Posts Tagged ‘autoridad judicial’

Golpes entre excandidatas a diputadas del PRD en Hidalgo

julio 31, 2013

Por José Antonio Naciff Roldán

Pachuca, Hgo., Julio 31.-Dos ex candidatas a diputadas por el Prd –una federal y otra local- terminaron a golpes durante una conferencia de prensa celebrada en la capital del Estado de Hidalgo.

Las implicadas Diana Marroquín Bayardo e Isabel Godínez Granillo pasaron de un enfrentamiento verbal a los golpes luego de que la primera acusara a Guillermo Godínez Granillo de atentar a balazos contra su vida

En el 2012 Diana Bayardo Marroquín acusó haber sido objeto de un atentado mientras realizaba actividades de proselitismo político en la sierra hidalguense, de donde resultó con lesiones de seriedad como fractura de dos dedos, costillas y golpes contusos que sufrió al huir entre maleza.

La ex candidata a diputada federal perredista afirmó que la agresión probablemente se deriva, de la aprehensión de Guillermo Godínez Granillo a manos de agentes ministeriales de Hidalgo y quien es hermano de la ex aspirante a diputada local por el Prd, Isabel Godínez Granillo.

Debido a la pelea Isabel Godínez Granillo fue desalojada por la fuerza del lugar.

Marroquín Bayardo afirmó que Guillermo Godínez Granillo fue aprehendido al relacionársele con el atentado en su contra y adelantó que en las próximas horas, más personas serán presentadas ante la autoridad judicial en la Entidad.

Por su parte Isabel Godínez sostuvo que interpondrá demanda penal contra Diana Bayardo Marroquín por golpes y amenazas, al tiempo que –dijo- su hermano carece de participación y responsabilidad en los hechos que el año anterior se registraron en la región Tepehua estatal.

El Auto de Formal Prisión

abril 25, 2013

Escribiendo Derecho

Escribiendo+DerechoDr. Ciro Juárez González*

Esta resolución, si bien ha sido criticada como una pre sentencia o una resolución que obedece a un mini proceso, tiene su justificación en proporcionar seguridad jurídica a los gobernados, entre los que se encuentran la víctima y el inculpado; esto es, que el Estado debe atender a dos intereses contrapuestos: los derechos victimales y los del inculpado.

En principio, debe decirse que al Auto de Formal Prisión es una resolución que se emite al finalizar el plazo que nuestra Constitución General de la República proporciona a la autoridad judicial para resolver la situación jurídica de un inculpado, independientemente a que esté detenido o no, la cual debe emitirse en un plazo determinado de tiempo. Anteriormente dicho lapso era invariablemente no máximo de 3 días, pero a partir de la reforma constitucional al artículo 19 (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de Marzo de 1999), ha sido posible ampliarlo hasta 144 horas, prórroga que sólo puede pedir el inculpado por sí mismo o por conducto de su defensor, y cuya duración o aumento dependerá de los medios de prueba ofrecidos por el inculpado o su defensor -nunca por el Ministerio Público-, pues sería injusto que la contraparte de quien va a estar más tiempo detenido, decida esa duración que él no va a sufrir.

Un Auto de Formal Prisión toma su nombre entonces de la firmeza, seguridad o certeza con que se detiene a alguien. Para emitir un Auto de Formal Prisión,  es indispensable o ineludible haberle hecho saber al inculpado lo que existe en su contra y escucharle (lo cual acontece en su declaración preparatoria), y posterior a ello desahogar los medios de prueba que en su caso ofrezca. Es decir, se da un derecho de ser oído para pronunciar que, en caso de ser en su contra la resolución, su detención adquiere mayor formalidad y de ahí el nombre al Auto de Formal Prisión y que por tanto ha sido también llamado coloquialmente como auto de bien preso.

Además de haber escuchado al inculpado y desahogar los medios de prueba que ofreciera, existen otros requisitos para emitir una resolución de esta naturaleza y cuya ausencia da lugar a la emisión de otros tipos de resolución dentro del citado pazo de 72 horas o su prórroga de hasta 144 horas en su caso. Tales requisitos son: que se acredite una figura que se ha denominado “el cuerpo del delito” y por otra parte la probable responsabilidad; es decir y respetando el orden citado, que se acredite el qué y el quién.

