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Hidalgo a la vanguardia en atención a bebés prematuros

julio 9, 2013

 Pachuca, Hgo.- La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), a través del Hospital General de Pachuca, cuenta con un Área de Pediatría altamente resolutiva, la cual permite brindar atención médica a recién nacidos prematuros con problemas congénitos, respiratorios o infecciosos de la Entidad y Estados circunvecinos.

Este nosocomio tiene gran demanda en el servicio de Ginecología, la mayoría de las mujeres embarazadas y recién nacidos de alto riesgo llegan a esta unidad hospitalaria par su atención médica. Al mes nacen 350 bebés y aproximadamente de 15 a 20 son prematuros.

El Jefe de Pediatría del Hospital General de Pachuca, Marco Antonio Torres Morales, señaló que esta área cuenta con la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN), aquí ingresan bebés que requieren algún tipo quirúrgico por padecimiento congénito y recién nacidos que llegan de otros hospitales.

Asimismo en Terapia Intermedia se encuentran los cuneros para aislados e infectados, aquí están los pacientes que son dados de alta de UCIN o los bebés que no se pueden ir a casa; ya que necesitan estar bajo vigilancia, requieren de casco cefálico, oxígeno indirecto o ayuno de tres días por sufrir asfixia, ventilación mecánica o asistida y bajo peso.

En el área de Cuidados Intermedios, Crecimiento y Desarrollo se ubican los bebés prematuros que deben alcanzar un peso aproximado de dos kilos o 1 kilo 900 para poder ser dados de alta.

Actualmente se cuenta con 23 ventiladores de alta frecuencia, estos constan de  diferentes modalidades, manejan pantallas gráficas que permiten monitorizar mejor el volumen que le dan al paciente, admiten el manejo de niños que no respondieron bien a una ventilación convencional. Cabe señalar que son pocos los hospitales en México que tienen ventiladores de ese tipo de frecuencia.

Torres Morales, comentó que también se cuenta con un ultrasonido de uso exclusivo para esta área, se usa para diagnosticar hemorragias intracraneales del recién nacido; aparato de Rayos “X” portátil; además de un gasómetro para agilizar las simetrías y resultados.

El Instituto Nacional de Pediatría, que es un Hospital de tercer nivel y el General de Pachuca son uno de los pocos que ocupan dentro de sus medicamentos el óxido nítrico; el cual es un gas que produce bacilo dilatación pulmonar, lo utilizan  pacientes que tienen Hipertensión Pulmonar, persistente su costo es solventado por el Seguro Popular.

El equipo médico de especialistas está integrado por: Neonatologos, Infectólogos, Pediatras, Endocrinólogo, Nefrólogo Pediatra, Cardiólogo Pediatra, Cirujano Pediatra, Cirujanos Plásticos de nosocomios como: “Hospital Infantil de México,  Federico Gómez”; “Centro Médico Nacional, Siglo XXI” y “Centro Médico La Raza IMSS, IPN”.

Para finalizar el Jefe de Pediatría de dicho nosocomio, destacó que el servicio que se otorga es muestra del compromiso que tiene el Secretario de Salud de Hidalgo, Pedro Luis Noble Monterrubio; así como directivos y personal médico especializado, por contar con insumos y un equipo a la vanguardia que permite mantener vigilancia y monitoreo de los pacientes.

Los mecanismos alternativos de solución de controversias en el nuevo sistema acusatorio adversarial

junio 18, 2013

 Escribiendo Derecho

                Escribiendo Derecho Por Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier*

Los mecanismos alternativos de solución de controversia son: la negociación, la mediación, la conciliación,  el arbitraje y el proceso restaurativo.

En términos generales, los mecanismos de solución alternativa de controversias, deberán realizarse en los casos autorizados por la ley o cuando recaigan en derechos de los cuales los interesados puedan disponer libremente, sin afectar el orden público ni derechos de terceros.

En materia penal la competencia para conocer y facilitar los acuerdos reparatorios, previos a la consignación, es posible en aquellos hechos punibles que sean perseguibles por querella y no exista algún interés público en su persecución.

