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Tú marcarás la diferencia legislativa, dijeron transportistas priístas y líderes ciudadanos a Edith Avilés

julio 2, 2013

Mixquiahuala de Juárez, Hgo.- Transportistas afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Industria del Autotransporte (STIAT) de Mixquiahuala, aseguraron que “somos personas de trabajo, que afianzaremos el triunfo de Edith Avilés Cano en el distrito de Actopan”.

“Tú vas a marcar la diferencia legislativa. Edith, eres una mujer que conoce las necesidades de Mixquiahuala”, aseguraron dirigentes transportistas, miembros de las agrupaciones Yo Amo Mixquiahuala y Sembrando Futuro, entre otras organizaciones.

“Edith, tienes ganada nuestra confianza por tu convicción de servicio y resultados en la gestoría para obras y acciones. Sabemos que tocarás las puertas de las instancias federales y estatales para mejorar la calidad de vida de la población del distrito”, a lo que la candidata respondió que será la voz del pueblo.

“Soy del pueblo y para el pueblo. Me muero en la raya por el pueblo. Seré responsable con mis compromisos de campaña. Seré también la diputada amiga de los niños y los jóvenes”, empeñó.

Mario Cruz Cruz, líder de la asociación civil Sembrando Futuro, argumentó que Edith Avilés responderá con iniciativas de ley a los retos de la globalización y el surgimiento de corrientes políticas que aglutinan a líderes de opinión, formados bajo nuevos esquemas de organización.

“Edith presentará proyectos de ley para disminuir los rezagos sociales y tender puentes de comunicación entre los nuevos liderazgos de organizaciones plurales y críticas, constituidas por ciudadanos propositivos, conscientes de la responsabilidad compartida del ejercicio de gobernar”, indicó el dirigente ciudadano.

Proponen legisladores avanzar hacia la plena igualdad de género mediante la adopción de un lenguaje incluyente

junio 16, 2013

Palacio Legislativo. México, D.F.- Los diputados de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, se pronunciaron en contra del ‘sexismo lingüístico’, ya que es una forma de invisibilizar o violentar a las mujeres, y propusieron eliminar este uso del lenguaje en la redacción de cualquier normatividad.

Estos son parte de sus argumentos en la exposición de motivos para adicionar la fracción VII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, iniciativa presentada ante el pleno de la Comisión Permanente.

La propuesta, ya turnada a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, estipularía que la política nacional del Ejecutivo debe considerar que “en las prácticas y la comunicación social de las dependencias públicas, así como en los medios de electrónicos e impresos, se eliminen estereotipos sexistas y discriminatorios e incorporen un lenguaje incluyente”.

“Para eliminar el sexismo del lenguaje –apuntan- es necesario que se lleve a cabo un proceso de concientización sobre la forma en que los estereotipos y formas androcéntricas se encuentran presentes en el lenguaje cotidiano, pues la utilización del masculino genérico es uno de los fenómenos que más contribuye a la invisibilización de las mujeres”.

Los diputados explicaron que también se da el “androcentrismo lingüístico”, el cual se presenta como el uso del masculino como genérico, es decir, se toma como sujeto principal al hombre dentro del vocabulario.

“Al considerarse al varón como imagen de lo humano en general, introducimos una valoración de género: el varón y lo masculino, representaría al ser humano universal, completo, el paradigma, el modelo. Esto significa presentar a la mujer y a lo femenino como particular, imperfecta, incompleta, es decir, como inferior al hombre”, sostuvieron.

Estos factores –señalan- han hecho parecer que el hombre es el único actor de todos los hechos o circunstancias que se pretenden comunicar, lo que genera sobrevaloración para la identidad masculina.

Por tales motivos, los diputados de Movimiento Ciudadano urgieron en la necesidad de incorporar en la legislación aplicable en materia de igualdad entre mujeres y hombres, acciones que vayan encaminadas a eliminar el uso del masculino como referente, como falso universal, y a introducir el papel de la mujer en el discurso, para que refleje la realidad.