El cuerpo del delito no es otra cosa que la acreditación de la figura legal que se  le imputa, aunque en el sistema acusatorio adversarial -como prevé la Constitución General- se debe obedecer más a los hechos; mientras en el sistema aún vigente para nuestra entidad, se sigue dando prioridad a que se acrediten los elementos que se desprenden de la redacción legal de un tipo penal (es decir, las palabras o términos que use el legislador al redactar un tipo penal, al que coloquialmente decimos delito, son las mismas que deben probarse para tener por acreditado el cuerpo del delito).

El concepto en comento ha evolucionado pues originalmente se entendía por tal al arma de fuego, al cadáver o la evidencia que reflejara una ejecución delictiva, pero se estaba confundiendo el instrumento con el producto de delito. Se abandonó esa aplicación y en 1993 la constitución recogió el concepto “elementos del tipo penal”, que era más garantista porque remitía a la ley y no a interpretaciones arbitrarias. Sin embargo, en 1999 se apartó de este último concepto y regresó a la concepción de cuerpo del delito, pero ya no como el sinónimo del arma o el cadáver, sino ahora como el conjunto de elementos objetivos que se desprenden de la redacción legal.

Por otra parte, en cuanto a la probable responsabilidad, es un elemento que atiende, según nuestra legislación de procedimientos penales, a que existan datos suficientes o bastantes para que se acredite que el inculpado hizo o participó en el delito que se le atribuye. Este elemento no tiene un rango o estándar preciso o predeterminado, pues queda abierto a lo que cada caso concreto arroje, pues la complejidad de cada asunto puede proporcionar elementos no únicamente variados, sino muy complejos o indirectos. Por citar un ejemplo, en un homicidio puede ser que el inculpado no sólo confiese, sino que conduzca a la policía a la escena del crimen, lo que podría sostener hasta una condena; o en otro supuesto, que no haya  testigos, sólo medios indirectos (como una discusión previa con la víctima), la demostración de que el inculpado miente en su coartada, un interés exacerbado por irse del país, y que se encontró su tejido epitelial en las uñas de la víctima y cabello del inculpado en la escena del crimen que lo asocien a este delito. Éstos últimos serían datos bastantes que pide el código para emitir una resolución como lo es el Auto de Formal Prisión.

Otras son las resoluciones que se pueden emitir al concluir el plazo constitucional, dependiendo de lo que se acreditó o no se acredite con base en las exigencias constitucionales citadas (cuerpo del delito y probable responsabilidad) y que se pueden resumir en el cuadro siguiente:

CUERPO DEL DELITO

PROBABLE RESPONSABILIDAD

TIPO DE RESOLUCIÓN
                    Sí                         Sí

Formal prisión

                    No

No tiene caso estudiarlo

Auto de libertad

                    Sí                        No

Auto de libertad por falta de elementos para procesar (permite que se siga investigando por 180 días más)

Sí, pero de delito castigado con pena alternativa o sólo económica

                         Sí

Auto de sujeción a proceso

Fuera de estos elementos, se puede acreditar además que el juez es territorialmente incompetente, y se emite un auto de incompetencia, que ha operado un perdón legal otorgado y se emitirá auto de sobreseimiento que conduce a una libertad absoluta, sustentando en todos estos casos lo que se ha denominado “resolver la situación jurídica del inculpado”, que dicho en términos mas sencillos, es decirle si se va libre o se queda a responder de un proceso.

Regresando exclusivamente al Auto de Formal Prisión, se debe decir que es una resolución con doble efecto. El primero (su misión principal) es que resuelve la situación jurídica del inculpado (diciéndole que sí hay una figura penal acreditada y que él es el probable responsable de la misma) pero a la vez (disculpando la expresión que se usa más en materia mercantil) trae aparejada la prisión preventiva, cosa que en el nuevo sistema procesal llamado acusatorio adversarial, no se hace en una misma resolución, sino que se requiere de una petición aparte y diferente del fiscal, esto es, al solicitar la vinculación a proceso, el juez de control sólo le resolverá (de darle la razón) que vincula al imputado, pero el fiscal necesita hacer otra petición y por ende recaerá otra resolución, para generar la decisión si la prisión del imputado continúa o se ordena, pero que por cierto en este nuevo sistema, no necesariamente tiene que ser la prisión, pues la gama de medidas cautelares es más extensa que con el sistema vigente, según el artículo 269 del Código Procesal Penal.

