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Avala Senado reformas en materia de prisión preventiva oficiosa

julio 30, 2020
  • Para que la medida cautelar se aplicara plenamente, era necesario modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales y otras leyes.

Ciudad de México.- El Pleno del Senado aprobó, con 53 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones, la propuesta por la que se reforma diversas leyes para instaurar la prisión preventiva oficiosa a delitos graves como el feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, violencia sexual contra menores, corrupción, desaparición forzada, robo al transporte de carga y huachicol.

Asimismo, esta figura aplicará en delitos violentos cometidos con “armas replica” y no funcionales, la portación de armas de uso exclusivo del ejército, los ilícitos cometidos en contra de las vías generales de comunicación y medios de transporte, así como la captura ilegal de la totoaba.

Avala Senado reformas en materia de prisión preventiva oficiosaLa propuesta incluye la posibilidad de sustituir la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa cuando exista voluntad de las partes de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de uno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna de procedimiento, aún y cuando dicha medida haya sido impuesta.

Esta legislación responde a la reforma que fue aprobada a principios de 2019, la cual adicionó dichos delitos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para considerarlos graves y meritorios de prisión preventiva oficiosa.

El segundo transitorio de dicha reforma dictaba que el Congreso debía realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás ordenamientos correspondientes las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19.

Con la aprobación de las leyes secundarias se armoniza el marco jurídico para aplicar plenamente la medida cautelar. Además, se precisa en las leyes cuales son los delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa y se evitan malinterpretaciones en la impartición de justicia.

La propuesta avalada, reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como reformas, adiciones y en su caso derogaciones a diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

También, a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos; la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; el Código Penal Federal; la Ley General de Salud; la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; y la Ley de Vías Generales de Comunicación.

Al presentar el dictamen, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, invitó a las y los legisladores de las distintas fracciones parlamentarias a poner el “torniquete a la herida que sangra diario por la impunidad y la corrupción”, sobre todo en el sistema de impartición de justicia. No castigar los delitos, es en sí un delito, sentenció.

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del PRD, dijo que era importante dar cumplimiento a la reforma al artículo 19 constitucional, ya que la demora en la regulación ha generado diferencia de criterios entre los juzgadores. Se tenía que regular con toda precisión, porque en materia penal no puede haber interpretación, se tiene que cumplir con un principio de exacta aplicación de la ley, precisó.

El senador Miguel Ángel Lucero Olivas, del Partido del Trabajo, expuso que con la reforma a la Ley de Delitos Electorales para imponer prisión de cuatro a nueve años a personas que cometan delitos electorales, como la compra del voto o utilicen recursos públicos para incidir en la intención, “expulsamos del sistema político aquellas prácticas corruptas endémicas del periodo neoliberal”.

En su posicionamiento en contra de ampliar nuevamente los catálogos de delitos que se pueden perseguir con prisión preventiva oficiosa, el senador Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano, propuso un Parlamento Abierto en el que participen especialistas, expertos, y organizaciones de derechos humanos para revisar el Código de Procedimientos Penales, y el Sistema Penitenciario. “Con lo que nos están proponiendo es mandar a la universidad del delito a los jóvenes, a las mujeres, a los ciudadanos mexicanos”, advirtió.

Claudia Edith Anaya Mota, senadora del PRI, refirió que a la fecha hay más de 30 tipos penales en el catálogo de prisión preventiva oficiosa, sin embargo, algunos no tienen necesidad real de estar en esa lista, como los delitos editoriales, pues basta dictar una medida cautelar para evitar la fuga “porque no se pone en peligro a ninguna víctima”. Consideró que la reforma abona a que se cometan más violaciones a los derechos humanos de los acusados.

La senadora del PAN, Indira de Jesús Rosales San Román, advirtió que esta reforma podría servir de “herramienta electoral” para el actual gobierno. Esto puede llevar a que un régimen autoritario utilice este tipo de instrumentos legales para oprimir, amenazar, intimidar, desprestigiar o difamar a cualquiera que considere parte de la oposición política o en contra de adversarios del partido oficial, debilitando preocupantemente a la democracia, abundó.

Cristóbal Arias Solís, senador por Morena, dijo que se responde al reclamo de impartición de justicia por la inseguridad, violencia criminal, delincuencia organizada e impunidad, heredada de administraciones pasadas. Los cambios legales que se aprueban, son parte fundamental del proceso de cambio y de transformación republicana de una auténtica impartición de justicia que acabe con la impunidad y corrupción.