“La utilización de un lenguaje no sexista –subrayan- brota como una medida excepcional para abonar mayor credibilidad a las relaciones de igualdad entre los integrantes de la sociedad, así como, una oportunidad para ir reduciendo espacios de desigualdad, e incorporar una perspectiva de género”.

La finalidad de esta iniciativa será “conseguir la utilización de un lenguaje incluyente y eficaz que inserte a las mujeres y las haga visibles. Lo anterior, para evitar ambigüedades o confusiones y de esta manera que el reconocimiento de sus derechos o de las restricciones a las que se encuentran sujetas sea efectivo”, agregaron los legisladores.

Aprobó la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, punto de acuerdo propuesto por el diputado federal Víctor Velasco

junio 16, 2013

*Exhortan a Congresos Locales formular iniciativas y comisiones de Participación Ciudadana.

México, D.F.- Por votación unánime, los diputados y senadores que integran la Comisión Permanente, aprobaron el punto de acuerdo que presentó el diputado federal Víctor Velasco Orozco para que se exhorte a los ejecutivos y congresos estatales a que establezcan iniciativas de ley y comisiones legislativas en materia de Participación Ciudadana.

Con este punto de acuerdo se avanzará en la construcción del sistema jurídico nacional que permita el acceso de la ciudadanía a nuevos mecanismos de participación pública.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, efectuada en el Senado de la Republica, el diputado Alfonso Durazo Montaño, inscribió́ una reserva para hablar al respecto.

“Felicito al Diputado Víctor Velasco Orozco, del PRI, por esta iniciativa. Lo hago porque pertenezco a un movimiento social cuyas bases están cimentadas en la participación ciudadana y en el ejercicio real de la soberanía popular”, expresó textualmente el legislador del partido Movimiento Ciudadano.

Durango, Jalisco y Nuevo León, son los únicos estados que cuentan en sus Congresos locales con Comisiones Legislativas de Participación Ciudadana.
Prácticamente, la mitad de las entidades del país, carecen de una ley local de inclusión ciudadana.

En este sentido, Velasco Orozco, precisó que se debe impulsar estos cambios de fondo en nuestro sistema político para que se refleje en los ámbitos locales.

“Es fundamental que las prácticas democráticas participativas, alcancen a todos los órdenes de gobierno y a todos los sectores de la sociedad”, expresó el legislador hidalguense.

Agregó que es fundamental avanzar en la generación de legislaciones que impulsen y reglamenten la participación directa de la ciudadanía.

Álvaro Miranda legislará por un mayor presupuesto para la salud y seguridad social

mayo 29, 2013
  • Centros de Salud Comunitarios sin médicos de planta
  • Servicio con calidad y calidez humana
  • Mayor presupuesto para construcción y rehabilitación de clínicas y hospitales
  • Estrategia para disminuir la brecha entre áreas rurales y urbanas

Pachuca, Hgo.- Es necesario incrementar los presupuestos para el rubro de Salud, a fin de que los servicios médicos y medicamentos sean totalmente gratuitos para atender a la población no asegurada, ya que actualmente el sistema de salud no da abasto a toda la población, principalmente en las comunidades alejadas, manifestó el candidato de Movimiento Ciudadano por el distrito V con cabecera en Tepeji del Río, Álvaro Miranda Pineda.

La falta de servicios médicos es una de las necesidades más sentidas de la gente de este distrito y del estado en general, ya que en algunas localidades apenas se cuenta con Centros de Salud Comunitarios y no tienen medico de planta, al igual la escases de medicamento obliga a las personas a desembolsar un recurso que no tenían contemplado para comprar sus medicinas o bien si no tienen dinero no se atienden y en casos llegan a poner en riesgo su vida.

