relacionados con la violencia familiar, así como la tipificación del feminicidio.

De acuerdo con la Fiscalía de Género de la PGJEH, gracias a esta tipificación y a la preparación jurídica- académica, se han consignado a 16 probables responsables de este delito a partir de su tipificación, quienes, de acuerdo con los procesos y criterios judiciales, podrían alcanzar penas de 50 a 60 años de prisión.

Con este curso, agentes del Ministerio Público, peritos y policías investigadores contarán con más y mejores competencias para desarrollar líneas de investigación con perspectiva de género, para incorporar criterios con estándares internacionales para el reconocimiento y respeto a los derechos humanos de las mujeres.

Lo anterior, como fundamento de las decisiones jurídicas, para implementar técnicas periciales y policiales que garanticen  un marco de legalidad y respeto a los derechos humanos de la víctima y del procesado, con el fin de no incidir de forma negativa en el debido proceso y consecuente impunidad en este delito tan grave, señaló la dependencia.

Dicta Fiscal de Género conferencia sobre órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia

febrero 26, 2014

Pachuca, Hgo.- La titular de la Fiscalía Especial para Delitos contra Mujeres de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) Concepción Hernández Aragón, ofreció una ponencia en el panel denominado “Mujer y Seguridad” ante comunidad estudiantil y académicos de la capital hidalguense.

En la actividad participaron también Angélica Lucía Damián Bernal, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Malú García Andrade, activista e integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Como parte de las acciones de prevención del delito realizadas por la PGJEH, la fiscal para delitos de género abordó las herramientas de las que se vale la dependencia para ofrecer seguridad jurídica a mujeres víctimas de violencia y la necesidad de que se adopten medidas de prevención evaluadas desde la perspectiva del respeto y garantía de los Derechos Humanos, derivado de las obligaciones que marca la legislación estatal, nacional e internacional en la materia.

Concepción Hernández, explicó que estas medidas obedecen a “ser partícipes activos en la lucha por la erradicación de la violencia en contra de las mujeres y también en cumplimiento a la sentencia del caso González y otras, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Mexicano (conocida como “Campo Algodonero”), y por la cual México queda obligado a la implementación y estandarización de protocolos de investigación con perspectiva de género”.

La funcionaria informó que “el procurador general de justicia, Alejandro Straffon Ortiz, “buscó al implementar estas órdenes la estandarización de protocolos de investigación con perspectiva de género y se cumple el objetivo de enunciar las actuaciones para el éxito de las investigaciones que conlleven el esclarecimiento de los hechos y a la sanción de los presuntos responsables”.

Destacó también el papel de las Órdenes de Protección,  como una medida eficaz para detener la violencia contra las mujeres y catalogadas por Naciones Unidas, como uno de los recursos jurídicos más efectivos puestos a disposición de las mujeres víctimas de violencia, para garantizar su seguridad.

Éstas, explicó la funcionaria, “son medidas de carácter cautelar, precautorio y preventivo, que se otorgan con motivo del ejercicio de la violencia sexual y familiar en sus diversos tipos contra las mujeres o terceros que se encuentran en riesgo, por lo que son personalísimas e intransferibles, de naturaleza administrativa y jurisdiccional, así como, de urgente aplicación para proteger a las mujeres de la violencia familiar o sexual”.

Destacó que son acciones fundamentalmente precautorias y cautelares que durarán mientras exista el riesgo para la víctima gracias a la reciente reforma en material penal en Hidalgo, pues antes duraban 72 horas, ahora la temporalidad será a consideración de la autoridad que la autorice y al riesgo que corra la posible víctima.

Hernández Aragón señaló que las órdenes de protección emergentes y preventivas, pueden ser solicitadas por la víctima, hijas o hijos y personas que convivan con ella; serán otorgadas e instrumentadas por la representación social que recae en el agente del Ministerio Público, con el auxilio de la policía estatal, independientemente de que exista, o no, averiguación previa por los hechos de violencia.

En caso de no existir averiguación previa, el Ministerio Público hará del conocimiento del solicitante de la orden de protección, el derecho que le asiste a la víctima para denunciar los hechos, salvo los casos específicos contemplados por la ley en la materia, como delitos perseguibles oficiosamente (sin necesidad de querella), en los que el Ministerio Público iniciará la averiguación previa al tener conocimiento del asunto.

Dicta Fiscal de Género conferencia sobre órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia

febrero 26, 2014

Pachuca, Hgo.- La titular de la Fiscalía Especial para Delitos contra Mujeres de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) Concepción Hernández Aragón, ofreció una ponencia en el panel denominado “Mujer y Seguridad” ante comunidad estudiantil y académicos de la capital hidalguense.

En la actividad participaron también Angélica Lucía Damián Bernal, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Malú García Andrade, activista e integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Como parte de las acciones de prevención del delito realizadas por la PGJEH, la fiscal para delitos de género abordó las herramientas de las que se vale la dependencia para ofrecer seguridad jurídica a mujeres víctimas de violencia y la necesidad de que se adopten medidas de prevención evaluadas desde la perspectiva del respeto y garantía de los Derechos Humanos, derivado de las obligaciones que marca la legislación estatal, nacional e internacional en la materia.

Concepción Hernández, explicó que estas medidas obedecen a “ser partícipes activos en la lucha por la erradicación de la violencia en contra de las mujeres y también en cumplimiento a la sentencia del caso González y otras, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Mexicano (conocida como “Campo Algodonero”), y por la cual México queda obligado a la implementación y estandarización de protocolos de investigación con perspectiva de género”.

La funcionaria informó que “el procurador general de justicia, Alejandro Straffon Ortiz, “buscó al implementar estas órdenes la estandarización de protocolos de investigación con perspectiva de género y se cumple el objetivo de enunciar las actuaciones para el éxito de las investigaciones que conlleven el esclarecimiento de los hechos y a la sanción de los presuntos responsables”.

Destacó también el papel de las Órdenes de Protección,  como una medida eficaz para detener la violencia contra las mujeres y catalogadas por Naciones Unidas, como uno de los recursos jurídicos más efectivos puestos a disposición de las mujeres víctimas de violencia, para garantizar su seguridad.

Éstas, explicó la funcionaria, “son medidas de carácter cautelar, precautorio y preventivo, que se otorgan con motivo del ejercicio de la violencia sexual y familiar en sus diversos tipos contra las mujeres o terceros que se encuentran en riesgo, por lo que son personalísimas e intransferibles, de naturaleza administrativa y jurisdiccional, así como, de urgente aplicación para proteger a las mujeres de la violencia familiar o sexual”.

Destacó que son acciones fundamentalmente precautorias y cautelares que durarán mientras exista el riesgo para la víctima gracias a la reciente reforma en material penal en Hidalgo, pues antes duraban 72 horas, ahora la temporalidad será a consideración de la autoridad que la autorice y al riesgo que corra la posible víctima.

Hernández Aragón señaló que las órdenes de protección emergentes y preventivas, pueden ser solicitadas por la víctima, hijas o hijos y personas que convivan con ella; serán otorgadas e instrumentadas por la representación social que recae en el agente del Ministerio Público, con el auxilio de la policía estatal, independientemente de que exista, o no, averiguación previa por los hechos de violencia.

En caso de no existir averiguación previa, el Ministerio Público hará del conocimiento del solicitante de la orden de protección, el derecho que le asiste a la víctima para denunciar los hechos, salvo los casos específicos contemplados por la ley en la materia, como delitos perseguibles oficiosamente (sin necesidad de querella), en los que el Ministerio Público iniciará la averiguación previa al tener conocimiento del asunto.