Al presentar una moción suspensiva, el senador sin Partido, Emilio Álvarez Icaza Longoria, pidió que el dictamen se devuelva a comisiones para que sea reconsiderado, debido a que se violan los derechos humanos, en particular de presunción de inocencia, debido proceso y el derecho personal a la libertad, contrario a lo establecido en tratados internacionales de los que el país es parte y porque no hubo parlamento abierto.

El aumento de las penas, no termina con la impunidad, por lo que se debe fortalecer el trabajo de la Fiscalía, y no recortar el presupuesto. Creer que el aumento de la pena disminuye el delito, reiteró, es el error que se ha cometido en años anteriores y que ha costado mucho. Destacó que la reforma al artículo 19 constitucional fue un error. La moción no fue aceptada.

Del Grupo Parlamentario del PRI, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, advirtió que el problema de la impunidad en la comisión de los delitos no se va a solucionar con la ampliación de los tipos penales que implican la prisión preventiva de oficio. “Claro que nos preocupa la situación de inseguridad que priva en el país, pero este problema no se va a resolver violentando los derechos humanos”.

En tribuna, la senadora Marybel Villegas Canché, de Morena, expresó que el objeto de las reformas es preservar la seguridad pública en el todo el territorio nacional, combatir el crimen organizado y las conductas que laceran a la sociedad. “Para cambiar el paradigma es necesario actualizar los marcos jurídicos que permitan a las instituciones de seguridad ser más eficientes y capaces”.

 

Capacitan a personal de la PGJEH en elaboración de órdenes de protección a víctimas

noviembre 16, 2014
  • Con el NSJP será más fácil que una víctima obtenga una orden de protección
  • Esta medida legal detiene la violencia contra las víctimas
  • Segunda etapa de la capacitación jurídica a personal de la PGJEH

Pachuca, Hgo.- Con la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, las víctimas de violencia podrán obtener una orden de protección en contra de su agresor con más celeridad, señaló la titular del Centro de Atención a Víctimas y a la Familia (CAVI) de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH) María Concepción Hernández Aragón.

Después de inaugurar un curso sobre la técnica jurídica para expedir órdenes de protección dirigido a agentes del Ministerio Público y personal del Centro de Justicia para Mujeres, la funcionaria señaló que en la gestión actual, “es una instrucción del gobernador Francisco Olvera Ruiz y del procurador Alejandro Straffon Ortiz dar total  atención a la solidez jurídica para no incurrir en omisiones legales y observar total respeto a los derechos humanos de las mujeres, y particularmente de las que son víctimas de violencia.

Ante ello, y derivado de que el Código Nacional de Procedimientos Penales faculta y obliga al agente del Ministerio Público a dictar una orden de protección de manera inmediata, pero con el cuidado necesario para no violar los Derechos Humanos del imputado, “pues la presunción de inocencia es una parte toral del Nuevo Sistema de Justicia Penal”.

capacitacion a personal de la procuraduria para aplicar medidas de seguridadHernández Aragón manifestó que estas medidas tienen la utilidad de evitar agravios en contra de una víctima que, en su mayoría son mujeres, pero podría ser también hombres o menores de edad hasta incluso evitar una consecuencia más grave que lleve a una víctima a perder la vida.

Explicó que las órdenes de protección son una medida que busca evitar que una mujer, o menores de edad, continúen siendo objeto de violencia por parte del agresor, por ello es que “es una prioridad del procurador Straffon que sean elaboradas con absoluta solidez jurídica para cortar el continuum de violencia (reiterados actos agresivos de toda índole en contra de la víctima)”.

Señaló que “tenemos la muy precisa instrucción del procurador Alejandro Straffon es que los agentes del Ministerio Público de cualquier agencia y principalmente los que operarán desde el Centro de Justicia para Mujeres, que es donde se concentrarán los casos de violencia contra la mujer, cuenten con los conocimientos para no incurrir en omisiones y que su actuación no rebase los límites que como autoridad tiene para evitar que se vulneren derechos de las víctimas o los agraviados.