Baste por ahora decir que el Auto de Formal Prisión  -aunque con muchas críticas modificaciones y un nombre diferente- en su esencia y función de determinar la figura jurídica por la cual se hará una investigación y un juicio subsiste y el lado positivo de su conservación se me ocurre resumirlo en dos factores: la seguridad jurídica que brinda y respetar la cultura procesal mexicana.

*Juez Tercero Penal de Pachuca

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El Auto de Formal Prisión

noviembre 26, 2012

Escribiendo Derecho

Por el Dr. Ciro Juárez González*

Esta resolución, si bien ha sido criticada como una pre senencia o una resolución que obedece a un mini proceso, tiene su justificación en proporcionar seguridad jurídica a los gobernados, entre los que se encuentran la víctima y el inculpado; esto es, que el Estado debe atender a dos intereses contrapuestos: los derechos victimales y los del inculpado.

En principio, debe decirse que al Auto de Formal Prisión es una resolución que se emite al finalizar el plazo que nuestra Constitución General de la República proporciona a la autoridad judicial para resolver la situación jurídica de un inculpado, independientemente a que esté detenido o no, la cual debe emitirse en un plazo determinado de tiempo. Anteriormente dicho lapso era invariablemente no máximo de 3 días, pero a partir de la reforma constitucional al artículo 19 (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de Marzo de 1999), ha sido posible ampliarlo hasta 144 horas, prórroga que sólo puede pedir el inculpado por sí mismo o por conducto de su defensor, y cuya duración o aumento dependerá de los medios de prueba ofrecidos por el inculpado o su defensor -nunca por el Ministerio Público-, pues sería injusto que la contraparte de quien va a estar más tiempo detenido, decida esa duración que él no va a sufrir.

Un Auto de Formal Prisión toma su nombre entonces de la firmeza, seguridad o certeza con que se detiene a alguien. Para emitir un Auto de Formal Prisión,  es indispensable o ineludible haberle hecho saber al inculpado lo que existe en su contra y escucharle (lo cual acontece en su declaración preparatoria), y posterior a ello desahogar los medios de prueba que en su caso ofrezca. Es decir, se da un derecho de ser oído para pronunciar que, en caso de ser en su contra la resolución, su detención adquiere mayor formalidad y de ahí el nombre al Auto de Formal Prisión y que por tanto ha sido también llamado coloquialmente como auto de bien preso.

Además de haber escuchado al inculpado y desahogar los medios de prueba que ofreciera, existen otros requisitos para emitir una resolución de esta naturaleza y cuya ausencia da lugar a la emisión de otros tipos de resolución dentro del citado pazo de 72 horas o su prórroga de hasta 144 horas en su caso. Tales requisitos son: que se acredite una figura que se ha denominado “el cuerpo del delito” y por otra parte la probable responsabilidad; es decir y respetando el orden citado, que se acredite el qué y el quién.

El cuerpo del delito no es otra cosa que la acreditación de la figura legal que se  le imputa, aunque en el sistema acusatorio adversarial -como prevé la Constitución General- se debe obedecer más a los hechos; mientras en el sistema aún vigente para nuestra entidad, se sigue dando prioridad a que se acrediten los elementos que se desprenden de la redacción legal de un tipo penal (es decir, las palabras o términos que use el legislador al redactar un tipo penal, al que coloquialmente decimos delito, son las mismas que deben probarse para tener por acreditado el cuerpo del delito).