En el basamento filosófico conceptual del nuevo sistema acusatorio, con tendencia a la oralidad, descansa en la llamada justicia restaurativa, entendida ésta como un proceso dirigido a involucrar a la víctima, al ofensor y a la comunidad en la búsqueda de soluciones a las consecuencias del conflicto, con el fin de promover la reparación del daño, la reconciliación entre las partes y el fortalecimiento del sentido de seguridad colectivo.

No obstante que la justicia restaurativa se relaciona con la materia penal, es posible aplicarla al ámbito del derecho familiar y en aquellas otras ramas del derecho en las que se susciten conflictos susceptibles de ser restaurados a través de este proceso.

El procedimiento de restauración tiene como propósito que la víctima y el ofensor participen activa y personalmente en la solución de conflictos para que a través del diálogo se establezcan las bases para la preparación moral, material y económica del daño causado por la acción ilícita y el reconocimiento de las responsabilidades individuales y colectivas de los interesados, así como la recomposición del tejido social para procurar satisfacer las necesidades de la comunidad.

Este procedimiento proporciona una oportunidad de reunir a la víctima con el ofensor en un escenario seguro y con un guión estructurado de acuerdo con los lineamientos nacionales e internacionales, realizando una discusión del delito o conflicto, con la asistencia de un facilitador de la comunicación capacitado en este tipo de procesos restaurativos.

A través de la justicia restaurativa se busca el reconocimiento de responsabilidad y la formulación de una disculpa a la víctima en un acto público o privado, de conformidad con el acuerdo realizado por los intervinientes en el conflicto.

También a través del proceso restaurativo se busca el compromiso de la no repetición de la conducta originadora del conflicto, así como el establecimiento de condiciones para darle efectividad, tales como inscribirse a programas educativos para la promoción de la paz, tratamiento de adicciones y alcoholismo, terapias para el control del enojo u otras medidas similares.

Puede comprender la reparación derivada del procedimiento restaurativo un plan de restitución que puede ser económico o en especie; restituyendo o remplazando un bien  o la realización de una determinada conducta, la prestación de servicios a la comunidad o de cualquier otra forma solicita por la víctima y acordadas por las partes.

Para lograr el éxito de estos mecanismos alternativos, el estado de Hidalgo cuenta con mediadores en los centros de justicia alternativa tanto del poder judicial como en la procuraduría general del estado, quienes han sido eficientemente capacitados y cuentan con la experiencia al nivel de los retos que este nuevo sistema acusatorio adversarial representa.

Lo anterior, tiene vinculación con el precepto constitucional contenido en el articulo 1 y reformado el 10 de junio del 2011, del cual se aprecia el concepto de la convencionalidad y de los derechos humanos , así como del principio pro persona, pues todas la autoridades, en el ámbito de sus competencias además de la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos, debemos prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos y considero que a través de los mecanismos de solución de conflictos y en particular de la justicia restaurativa  se podrá lograr satisfacer estos objetivos.

*Presidente de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia

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El principio de convencionalidad y los adultos mayores

mayo 16, 2013

Escribiendo+DerechoEscribiendo Derecho

Por el Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier*

Con fecha diez de junio de dos mil once, el Congreso de la Unión otorgó a la nación mexicana un cambio de 180 grados, con la reforma constitucional que elaboraron en materia de derechos humanos y que se encuentra plasmada en el artículo primero de nuestra ley fundamental.

De esta reforma se observan conceptos como: derechos humanos (en lugar de garantías individuales o derechos fundamentales), personas (en lugar de individuos) que de acuerdo a la legislación civil podrían ser físicas y/o morales, y el principio “pro homineque tiene que ver con la interpretación de normas y tratados internacionales que favorezcan de manera más amplia en la protección de las personas. De igual forma surge la obligación que tenemos todas las autoridades respecto a la reforma y que se traduce a los ámbitos federal, estatal y municipal y a los tres poderes de gobierno, a una nueva doctrina con conceptos novedosos, como es la interpretación conforme o el bloque constitucional, entre otros.