El curso, en esta segunda etapa, fue impartido también por el jurista Octavio Martínez Camacho, abogado postulante que cuenta con maestría en derecho penal, quien compartió con los asistentes el conocimiento y normativa bajo el cual se pueden dictar las órdenes de protección.

Octavio Martínez Camacho es egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad La Salle, con especialidad en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), en Sistema Acusatorio en México impartido por la Escuela Libre de Derecho; Maestría en Derecho Penal por el Inacipe y actualmente cursa el segundo semestre del Doctorado en Derecho por el Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Está certificado como docente en el Nuevo Sistema de Justicia Penal por la Secretaría del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Es catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales, catedrático invitado al Diplomado en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y Catedrático en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la SHCP.

Así mismo, el experto es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC, del Consejo Editorial de la revista Derecho Penal Mínimo y asesor e investigador en áreas como: Derecho constitucional, debido proceso legal, prevención y tratamiento delictivo, entre otros cargos que ha desempeñado.

PGJEH cuenta con instrumentos actualizados para el Nuevo Sistema de Justicia Penal

agosto 27, 2014
  • Recibe PGJEH asesoría metodológica y de planeación de Setec
  • Será armonizada la Ley Orgánica del Ministerio Público
  • El personal de la PGJEH está capacitado sobre el NSJP y el CNPP

Pachuca, Hgo.- Subprocuradores y directores de área de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH) fueron convocados por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) con el objetivo de establecer un plan táctico de aplicación del NSJP.

A partir del 18 de noviembre próximo el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) entrará en vigor en Pachuca y se extenderá al resto de la entidad antes de junio de 2016.

Para aplicar instrumentos legales actualizados en este cambio, la PGJEH está preparada, señaló el director general de Justicia Alternativa de la dependencia, Said Escudero Irra, quien abundó que “sólo se debe alinear la Ley Orgánica del Ministerio Público  publicada el 31 de diciembre de 2009, pero está en Vacatio Legis (periodo entre su publicación y su entrada en vigor) en tanto se implementa  el sistema acusatorio”.

procuradurai preparada para el nuevo sistema de justiciaLas adecuaciones serán porque la Ley Orgánica del Ministerio Público fue publicada el 31 de Diciembre de 2009 y el Código Nacional de Procedimientos Penales es de 2014, por lo que, señaló, “es instrucción del procurador Alejandro Straffon  incluir modificaciones que no requieren mucho tiempo”.

Citó que actualmente, agentes del Ministerio Público y peritos están por terminar un curso basado en los cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales y ya están ocupados en la infraestructura necesaria para la transición al nuevo sistema penal.

Al final de la reunión hubo consenso entre los funcionarios de la fiscalía hidalguense para aprobar el plan de trabajo intenso que deberá cumplirse a cabalidad en noviembre próximo, ya que no habrá prórrogas de acuerdo a la indicación presidencial de no atrasar la implementación del SNJP.

Cabe destacar que una empresa consultora contratada por Setec trabaja de la mano con la Procuraduría General de Justicia en el acompañamiento metodológico y de planeación para la implementación del sistema, con base en la experiencia de otros estados que han hecho la transición.

Congreso Local resolverá adecuaciones a disposiciones en materia penal procesal, abrogarán códigos e iniciará Sistema Procesal Acusatorio

agosto 20, 2014

Pachuca, Hgo.- Las y los integrantes de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo fueron convocados al tercer periodo extraordinario de sesiones para resolver la iniciativa de abrogación de los códigos de Procedimientos Penales y el Procesal Penal local, presentada por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad. Además, para realizar la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales e inicio del Sistema Procesal Penal Acusatorio.

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Durante los trabajos de la sesión de la Diputación Permanente se dio a conocer, mediante documentos en cartera, que la Secretaría de Gobierno del Estado ingresó el oficio SG/149/2014. El Poder Ejecutivo local solicitó lo anterior para dar complimiento a las disposiciones federales. El documento se turnó a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia para su dictamen correspondiente, que será presentado este 21 de agosto a las 10:00 horas.

Para dar cumplimiento al tercer periodo de sesiones extraordinarias se eligieron a Rosa Guadalupe Chávez Acosta como presidenta de la mesa directiva, Ismael Gadoth Tapia Benítez como vicepresidente, Juan Carlos Robles Acosta y Luciano Cornejo Barrera como secretarios propietarios, así como Víctor Trejo Carpio y Humberto Alejandro Lugo Guerrero como suplentes.