Señaló que de llegar al Congreso del Estado, trabajará para reformar la Ley de Salud para hacer efectiva la obligación del estado de proporcionar las condiciones para que la población ejerza su derecho a la salud y a la seguridad social.

Así mismo, se deben modificar las leyes para propiciar que las instituciones públicas de salud logren coordinación y eficiencia, disminuir la corrupción y fomentar una nueva cultura institucional de servicio público, con calidad y calidez humana.

Sin embargo, también es necesaria mayor infraestructura, por lo que pugnará por mayores presupuestos para construcción y rehabilitación de clínicas y hospitales, a fin de poder cubrir la demanda de atención médica en los diferentes municipios.

Finalmente, el aspirante a diputado local aseveró que promoverá una estrategia estatal que permita reducir la brecha entre el servicio brindado en las áreas rurales y las urbanas.

Los niños siempre serán nuestra prioridad: Omar Fayad

abril 28, 2013
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Pachuca, Hgo.- En el marco de los festejos del Día del niño, el Senador de la República por Hidalgo, Omar Fayad, en la comunicad del Fitzhi, Municipio de Ixmiquilpan, ante más de cuatro mil de niños indígenas y de la cabecera municipal señalo que “los niños siempre serán una prioridad porque para eso trabajan todos los días desde su trinchera en el Congreso de la Unión, haciendo leyes que mejoren las condiciones de vida de la gente, que sirvan para un mejor desarrollo económico del país, y leyes para que los niños tengan una mejor educación, porque  así es como se cumple con el compromiso ciudadano”.

Avanza notificación y capacitación de ciudadanos insaculados para que participen en las próximas elecciones en Hidalgo

abril 26, 2013

Pachuca, Hgo.- En la segunda sesión ordinaria del mes de abril que llevó a cabo el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, El Consejero, Joaquín García Hernández, Presidente de la Comisión de Capacitación y Educación Cívica informó que con corte al 25 de abril, se lleva un avance de notificación del 99.56% y en capacitación es de 97.46% de los ciudadanos insaculados. García Hernández, resalto que de un universo de 289 mil 226 ciudadanos seleccionados faltan únicamente 1285 por notificar. Y en lo que se refiere a la capacitación los mínimos requeridos son 41, 388, faltando 1053 personas por capacitar en algunas secciones.

Así mismo la Comisión especial de Precampañas comunicó ante el pleno del consejo que con fecha 15 de abril del presente año, el Partido Revolucionario Institucional, presentó documentación en la cual informó sobre el inicio de su Proceso Partidista de Selección y Postulación de Candidatos de los distritos I, II, IV, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII Y XVIII.

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Por otra parte, se informó que con fecha 12 de abril del año en curso, el Partido Nueva Alianza, comunicó a esta Comisión Especial de Precampañas, los nombres de los precandidatos para el cargo de Diputados Locales.

De igual manera, se informó a este Consejo General, que con fecha 23 de abril de la presente anualidad, el Partido Movimiento Ciudadano, notificó a esta Comisión Especial de Precampañas, los nombres de los precandidatos que obtuvieron dictamen de procedencia de registro para el cargo de Diputados Locales por ambos principios.

Así mismo, se da cuenta a este Consejo General, que con fecha 22 de abril del presente año, la Lic. Ericka Olvera Guerrero, en su carácter de representante del Partido de la Revolución Democrática ante la Comisión de Auditoría y Fiscalización de dicho instituto partidista, presentó el informe de gastos que realizaron los precandidatos, mismos que fueron remitidos a la comisión de Auditoría y Fiscalización del Instituto Estatal Electoral, a efecto de que en auxilio de esta Comisión Especial, informe si los mismos se ajustan a lo estipulado por el artículo 168 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo.

En la Sesión, también se aprobó el dictamen relativo a la metodología a seguir para llevar a cabo el monitoreo de tiempos en radio y televisión, presentado por la presidenta de la Comisión Isabel Sepúlveda Montaño; que se utilizará durante las campañas electorales de los candidatos a diputados locales.