A la fecha, pese a la pobre difusión que se le ha dado a dicha reforma, va en ciernes su interpretación y aplicación en los distintos ámbitos gubernamentales.

En el Poder Judicial del Estado de Hidalgo ya se aplica la citada reforma, que si bien no se hace de manera “ex oficio” como lo señala la autoridad federal, también ha sido una constante de preocupación en los temas sometidos a nuestra competencia.

En el ámbito del derecho civil, mercantil y familiar, cada vez es más común su aplicación; y naturalmente al ser cada expediente una historia diferente, surge la constante inquietud de descubrir la aplicación de tratados internacionales a los asuntos que se someten a nuestra consideración.

Un ejemplo de lo anterior es el caso de los adultos mayores, pues en Hidalgo la Ley para la Familia establece un capítulo en donde se concede acción popular para denunciar -de manera anónima y de investigación oficiosa- los malos tratos a éstos. Asimismo, contamos con una Ley de los Derechos de los Adultos Mayores (publicada el 12 de abril de 2010) que contempla las políticas a favor de ellos, al igual que las facultades y obligaciones de las autoridades, entre otras instituciones.

¿Pero qué sucede cuando nuestras leyes secundarias son insuficientes u omisas en la protección de los derechos humanos de las personas de edad? La respuesta es obvia, pues se tendría que aplicar algún instrumento internacional que México haya suscrito y que nos vincule en su aplicación.

Luis Rodríguez-Piñero, abogado especialista en derechos humanos e investigador de la Universidad de Sevilla, en el encuentro Internacional para el Seguimiento de la Declaración de Brasilia y la Promoción de los Derechos de las Personas Mayores, manifestó que las personas de edad son titulares de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos en condiciones de igualdad y no discriminación, pero aseveró que no existe actualmente un instrumento internacional jurídicamente vinculante que proteja específicamente los derechos humanos de las personas de edad.

No obstante que en el considerando quinto de la exposición de motivos de la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo se establece en su párrafo tercero y cuarto la mención a la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento y Plan de Acción Internacional de Madrid, es un hecho que México no ha suscrito ningún tratado internacional que lo vincule y que permita a los jueces mexicanos invocar instrumentos internacionales que protejan los derechos humanos de los adultos mayores, tal y como establece el artículo primero de la citada reforma a la Constitución Federal. En consecuencia y ante la ausencia de estos instrumentos podemos invocar aquellos tratados internacionales genéricos que se refieran a las personas en general y no en particular a las personas mayores.

Cabe destacar que en 2002 se aprobó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual fue creada por la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional de las Personas en Plenitud (INAPLEM) para afrontar los nuevos desafíos que supone la transición demográfica tendiente al envejecimiento de la población y con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores en México.

El Instituto Nacional de las Personas Mayores (INAPAM) en aras de salvaguardar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas adultas mayores en nuestro país, así como de disminuir las condiciones de vulnerabilidad a las que están expuestos e impulsar su participación e inclusión en la sociedad, ha definido 5 ejes rectores estratégicos en materia de políticas publicas:

  1. Cultura del envejecimiento
  2. Envejecimiento activo y saludable
  3. Seguridad económica
  4. Protección social
  5. Derechos de las personas adultas mayores

De lo anterior, podemos concluir que falta armonizar en concordancia con la reforma constitucional y los tratados internacionales que protegen los derechos humanos de las personas mayores y que a la fecha no son vinculantes para nuestro país (no obstante las buenas intenciones, las leyes nacionales y locales y los encuentros internacionales que sobre el tema se haga). Por tanto, representa un reto para los jueces mexicanos aplicar los tratados internacionales existentes que contengan el principio pro homine a las personas mayores y que de una manera coherente y eficaz logren formar parte de la motivación de sus resoluciones para bien de nuestros respetados adultos mayores.