En Hidalgo trabajamos por una justicia democrática que fortalezca la paz social de las familias: Francisco Olvera

junio 18, 2014

–       Hidalgo marcha por buen camino en la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales: Ma. de los Ángeles Fromow.

Pachuca, Hgo.- Procurar e impartir siempre justicia de manera democrática, que beneficie a las familias hidalguenses, y que ello permita fortalecer la tranquilidad y paz social, es una de las prioridades de la administración que encabeza el gobernador José Francisco Olvera Ruiz; por lo que implementar el Código Nacional de Procedimientos Penales es el mejor camino que debe seguirse, aseguró el mandatario al presidir e inaugurar el V Foro Regional sobre la ejecución de este nuevo ordenamiento legal en el estado.

En el marco de este evento, la secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, María de los Ángeles Fromow Rangel, afirmó que con esta implementación, Hidalgo fija su ruta hacia una justicia que garantice los derechos de todos los ciudadanos.

Explicó que el Código Nacional de Procedimientos Penales cuenta con parámetros de calidad apegados al debido proceso, los cuales procuran la observancia de los derechos procesales del imputado, de la víctima u ofendido del delito; se trabaja, dijo, para que en México, la justicia sea la misma para todos.

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En su mensaje, la funcionaria federal reconoció el compromiso y liderazgo del Ejecutivo hidalguense en el tema, así como su disposición de trabajar coordinadamente con los diferentes poderes de gobierno, con el objetivo de lograr que la población perciba la procuración e impartición de una mejor justicia.

Detalló que ya son siete las entidades federativas las que se suman a la aplicación del ordenamiento jurídico; mientras que las restantes cuentan con dos años como plazo límite para su aplicación, y así consolidar un trabajo de armonización de sus leyes.

“Es importante caminar de la mano; trabajar en la capacitación ardua y continua. Como ha señalado el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, este tema es tarea de todos”, subrayó la titular de la SETEC, al tiempo que manifestó que el Foro Regional contribuirá al proceso de discusión y análisis del contenido en el alcance de esta norma procesal.

Durante su intervención, el gobernador Olvera se pronunció por otorgar la debida importancia que requiere el aspecto económico en este tema, ya que, señaló, “los estados necesitamos de toda una nueva infraestructura para el nuevo sistema de impartición de justicia, la cual tiene un costo y hay que dimensionarla en los respectivos presupuestos”.

De igual forma, reconoció el compromiso que ha demostrado el presidente Enrique Peña en este sentido de procuración de justicia, además de que resaltó que tanto el gobierno federal como el estatal, comparten la convicción de brindar a la ciudadanía tranquilidad y paz social en su entorno.

Recordó que en un mediano plazo, en Hidalgo egresará la primera generación del Instituto Estatal de Formación Profesional de cuerpos policiacos, la cual ya se está  preparando bajo el perfil del nuevo sistema de justicia penal.

Se dijo convencido de que este quinto foro, en el cual participan delegaciones de Querétaro, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Estado de México, Hidalgo, Distrito Federal, Guerrero y Oaxaca, contribuirá a fortalecer las instituciones involucradas en el tema y con ello se logrará mejorar muchas acciones en la procuración e impartición de justicia a nivel nacional.

Al respecto, la senadora Arely Gómez González, representante de la Cámara Alta ante el Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, explicó que con esta acción se pretende que todos los mexicanos tengan acceso a un sistema de justicia de calidad, moderno, accesible, imparcial e igualitario.

Por su parte, el director de la Organización de la Sociedad Civil “México S.O.S.”, Orlando Camacho Nacenta, destacó la voluntad política del mandatario Francisco Olvera de ocuparse y trabajar en este tema; el cual, indicó, no sebe abordarse sólo por cumplirlo.

“Para que verdaderamente funcione la implementación de este nuevo código y sistema, necesitamos planeación y tomar con seriedad la reforma paralela, la cual es todo aquello que no es jurídico, como las disciplinas complementarias; calidad en los servicios; planeación en el presupuesto; reingeniería en los procesos y rotación del personal, entre otras acciones”, declaró Camacho Nacenta.

