Escribiendo Derecho
Por el Lic. Rafael Souverbille García**
El Derecho Penal evoluciona constantemente, máxime aún al día de hoy y para nosotros los abogados que convivimos con él diariamente. Tendremos que aprender un lenguaje jurídico distinto y analizarlo desde otra perspectiva, la garantista, puesto que en nuestro actuar cotidiano vamos olvidando, poco a poco, que en realidad a quienes nos debemos es a los ciudadanos en general, que por una u otra razón se ven en la necesidad de participar en el campo del procedimiento penal.
El 18 de junio del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional al sistema de justicia penal, reforma que es sin duda la más importante en su género en cuanto a Justicia Criminal se trata, y lleva implícita una restructuración casi por completo de nuestro sistema de justicia penal, encaminándolo de un sistema predominantemente inquisitivo a otro predominantemente acusatorio. Es por ello que conlleva grandes cambios en la forma de administración e impartición de justicia, la forma de litigar el derecho penal, y aun en la forma de prevenir, regular y castigar los delitos.
Para ningún ciudadano es ajeno el hecho de que nuestro sistema de justicia penal en la actualidad resulta insatisfactorio y requiere por supuesto de una total restructuración. La criminalidad ha dado pasos agigantados en el dominio de nuestro territorio, la vulneración de nuestros derechos y en la conciencia de nuestra seguridad, puesto que tal vez sin restricción alguna de las autoridades, nos privamos de salir a la calle por temor a la ola de violencia que se vive afuera. A pesar de tener la posibilidad económica, la gente no ostenta lujos por temor a que le sean arrebatados; en fin, los temores o miedos a perder el patrimonio o la vida misma han inundado a la sociedad.
Sin embargo, en aras de esa lucha contra la delincuencia no podemos dejar de lado los derechos fundamentales de las personas que, por una o por otra circunstancia, adquieran la figura del imputado en nuestro sistema de justicia, puesto que en base al principio y derecho fundamental de “Presunción de Inocencia” deben ser tratados como tal, hasta el momento en que el Estado haya podido probar eficazmente su culpabilidad, plasmada en una sentencia firme.
La evolución del derecho penal internacional toca ahora las puertas de nuestro derecho penal nacional, puesto que México ha seguido la tendencia Latinoamericana de adoptar el sistema de justicia de corte acusatorio. La pregunta, entonces, resulta ser ¿cuál es el camino correcto que debemos seguir para implementar de forma eficaz el Sistema de Justicia Acusatorio y Oral en nuestra sociedad?
En los últimos dos años, hemos escuchado un sinfín de opiniones sobre el mencionado sistema de justicia penal, sobre sus bondades y también sobre sus defectos. Hemos podido poner bajo la lupa a los países que ya lo han implantado, ya tenemos en la mira ese “traje tan elegante, de perfecto corte” para un Estado democrático de derecho que acaban de estrenar nuestros países hermanos. En cambio, no podemos dejar de recordar que no está hecho a nuestra medida, sino a la de los que lo están vistiendo, puesto que ha sido implementado conforme a sus propias necesidades y políticas; por lo cual, si el traje es el que nos ha gustado, debemos crear uno a nuestra medida, con base en la problemática actual que vivimos y al pensamiento y aceptación de nuestra sociedad.
Tal vez ya tenemos ideas claras sobre las herramientas que debemos utilizar para confeccionar nuestro traje, mucho se habla en la actualidad de la “Reforma Constitucional del 18 de junio del 2008”, sobre las leyes que debemos crear, las que deben realizarse de nueva creación, los nuevos paradigmas como lo son las salidas alternas al juicio oral; se está planteando como uno de los principales problemas la capacitación de los operadores del sistema acusatorio y, por supuesto, la infraestructura como lo son las Salas de Oralidad con las que se debe contar para terminar de revestir el sistema y la nueva política criminal de nuestro Estado.
Soy un convencido de la necesidad de un cambio en nuestro sistema de política criminal. Considero fundamental estar acorde a las exigencias tanto internacionales, como de la propia evolución de nuestra sociedad, y pienso que la adopción del sistema de justicia acusatorio en nuestro país, es uno de los principales pasos para la solución de la problemática criminal que nos aqueja en la actualidad. Aunque aquí creo pertinente aclarar que el sistema acusatorio no será la panacea para todos nuestros problemas criminales: el sistema no es de prevención del delito, sino por el contrario es para justiciar los que se realicen; es decir, el sistema no terminará con la criminalidad, sino buscará que se castigue a los verdaderos criminales.
Por el contrario, no estoy de acuerdo con quienes piensan que lo único que se necesita para la efectividad del sistema es la creación y modificación de las leyes y capacitar a los operadores del mismo, puesto que si bien es necesario crear y modificar normas y capacitar a los operadores, ello sólo forma parte de un todo necesario. La implementación del sistema acusatorio en nuestro país debe ser de manera integral para su efectiva finalidad; esto es, debemos ser incluyentes de todos y cada uno de los puntos necesarios para nuestro fin, como lo son: una base normativa sustentada en leyes secundarias coherentes y acorde a lo estructurado en nuestra Ley Suprema, un sistema protector de las garantías individuales de la sociedad, las estructuras necesarias para lo que se busca, lugares acordes a la actividad de la justicia y la procuración de la misma, la selección y capacitación de los operadores en los campos requeridos para que conduzcan a una verdadera justicia efectiva que discrimine a los inocentes de los delincuentes y proteja a la víctima de un ilícito penal y, lo principal, considerar a nuestra sociedad como base y usuaria del sistema, procurando su aceptación y explicando su funcionamiento, en base a la cultura de nuestro país.
Es por las consideraciones anteriores, que en el presente, pretendo enfocar lo que considero el mayor reto para la efectiva implementación del sistema de justicia acusatorio adversarial en nuestro país.
El reto cultural, pienso, es el más importante y complicado de lograr en la implementación de este sistema de justicia, y el cual ha sido el menos considerado y tratado por los organismos encargados de la implementación, puesto que estamos más preocupados por las leyes que hay que crear, o las salas de oralidad que habrá que construir y quiénes serán los operadores del sistema, sin atender la percepción de los usuarios del mismo para quienes se ha creado e instaurado.
Resulta en demasía complicado cambiarle a la sociedad la percepción con la que al día de hoy mira a los supuestos delincuentes, que en muchos de los casos ni siquiera han sido juzgados todavía, ¿cómo explicarle a las víctimas de un delito que no habrá cárcel inmediata para su agresor, pero ello no significa que no será penalizado? Ese, pienso, es el verdadero reto de la reforma, hacer ver a la sociedad lo benéfico de este procedimiento penal, antes de que lo perciban erróneamente.
* Texto originalmente publicado en la revista Sociedad y Justicia, número 13.
**Juez Segundo Penal de Tulancingo
@Habla_Derecho
@TSJHidalgo
www.facebook.com/ProgramaHablandoDerecho
http://www.facebook.com/TribunalSuperiorHidalgo