*Presidente de la Segunda Sala Civil y Familiar

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo

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EL PRINCIPIO DE CONVENCIONALIDAD Y LOS ADULTOS MAYORES

abril 18, 2013

Escribiendo+DerechoEscribiendo Derecho

Por el Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier*

Con fecha diez de junio de dos mil once, el Congreso de la Unión otorgó a la nación mexicana un cambio de 180 grados, con la reforma constitucional que elaboraron en materia de derechos humanos y que se encuentra plasmada en el artículo primero de nuestra ley fundamental.

De esta reforma se observan conceptos como: derechos humanos (en lugar de garantías individuales o derechos fundamentales), personas (en lugar de individuos) que de acuerdo a la legislación civil podrían ser físicas y/o morales, y el principio “pro homineque tiene que ver con la interpretación de normas y tratados internacionales que favorezcan de manera más amplia en la protección de las personas. De igual forma surge la obligación que tenemos todas las autoridades respecto a la reforma y que se traduce a los ámbitos federal, estatal y municipal y a los tres poderes de gobierno, a una nueva doctrina con conceptos novedosos, como es la interpretación conforme o el bloque constitucional, entre otros.

A la fecha, pese a la pobre difusión que se le ha dado a dicha reforma, va en ciernes su interpretación y aplicación en los distintos ámbitos gubernamentales.

En el Poder Judicial del Estado de Hidalgo ya se aplica la citada reforma, que si bien no se hace de manera “ex oficio” como lo señala la autoridad federal, también ha sido una constante de preocupación en los temas sometidos a nuestra competencia.

En el ámbito del derecho civil, mercantil y familiar, cada vez es más común su aplicación; y naturalmente al ser cada expediente una historia diferente, surge la constante inquietud de descubrir la aplicación de tratados internacionales a los asuntos que se someten a nuestra consideración.

Un ejemplo de lo anterior es el caso de los adultos mayores, pues en Hidalgo la Ley para la Familia establece un capítulo en donde se concede acción popular para denunciar -de manera anónima y de investigación oficiosa- los malos tratos a éstos. Asimismo, contamos con una Ley de los Derechos de los Adultos Mayores (publicada el 12 de abril de 2010) que contempla las políticas a favor de ellos, al igual que las facultades y obligaciones de las autoridades, entre otras instituciones.

¿Pero qué sucede cuando nuestras leyes secundarias son insuficientes u omisas en la protección de los derechos humanos de las personas de edad? La respuesta es obvia, pues se tendría que aplicar algún instrumento internacional que México haya suscrito y que nos vincule en su aplicación.

Luis Rodríguez-Piñero, abogado especialista en derechos humanos e investigador de la Universidad de Sevilla, en el encuentro Internacional para el Seguimiento de la Declaración de Brasilia y la Promoción de los Derechos de las Personas Mayores, manifestó que las personas de edad son titulares de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos en condiciones de igualdad y no discriminación, pero aseveró que no existe actualmente un instrumento internacional jurídicamente vinculante que proteja específicamente los derechos humanos de las personas de edad.

No obstante que en el considerando quinto de la exposición de motivos de la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo se establece en su párrafo tercero y cuarto la mención a la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento y Plan de Acción Internacional de Madrid, es un hecho que México no ha suscrito ningún tratado internacional que lo vincule y que permita a los jueces mexicanos invocar instrumentos internacionales que protejan los derechos humanos de los adultos mayores, tal y como establece el artículo primero de la citada reforma a la Constitución Federal. En consecuencia y ante la ausencia de estos instrumentos podemos invocar aquellos tratados internacionales genéricos que se refieran a las personas en general y no en particular a las personas mayores.

Cabe destacar que en 2002 se aprobó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual fue creada por la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional de las Personas en Plenitud (INAPLEM) para afrontar los nuevos desafíos que supone la transición demográfica tendiente al envejecimiento de la población y con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores en México.