El concepto en comento ha evolucionado pues originalmente se entendía por tal al arma de fuego, al cadáver o la evidencia que reflejara una ejecución delictiva, pero se estaba confundiendo el instrumento con el producto de delito. Se abandonó esa aplicación y en 1993 la constitución recogió el concepto “elementos del tipo penal”, que era más garantista porque remitía a la ley y no a interpretaciones arbitrarias. Sin embargo, en 1999 se apartó de este último concepto y regresó a la concepción de cuerpo del delito, pero ya no como el sinónimo del arma o el cadáver, sino ahora como el conjunto de elementos objetivos que se desprenden de la redacción legal.

Por otra parte, en cuanto a la probable responsabilidad, es un elemento que atiende, según nuestra legislación de procedimientos penales, a que existan datos suficientes o bastantes para que se acredite que el inculpado hizo o participó en el delito que se le atribuye. Este elemento no tiene un rango o estándar preciso o predeterminado, pues queda abierto a lo que cada caso concreto arroje, pues la complejidad de cada asunto puede proporcionar elementos no únicamente variados, sino muy complejos o indirectos. Por citar un ejemplo, en un homicidio puede ser que el inculpado no sólo confiese, sino que conduzca a la policía a la escena del crimen, lo que podría sostener hasta una condena; o en otro supuesto, que no haya  testigos, sólo medios indirectos (como una discusión previa con la víctima), la demostración de que el inculpado miente en su coartada, un interés exacerbado por irse del país, y que se encontró su tejido epitelial en las uñas de la víctima y cabello del inculpado en la escena del crimen que lo asocien a este delito. Éstos últimos serían datos bastantes que pide el código para emitir una resolución como lo es el Auto de Formal Prisión.

Otras son las resoluciones que se pueden emitir al concluir el plazo constitucional, dependiendo de lo que se acreditó o no se acredite con base en las exigencias constitucionales citadas (cuerpo del delito y probable responsabilidad) y que se pueden resumir en el cuadro siguiente:

 

CUERPO DEL DELITO PROBABLE RESPONSABILIDAD TIPO DE RESOLUCIÓN
                    Sí                         Sí Formal prisión
                    No No tiene caso estudiarlo Auto de libertad
                    Sí                        No Auto de libertad por falta de elementos para procesar (permite que se siga investigando por 180 días más)
Sí, pero de delito castigado con pena alternativa o sólo económica                          Sí Auto de sujeción a proceso

 

 

Fuera de estos elementos, se puede acreditar además que el juez es territorialmente incompetente, y se emite un auto de incompetencia, que ha operado un perdón legal otorgado y se emitirá auto de sobreseimiento que conduce a una libertad absoluta, sustentando en todos estos casos lo que se ha denominado “resolver la situación jurídica del inculpado”, que dicho en términos mas sencillos, es decirle si se va libre o se queda a responder de un proceso.

Regresando exclusivamente al Auto de Formal Prisión, se debe decir que es una resolución con doble efecto. El primero (su misión principal) es que resuelve la situación jurídica del inculpado (diciéndole que sí hay una figura penal acreditada y que él es el probable responsable de la misma) pero a la vez (disculpando la expresión que se usa más en materia mercantil) trae aparejada laprisión preventiva, cosa que en el nuevo sistema procesal llamado acusatorio adversarial, no se hace en una misma resolución, sino que se requiere de una petición aparte y diferente del fiscal, esto es, al solicitar la vinculación a proceso, el juez de control sólo le resolverá (de darle la razón) que vincula al imputado, pero el fiscal necesita hacer otra petición y por ende recaerá otra resolución, para generar la decisión si la prisión del imputado continúa o se ordena, pero que por cierto en este nuevo sistema, no necesariamente tiene que ser la prisión, pues la gama de medidas cautelares es más extensa que con el sistema vigente, según el artículo 269 del Código Procesal Penal.

Baste por ahora decir que el Auto de Formal Prisión  -aunque con muchas críticas modificaciones y un nombre diferente- en su esencia y función de determinar la figura jurídica por la cual se hará una investigación y un juicio subsiste y el lado positivo de su conservación se me ocurre resumirlo en dos factores: la seguridad jurídica que brinda y respetar la cultura procesal mexicana.

*Juez Tercero Penal de Pachuca

 

 

Cualquier duda, comunícate con nosotros en:

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