En este sentido, el director de México S.O.S., reconoció la visión de gobierno que encabeza Francisco Olvera, y su trabajo de reconciliación entre la norma con la práctica, “porque una práctica correcta, a través de lo que implica la reforma paralela, es la base real para la funcionalidad de la impartición del nuevo sistema de justicia penal”, finalizó.

Cabe mencionar que el evento estuvo organizado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, el Poder Judicial de la Federación y la Procuraduría General de la República, y con la cooperación internacional de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales

marzo 4, 2014

El Presidente de la República, en uso de sus facultades constitucionales, promulgó el decreto por el cual se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual definió como “uno de los cambios jurídicos más relevantes, en las últimas décadas”.

De 33 Códigos que hay en el país, cada uno con distintas reglas para el desahogo de un juicio penal, ahora habrá un código único, que será válido en todo el territorio nacional, de esta forma, todos los procesos penales se llevarán a cabo bajo las mismas reglas, fortaleciendo así la solidez del Estado de Derecho.

Este Código será “un ordenamiento jurídico que tiene, como factores centrales: la protección de la víctima; el respeto a sus derechos; la presunción de inocencia; la reparación del daño y el respeto al debido proceso”, añadió.

Con la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, inicia una nueva etapa en la vida jurídica del país. Es también una gran oportunidad, para que las instituciones de procuración e impartición de justicia, se modernicen y recuperen la confianza ciudadana a partir de resultados.

Con la presencia de procuradores y procuradoras de todo el país, así como presidentes de los Tribunales superiores de Justicia, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, anunció  “la creación de mecanismos o instrumentos para la protección y defensa de los  derechos y de una nueva forma de hacer justicia, de lograr un sistema penal eficaz, asequible, transparente, armónico con la realidad el tiempo de nuestro país, afín a los más altos estándares establecidos en materia de protección de los derechos fundamentales”

Explicó que este nuevo ordenamiento  “define con precisión competencias ante los distintos actores del proceso penal, impacta en la investigación de los delitos para darle peso a la investigación previa, científica, genera las condiciones para un mejor procedimiento, entiende, define y protege los derechos de las víctimas y de toda persona sujeta a proceso penal”.

“Como parte de esta gran transformación, hoy el Presidente de la República promulga un Código Único que regula el procedimiento penal para todo el país, viejo reclamo que el Presidente tomó en su campaña como compromiso y que hoy se convierte en realidad”, señaló el abogado de la Nación.

El Código Nacional de Procedimientos Penales que hoy se promulga, es la expresión de conceptos y visiones compartidas que abrevan de la experiencia nacional e internacional y que buscan, como he dicho, definir el procedimiento por el que se procurará y administrará justicia bajo los principios y el espíritu convenidos en la Reforma Constitucional que les dio origen.

El Código representa un avance sustancial con reglas y procedimientos claros. Con principios y derechos reconocidos, se adecúa a una realidad que exige procesos judiciales trasparentes ágiles y certeros.

El nuevo sistema demanda la evolución y modificación no solo de las leyes, no solo de las normas, requiere fundamentalmente cambios en los procesos y las personas, requiere de nuevas formas en el ejercicio de las funciones de policías, ministerios públicos, jueces, defensores, requiere de un cambio cultural y cambio cultural pleno para logra el verdadero objetivo de este código es indispensable el cambio de actitudes, valores, prácticas, solo con ello podrá darse la verdadera transformación.

Más de 30 mil millones de pesos costará la implementación del nuevo sistema de justicia penal

febrero 25, 2014

Por José Antonio Naciff Roldán

Pachuca, Hgo., Febrero 25.-De 30 a 35 mil millones de pesos le costará a México desarrollar infraestructura que le permita implementar el nuevo sistema de Justicia Penal , que obligará a los congresos de todos los estados del país a cambiar entre 20 y 25 ordenamientos legales.

Este modelo deberá iniciar sus funciones durante el mes de junio del año 2016, permitirá que errores judiciales cometidos por exceso o por dolo contra imputados se investiguen y sancionen por parte de la judicatura del estado correspondiente.

Sin embargo advirtió el Presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso de la Unión –José Alberto Rodríguez Calderón- el cambio no será fácil.

Esto se debe –dijo- a que el actual Código de Procedimientos Penales está por cumplir casi 100 años, por lo que al implementarse el nuevo esquema las cosas tendrán que verse de manera diferente, al ser parte de una reeducación social.