El Instituto Nacional de las Personas Mayores (INAPAM) en aras de salvaguardar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas adultas mayores en nuestro país, así como de disminuir las condiciones de vulnerabilidad a las que están expuestos e impulsar su participación e inclusión en la sociedad, ha definido 5 ejes rectores estratégicos en materia de políticas publicas:

  1. Cultura del envejecimiento
  2. Envejecimiento activo y saludable
  3. Seguridad económica
  4. Protección social
  5. Derechos de las personas adultas mayores

De lo anterior, podemos concluir que falta armonizar en concordancia con la reforma constitucional y los tratados internacionales que protegen los derechos humanos de las personas mayores y que a la fecha no son vinculantes para nuestro país (no obstante las buenas intenciones, las leyes nacionales y locales y los encuentros internacionales que sobre el tema se haga). Por tanto, representa un reto para los jueces mexicanos aplicar los tratados internacionales existentes que contengan el principio pro homine a las personas mayores y que de una manera coherente y eficaz logren formar parte de la motivación de sus resoluciones para bien de nuestros respetados adultos mayores.

*Presidente de la Segunda Sala Civil y Familiar

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El principio de convencionalidad y los adultos mayores

enero 7, 2013


Escribiendo DerechoEscribiendo Derecho

Por el Magistrado Jorge Antonio Torres Regnier*

Con fecha diez de junio de dos mil once, el Congreso de la Unión otorgó a la nación mexicana un cambio de 180 grados, con la reforma constitucional que elaboraron en materia de derechos humanos y que se encuentra plasmada en el artículo primero de nuestra ley fundamental.

De esta reforma se observan conceptos como: derechos humanos (en lugar de garantías individuales o derechos fundamentales), personas (en lugar de individuos) que de acuerdo a la legislación civil podrían ser físicas y/o morales, y el principio “pro homineque tiene que ver con la interpretación de normas y tratados internacionales que favorezcan de manera más amplia en la protección de las personas. De igual forma surge la obligación que tenemos todas las autoridades respecto a la reforma y que se traduce a los ámbitos federal, estatal y municipal y a los tres poderes de gobierno, a una nueva doctrina con conceptos novedosos, como es la interpretación conforme o el bloque constitucional, entre otros.

A la fecha, pese a la pobre difusión que se le ha dado a dicha reforma, va en ciernes su interpretación y aplicación en los distintos ámbitos gubernamentales.

En el Poder Judicial del Estado de Hidalgo ya se aplica la citada reforma, que si bien no se hace de manera “ex oficio” como lo señala la autoridad federal, también ha sido una constante de preocupación en los temas sometidos a nuestra competencia.

En el ámbito del derecho civil, mercantil y familiar, cada vez es más común su aplicación; y naturalmente al ser cada expediente una historia diferente, surge la constante inquietud de descubrir la aplicación de tratados internacionales a los asuntos que se someten a nuestra consideración.

Un ejemplo de lo anterior es el caso de los adultos mayores, pues en Hidalgo la Ley para la Familia establece un capítulo en donde se concede acción popular para denunciar -de manera anónima y de investigación oficiosa- los malos tratos a éstos. Asimismo, contamos con una Ley de los Derechos de los Adultos Mayores (publicada el 12 de abril de 2010) que contempla las políticas a favor de ellos, al igual que las facultades y obligaciones de las autoridades, entre otras instituciones.

¿Pero qué sucede cuando nuestras leyes secundarias son insuficientes u omisas en la protección de los derechos humanos de las personas de edad? La respuesta es obvia, pues se tendría que aplicar algún instrumento internacional que México haya suscrito y que nos vincule en su aplicación.

Luis Rodríguez-Piñero, abogado especialista en derechos humanos e investigador de la Universidad de Sevilla, en el encuentro Internacional para el Seguimiento de la Declaración de Brasilia y la Promoción de los Derechos de las Personas Mayores, manifestó que las personas de edad son titulares de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos en condiciones de igualdad y no discriminación, pero aseveró que no existe actualmente un instrumento internacional jurídicamente vinculante que proteja específicamente los derechos humanos de las personas de edad.