Por unanimidad de los Consejeros Electorales se aprobaron a las empresas seleccionadas, que llevarán a cabo la elaboración de la Documentación y Material Electoral, para el día de la jornada, las cuales son:

Material Electoral: Diseño Reconstrucción y Comunicación S.A de C.V.

Documentación Electoral: Formas Inteligentes S.A de C.V.

El Secretario General Francisco Vicente Ortega Sánchez, entregó a los miembros del Consejo General un estudio para analizar, y en su momento definir el número de casillas extraordinarias a instalarse durante las próximas elecciones, tomando en consideración las 140 casillas utilizadas en la pasada elección federal del 2012.  Sugiriendo el incremento de 21 casillas más, para llegar a un total de 161 casillas a utilizar el próximo 07 de julio, mismas que tendrán que ser aprobadas por los Consejos Distritales.

En la misma sesión se dijo que el Instituto Estatal Electoral había recibido 34 solicitudes de observadores electorales, mismos que fueron aprobadas.

Antes de finalizar la sesión, El Consejero Presidente Mario Ernesto Pfeiffer Islas, en uso de la palabra, aprovecho para reconocer el trabajo que la coordinación de capacitación del organismo está llevando a cabo.

En asuntos generales, en voz del profesor Vicente Ortega Sánchez, presentó el informe final de ingresos y egresos por actividad general de los partidos políticos durante el ejercicio 2012, y de acuerdo al artículo 45 de la ley electoral se publicará en la página web del Instituto Estatal Electoral

El verdadero reto del sistema acusatorio *

abril 10, 2013

Escribiendo Derecho

Escribiendo+DerechoPor el Lic. Rafael Souverbille García**

El Derecho Penal evoluciona constantemente, máxime aún al día de hoy y para nosotros los abogados que convivimos con él diariamente. Tendremos que aprender un lenguaje jurídico distinto y analizarlo desde otra perspectiva, la garantista, puesto que en nuestro actuar cotidiano vamos olvidando, poco a poco, que en realidad a quienes nos debemos es a los ciudadanos en general, que por una u otra razón se ven en la necesidad de participar en el campo del procedimiento penal.

El 18 de junio del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional al sistema de justicia penal, reforma que es sin duda la más importante en su género en cuanto a Justicia Criminal se trata, y lleva implícita una restructuración casi por completo de nuestro sistema de justicia penal, encaminándolo de un sistema predominantemente inquisitivo a otro predominantemente acusatorio. Es por ello que conlleva grandes cambios en la forma de administración e impartición de justicia, la forma de litigar el derecho penal, y aun en la forma de prevenir, regular y castigar los delitos.

Para ningún ciudadano es ajeno el hecho de que nuestro sistema de justicia penal en la actualidad resulta insatisfactorio y requiere por supuesto de una total restructuración. La criminalidad ha dado pasos agigantados en el dominio de nuestro territorio, la vulneración de nuestros derechos y en la conciencia de nuestra seguridad, puesto que tal vez sin restricción alguna de las autoridades, nos privamos de salir a la calle por temor a la ola de violencia que se vive afuera. A pesar de tener la posibilidad económica, la gente no ostenta lujos por temor a que le sean arrebatados; en fin, los temores o miedos a perder el patrimonio o la vida misma han inundado a la sociedad.

Sin embargo, en aras de esa lucha contra la delincuencia no podemos dejar de lado los derechos fundamentales de las personas que, por una o por otra circunstancia, adquieran la figura del imputado en nuestro sistema de justicia, puesto que en base al principio y derecho fundamental de “Presunción de Inocencia” deben ser tratados como tal, hasta el momento en que el Estado haya podido probar eficazmente su culpabilidad, plasmada en una sentencia firme.