Al presentar en la ciudad de Pachuca el Código Nacional de Procedimientos Penales, el diputado federal afirmó que en este año el Congreso de la Unión aprobó recursos económicos por cinco mil 500 millones de pesos, para dividirse en el todo el país, para que con eso se logre un avance importante en el nuevo sistema de justicia penal.

Y explicó en qué se aplicarán estos recursos:

“Se aplicarán principalmente en aspectos de infraestructura y de capacitación, pero es importante comentar que el Gobierno Federal estará gastando aproximadamente la misma cantidad tanto en el año 2015 donde se va a incrementar incluso y del año 2016. Se estima que este nuevo sistema para que pueda ya estar implementado en el país aproximadamente de 30 a 35 mil millones de pesos”.

El legislador destacó que para implementar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales se deberán actualizar leyes, tanto a nivel federal como en todas las entidades federativas de México.

“Hemos hecho un cálculo desde el Consejo Nacional Para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia aproximado de que son de 20 a 25 leyes que en las diferentes entidades federativas se tienen que cambiar”.

Dijo que esto implica la obligación de todos los legisladores a estar integrados y coordinados al 100 por ciento, para que se logre una coordinación adecuada.

Entre las leyes a reformarse citó a los códigos procesales que a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales dejarán de tener vigencia; la ley orgánica de los poderes judiciales; la ley orgánica del Ministerio Público; la ley orgánica de las procuradurías de justicia estatales; la ley de defensoría pública; en materia de víctimas y de menores de edad.

Rodríguez Calderón subrayó que el trabajo iniciará de inmediato a través de un consejo técnico, luego de que se firmara en la Secretaría de Gobernación Federal que encabeza Miguel Angel Osorio Chong, el Convenio de Cooperación y Coordinación Legislativa.

“El nuevo sistema va para adelante y no habrá plazos perentorios ni prórrogas. Se aplicará en el País a partir de junio de 2016”, finalizó.

Presentarán en Hidalgo el Código Único Nacional de Procedimientos Penales

febrero 19, 2014

–          El Código que regirá al país propiciará que se uniformen criterios en la materia

–          Ofrecerá conferencia el  diputado federal, José Alberto Rodríguez Calderón

–          Barra de Abogados organiza conferencia para que abogados estudien el nuevo ordenamiento

–          Primer Informe Anual de Actividades Consejo Directivo 2013-2015

Pachuca, Hgo.- Con motivo de la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales, los abogados tendrán que capacitarse en la materia, a fin de conocer los ajustes y criterios que se han establecido en este documento que regirá a todo el país, señaló Francisco Martínez Ballesteros, Presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados del Estado de Hidalgo.

Para dar a conocer este código único, este colegio organiza la presentación, por primera vez de este instrumento legal en territorio estatal, a través de la ponencia que dictará José Alberto Rodríguez Calderón, diputado federal y secretario de las comisiones de Justicia y Seguridad Pública en la Cámara de Diputados

“Vamos a hacer una labor intensa para dar a conocer el contenido de este código único, pero también nos vamos a concentrar en estudiarlo, como barristas trabajamos para contribuir a buscar un estado donde predomine seguridad y justicia”, planteó Francisco Martínez.

La presentación del diputado federal y también barrista, se realizará el próximo 24 de febrero en el marco del Primer Informe de Actividades de Francisco Martínez Ballesteros como presidente de este colegio, se realizará a las 18:00 horas en el auditorio de la Universidad La Salle, campus La Luz, la entrada es libre y está abierta al público en general.

El presidente de la Barra en Hidalgo, calificó como trascendente la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales, anteriormente se contaba con un código por cada entidad federativa  y uno a nivel nacional y con un código único se uniformarán los criterios, esto va generar que la justicia esté bajo las mismas reglas para toda la república mexicana.

“Habrá una impartición de justicia similar para los estados, esto también va traer como consecuencia que los criterios que se establezcan de la interpretación que haga la Suprema Corte de Justicia sean válidos para todo el país”.

Consideró que esto va propiciar que se tenga una visión más uniforme en materia penal, indicó que con legislaciones diferentes se presenta un fenómeno: que la delincuencia se concentre en algunos estados, dado que quienes cometen los delitos sabían donde había mayor rechazo social hacia ciertas conductas delictivas.