No obstante que en el considerando quinto de la exposición de motivos de la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo se establece en su párrafo tercero y cuarto la mención a la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento y Plan de Acción Internacional de Madrid, es un hecho que México no ha suscrito ningún tratado internacional que lo vincule y que permita a los jueces mexicanos invocar instrumentos internacionales que protejan los derechos humanos de los adultos mayores, tal y como establece el artículo primero de la citada reforma a la Constitución Federal. En consecuencia y ante la ausencia de estos instrumentos podemos invocar aquellos tratados internacionales genéricos que se refieran a las personas en general y no en particular a las personas mayores.

Cabe destacar que en 2002 se aprobó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual fue creada por la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional de las Personas en Plenitud (INAPLEM) para afrontar los nuevos desafíos que supone la transición demográfica tendiente al envejecimiento de la población y con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores en México.

El Instituto Nacional de las Personas Mayores (INAPAM) en aras de salvaguardar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas adultas mayores en nuestro país, así como de disminuir las condiciones de vulnerabilidad a las que están expuestos e impulsar su participación e inclusión en la sociedad, ha definido 5 ejes rectores estratégicos en materia de políticas publicas:

  1. Cultura del envejecimiento
  2. Envejecimiento activo y saludable
  3. Seguridad económica
  4. Protección social
  5. Derechos de las personas adultas mayores

De lo anterior, podemos concluir que falta armonizar en concordancia con la reforma constitucional y los tratados internacionales que protegen los derechos humanos de las personas mayores y que a la fecha no son vinculantes para nuestro país (no obstante las buenas intenciones, las leyes nacionales y locales y los encuentros internacionales que sobre el tema se haga). Por tanto, representa un reto para los jueces mexicanos aplicar los tratados internacionales existentes que contengan el principio pro homine a las personas mayores y que de una manera coherente y eficaz logren formar parte de la motivación de sus resoluciones para bien de nuestros respetados adultos mayores.

*Presidente de la Segunda Sala Civil y Familiar

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PLANTEL OFICIAL DEL EQUIPO PACHUCA PARA CLAUSURA 2013

enero 3, 2013

Pachuca  Hgo., a 3 de Enero del 2012

La Directiva del Club de Futbol Pachuca a través del presente informa a los representantes de los Medios de Comunicación el plantel oficial que estará disputando el Clausura 2013.

3             Néstor Vicente Vidrio Serrano

4             Paulo César da Silva Barrios

5             Daniel Arreola Arguello

6             Héctor Miguel Herrera López

7             Christian Andrés Suárez Valencia

9             Enrique Alejandro Esqueda Tirado

10           Daniel Emanuel Ludueña

11           Ángel Eduardo Reyna Martínez

12           Oscar Adrián Rojas Castillón

13           Alfonso Blanco Antúnez

14           Fernando Navarro Morán

15           Arturo Javier Ledesma Pérez

16           Jorge Hernández Govea

18           Avilés Hurtado Herrera

19           Abraham Darío Carreño Rohan

21           Raúl Meraz Torres

22           Carlos Fernando Velázquez Castillo

23           Rodolfo Pizarro Thomas

24           Miguel Ángel Herrera Equihua

27           Víctor Omar Mañón Barrón

28           Julio Enrique Gómez González

29           Marco Antonio Bueno Ontiveros

30           Rodolfo Cota Robles

32           Efrén Mendoza Cuahutle

33           Jaime Correa Córdoba

35           Christian Camilo Marrugo Rodríguez

D.T.        Gabriel Esteban Caballero Shicker

A.T.        Oscar Fernando Torres Becerra

A.T.        Alejandro Domínguez Escoto

P.F.        Néstor Ibarra Martínez

DR.         José Antonio Torres Mendoza

S.T.        Miguel Ángel Díaz Arias

E.P.        Francisco Javier Cortez Rodríguez

Kines.   Carlos Cóccaro Pinazzo

Mas.      Luis Esponda de la Vía

A.Dr.     Alfredo Cruz Tolentino

A.Mas. Rolando García Flores

Util.       Roberto García Islas

Util.       Guadalupe Ortega Pérez

Util.       José Hernández León

Chof.     José Luis Gutiérrez Gutiérrez

Atentamente

Dirección de Comunicación

GRUPO PACHUCA