La evolución del derecho penal internacional toca ahora las puertas de nuestro derecho penal nacional, puesto que México ha seguido la tendencia Latinoamericana de adoptar el sistema de justicia de corte acusatorio. La pregunta, entonces, resulta ser ¿cuál es el camino correcto que debemos seguir para implementar de forma eficaz el Sistema de Justicia Acusatorio y Oral en nuestra sociedad?

En los últimos dos años, hemos escuchado un sinfín de opiniones sobre el mencionado sistema de justicia penal, sobre sus bondades y también sobre sus defectos. Hemos podido poner bajo la lupa a los países que ya lo han implantado, ya tenemos en la mira ese “traje tan elegante, de perfecto corte” para un Estado democrático de derecho que acaban de estrenar nuestros países hermanos. En cambio, no podemos dejar de recordar que no está hecho a nuestra medida, sino a la de los que lo están vistiendo, puesto que ha sido implementado conforme a sus propias necesidades y políticas; por lo cual, si el traje es el que nos ha gustado, debemos crear uno a nuestra medida, con base en la problemática actual que vivimos y al pensamiento y aceptación de nuestra sociedad.

Tal vez ya tenemos ideas claras sobre las herramientas que debemos utilizar para confeccionar nuestro traje, mucho se habla en la actualidad de la “Reforma Constitucional del 18 de junio del 2008”, sobre las leyes que debemos crear, las que deben realizarse de nueva creación, los nuevos paradigmas como lo son las salidas alternas al juicio oral; se está planteando como uno de los principales problemas la capacitación de los operadores del sistema acusatorio y, por supuesto, la infraestructura como lo son las Salas de Oralidad con las que se debe contar para terminar de revestir el sistema y la nueva política criminal de nuestro Estado.

Soy un convencido de la necesidad de un cambio en nuestro sistema de política criminal. Considero fundamental estar acorde a las exigencias tanto internacionales, como de la propia evolución de nuestra sociedad, y pienso que la adopción del sistema de justicia acusatorio en nuestro país, es uno de los principales pasos para la solución de la problemática criminal que nos aqueja en la actualidad. Aunque aquí creo pertinente aclarar que el sistema acusatorio no será la panacea para todos nuestros problemas criminales: el sistema no es de prevención del delito, sino por el contrario es para justiciar los que se realicen; es decir, el sistema no terminará con la criminalidad, sino buscará que se castigue a los verdaderos criminales.

Por el contrario, no estoy de acuerdo con quienes piensan que lo único que se necesita para la efectividad del sistema es la creación y modificación de las leyes y capacitar a los operadores del mismo, puesto que si bien es necesario crear y modificar normas y capacitar a los operadores, ello sólo forma parte de un todo necesario. La implementación del sistema acusatorio en nuestro país debe ser de manera integral para su efectiva finalidad; esto es, debemos ser incluyentes de todos y cada uno de los puntos necesarios para nuestro fin, como lo son: una base normativa sustentada en leyes secundarias coherentes y acorde a lo estructurado en nuestra Ley Suprema, un sistema protector de las garantías individuales de la sociedad, las estructuras necesarias para lo que se busca, lugares acordes a la actividad de la justicia y la procuración de la misma, la selección y capacitación de los operadores en los campos requeridos para que conduzcan a una verdadera justicia efectiva que discrimine a los inocentes de los delincuentes y proteja a la víctima de un ilícito penal y, lo principal, considerar a nuestra sociedad como base y usuaria del sistema, procurando su aceptación y explicando su funcionamiento, en base a la cultura de nuestro país.

Es por las consideraciones anteriores, que en el presente, pretendo enfocar lo que considero el mayor reto para la efectiva implementación del sistema de justicia acusatorio adversarial en nuestro país.

El reto cultural, pienso, es el más importante y complicado de lograr en la implementación de este sistema de justicia, y el cual ha sido el menos considerado y tratado por los organismos encargados de la implementación, puesto que estamos más preocupados por las leyes que hay que crear, o las salas de oralidad que habrá que construir y quiénes serán los operadores del sistema, sin atender la percepción de los usuarios del mismo para quienes se ha creado e instaurado.

Resulta en demasía complicado cambiarle a la sociedad la percepción con la que al día de hoy mira a los supuestos delincuentes, que en muchos de los casos ni siquiera han sido juzgados todavía, ¿cómo explicarle a las víctimas de un delito que no habrá cárcel inmediata para su agresor, pero ello no significa que no será penalizado? Ese, pienso, es el verdadero reto de la reforma, hacer ver a la sociedad lo benéfico de este procedimiento penal, antes de que lo perciban erróneamente.

* Texto originalmente publicado en la revista Sociedad y Justicia, número 13.

**Juez Segundo Penal de Tulancingo

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El verdadero reto del sistema acusatorio *

diciembre 4, 2012

Escribiendo DerechoEscribiendo Derecho

Por el Lic. Rafael Souverbille García**

El Derecho Penal evoluciona constantemente, máxime aún al día de hoy y para nosotros los abogados que convivimos con él diariamente. Tendremos que aprender un lenguaje jurídico distinto y analizarlo desde otra perspectiva, la garantista, puesto que en nuestro actuar cotidiano vamos olvidando, poco a poco, que en realidad a quienes nos debemos es a los ciudadanos en general, que por una u otra razón se ven en la necesidad de participar en el campo del procedimiento penal.

El 18 de junio del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional al sistema de justicia penal, reforma que es sin duda la más importante en su género en cuanto a Justicia Criminal se trata, y lleva implícita una restructuración casi por completo de nuestro sistema de justicia penal, encaminándolo de un sistema predominantemente inquisitivo a otro predominantemente acusatorio. Es por ello que conlleva grandes cambios en la forma de administración e impartición de justicia, la forma de litigar el derecho penal, y aun en la forma de prevenir, regular y castigar los delitos.

Para ningún ciudadano es ajeno el hecho de que nuestro sistema de justicia penal en la actualidad resulta insatisfactorio y requiere por supuesto de una total restructuración. La criminalidad ha dado pasos agigantados en el dominio de nuestro territorio, la vulneración de nuestros derechos y en la conciencia de nuestra seguridad, puesto que tal vez sin restricción alguna de las autoridades, nos privamos de salir a la calle por temor a la ola de violencia que se vive afuera. A pesar de tener la posibilidad económica, la gente no ostenta lujos por temor a que le sean arrebatados; en fin, los temores o miedos a perder el patrimonio o la vida misma han inundado a la sociedad.

Sin embargo, en aras de esa lucha contra la delincuencia no podemos dejar de lado los derechos fundamentales de las personas que, por una o por otra circunstancia, adquieran la figura del imputado en nuestro sistema de justicia, puesto que en base al principio y derecho fundamental de “Presunción de Inocencia” deben ser tratados como tal, hasta el momento en que el Estado haya podido probar eficazmente su culpabilidad, plasmada en una sentencia firme.

La evolución del derecho penal internacional toca ahora las puertas de nuestro derecho penal nacional, puesto que México ha seguido la tendencia Latinoamericana de adoptar el sistema de justicia de corte acusatorio. La pregunta, entonces, resulta ser ¿cuál es el camino correcto que debemos seguir para implementar de forma eficaz el Sistema de Justicia Acusatorio y Oral en nuestra sociedad?

En los últimos dos años, hemos escuchado un sinfín de opiniones sobre el mencionado sistema de justicia penal, sobre sus bondades y también sobre sus defectos. Hemos podido poner bajo la lupa a los países que ya lo han implantado, ya tenemos en la mira ese “traje tan elegante, de perfecto corte” para un Estado democrático de derecho que acaban de estrenar nuestros países hermanos. En cambio, no podemos dejar de recordar que no está hecho a nuestra medida, sino a la de los que lo están vistiendo, puesto que ha sido implementado conforme a sus propias necesidades y políticas; por lo cual, si el traje es el que nos ha gustado, debemos crear uno a nuestra medida, con base en la problemática actual que vivimos y al pensamiento y aceptación de nuestra sociedad.

Tal vez ya tenemos ideas claras sobre las herramientas que debemos utilizar para confeccionar nuestro traje, mucho se habla en la actualidad de la “Reforma Constitucional del 18 de junio del 2008”, sobre las leyes que debemos crear, las que deben realizarse de nueva creación, los nuevos paradigmas como lo son las salidas alternas al juicio oral; se está planteando como uno de los principales problemas la capacitación de los operadores del sistema acusatorio y, por supuesto, la infraestructura como lo son las Salas de Oralidad con las que se debe contar para terminar de revestir el sistema y la nueva política criminal de nuestro Estado.

Soy un convencido de la necesidad de un cambio en nuestro sistema de política criminal. Considero fundamental estar acorde a las exigencias tanto internacionales, como de la propia evolución de nuestra sociedad, y pienso que la adopción del sistema de justicia acusatorio en nuestro país, es uno de los principales pasos para la solución de la problemática criminal que nos aqueja en la actualidad. Aunque aquí creo pertinente aclarar que el sistema acusatorio no será la panacea para todos nuestros problemas criminales: el sistema no es de prevención del delito, sino por el contrario es para justiciar los que se realicen; es decir, el sistema no terminará con la criminalidad, sino buscará que se castigue a los verdaderos criminales.

Por el contrario, no estoy de acuerdo con quienes piensan que lo único que se necesita para la efectividad del sistema es la creación y modificación de las leyes y capacitar a los operadores del mismo, puesto que si bien es necesario crear y modificar normas y capacitar a los operadores, ello sólo forma parte de un todo necesario. La implementación del sistema acusatorio en nuestro país debe ser de manera integral para su efectiva finalidad; esto es, debemos ser incluyentes de todos y cada uno de los puntos necesarios para nuestro fin, como lo son: una base normativa sustentada en leyes secundarias coherentes y acorde a lo estructurado en nuestra Ley Suprema, un sistema protector de las garantías individuales de la sociedad, las estructuras necesarias para lo que se busca, lugares acordes a la actividad de la justicia y la procuración de la misma, la selección y capacitación de los operadores en los campos requeridos para que conduzcan a una verdadera justicia efectiva que discrimine a los inocentes de los delincuentes y proteja a la víctima de un ilícito penal y, lo principal, considerar a nuestra sociedad como base y usuaria del sistema, procurando su aceptación y explicando su funcionamiento, en base a la cultura de nuestro país.

Es por las consideraciones anteriores, que en el presente, pretendo enfocar lo que considero el mayor reto para la efectiva implementación del sistema de justicia acusatorio adversarial en nuestro país.

El reto cultural, pienso, es el más importante y complicado de lograr en la implementación de este sistema de justicia, y el cual ha sido el menos considerado y tratado por los organismos encargados de la implementación, puesto que estamos más preocupados por las leyes que hay que crear, o las salas de oralidad que habrá que construir y quiénes serán los operadores del sistema, sin atender la percepción de los usuarios del mismo para quienes se ha creado e instaurado.

Resulta en demasía complicado cambiarle a la sociedad la percepción con la que al día de hoy mira a los supuestos delincuentes, que en muchos de los casos ni siquiera han sido juzgados todavía, ¿cómo explicarle a las víctimas de un delito que no habrá cárcel inmediata para su agresor, pero ello no significa que no será penalizado? Ese, pienso, es el verdadero reto de la reforma, hacer ver a la sociedad lo benéfico de este procedimiento penal, antes de que lo perciban erróneamente.

* Texto originalmente publicado en la revista Sociedad y Justicia, número 13.

**Juez Segundo Penal de Tulancingo

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