- El objetivo es evitar que personas sentenciadas por violencia familiar y deudores alimentarios ocupen candidaturas a elección popular o cargo público.
- Diputados integrantes de los grupos legislativos del PRI, Morena, PT, Nueva Alianza, PAN y del Partido Verde Ecologista de México, se sumaron a la iniciativa.
Pachuca, Hgo.-Durante la sesión ordinaria 133 del Congreso de Hidalgo, fue presentada una reforma a la Constitución Política de la entidad para la suspensión de derechos políticos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público a personas sentenciadas por violencia familiar y deudores alimentarios.
La propuesta fue presentada por diputadas integrantes de la LXV Legislatura y leída en tribuna por parte de las diputadas, Marcia Torres González, Elvia Sierra Vite y Lisset Marcelino Tovar.
De acuerdo con la legisladora Marcia Torres, el objetivo es incorporar el artículo 17 Bis que contempla que las personas no podrán ser registradas como candidatas o candidatos a cualquier cargo de elección popular, ni ser nombradas para empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Lo anterior incluye a quienes hayan cometido el delito contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, y ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
En cuanto a ese último rubro, Torres González, mencionó que no es permisible que las personas dejen a la deriva y a su suerte a aquellas personas que depende de éste, pues no sólo se obliga jurídicamente a cumplir, sino que además es un deber moral y social el atender y velar por la seguridad y bienestar social de cada uno de los miembros de su familia.
Por su parte, la diputada, Elvia Sierra, señaló que a través del 3 de 3 contra la violencia se instrumenta una medida reglamentaria que posibilitará garantizar a la ciudadanía y a la sociedad en su conjunto, que las personas aspirantes a una candidatura postuladas por partidos políticos, no detentan antecedentes de conductas constitutivas de violencia en contra de la mujer por razón de género.
Cabe destacar que en Hidalgo el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar ha experimentado un crecimiento más rápido en comparación con el promedio anual nacional. En efecto, mientras que, en México creció a un ritmo de 17.1 por ciento, en Hidalgo fue de 22.6, indicó.
El pasado 28 de abril, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, aprobó la reforma y adición a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público.
Ya sea por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos. Por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.
La diputada, Lisset Marcelino Tovar, al dar continuidad a la lectura de la iniciativa, mencionó que el derecho alimentario son consideraciones legales que garantizan los derechos a las personas proveedoras como receptoras del derecho alimentario.
Ante una separación se convierten en obligados y acreedores del derecho alimentario establecidos en los códigos civiles y/o familiares según sea el caso.
Al término de la presentación los diputados integrantes de los grupos legislativos del PRI, Morena, PT, Nueva Alianza, PAN y del Partido Verde Ecologista de México, se sumaron a la iniciativa para evitar que personas sentenciadas por violencia contra la mujer y deudoras alimentarias puedan ocupar un cargo público.
La iniciativa fue enviada a la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y resolución.
Por otra parte, el diputado panista, Rodrigo Castillo Martínez, presentó la iniciativa para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de Plenos del Congreso de Hidalgo: “70 aniversario del voto de las mujeres en México”.
Lo anterior, no solamente para recordar el reconocimiento a un derecho político electoral fundamental, sino sobre todo, para recordarnos la deuda histórica que tenemos en muchos frentes para garantizar su acceso pleno al ejercicio de sus demás derechos, indicó.
En otro punto, diputadas y diputados integrantes de la LXV Legislatura presentaron el decreto que autoriza al Poder Ejecutivo de Hidalgo, a través de la Secretaría de Hacienda, gestione y contrate con cualquier institución financiera o de crédito, integrante del sistema financiero mexicano, en las mejores condiciones de mercado, uno o varios financiamientos hasta por el monto, para el destino, plazo, términos, condiciones y con las características que en éste se establecen.
Para que afecte como fuente de pago del o los financiamientos que contrate, un porcentaje del derecho a recibir y los flujos de recursos que deriven del fondo general de participaciones y/o un porcentaje del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas; y para que celebre uno más contratos o convenios con objeto de constituir el mecanismo de pago del o los financiamientos que contrate.
Al respecto, el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Octavio Magaña Soto, señaló que es obligatorio dotar al Poder Ejecutivo de las facultades necesarias y de los recursos suficientes para que implemente políticas públicas que tengan como objetivo combatir el rezago social y la pobreza.
Que las acciones vayan dirigidas a la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de la misma, así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas y para infraestructura hidroagrícola, mencionó.
La propuesta fue enviada a la Primera Comisión de Hacienda y Presupuesto, para su análisis, estudio y resolución.
En otro punto de la sesión ordinaria, la diputada del Partido del Trabajo, Tania Valdez Cuellar, dio a conocer la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a leyes estatales en materia de mitigación de sequía y recarga de aguas subterráneas.
De acuerdo con la legisladora, la propuesta tiene por objetivo reforzar las atribuciones que poseen diversas autoridades para coadyuvar y trabajar coordinadamente con la Comisión Nacional del Agua, dependencias y entidades federales, estatales, los demás niveles de gobierno y la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado para la gestión, así como, administración sostenible del agua, acciones y estrategias para mitigar los efectos de la sequía y recarga de aguas subterráneas, como respuesta directa al fenómeno de la sequía y sobreexplotación de acuíferos.
En tanto, la diputada de Nueva Alianza, María Adelaida Muñoz Jumilla, dio a conocer la iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Salud de Hidalgo, en materia de prevención del cáncer de próstata.
Explicó que en el caso de Hidalgo, el Consejo Estatal de Población dio a conocer en un boletín que los tumores malignos ocuparon la tercera causa de mortalidad general de la entidad, con dos mil 110 defunciones, el 50.7 por ciento de estos casos correspondió a defunciones de varones y el tumor maligno más común fue el de próstata, con un 15.3 por ciento, seguido por tumor de hígado y de vías biliares intrahepáticas 9.9 por ciento y el tumor de colon, recto y ano 8.1 por ciento.
En cuanto a la prevención, lamentó que en la entidad como sucede en el resto del país, sólo un porcentaje mínimo de hombres mayores de 45 años se realizan algún tipo de prueba para detectar este padecimiento.
“Por eso es necesario incentivar esta práctica, a fin de evitar muertes innecesarias por carecer de un diagnóstico oportuno”, indicó.
La iniciativa busca la aplicación gratuita y recurrente de pruebas de antígeno prostático específico en toda la población masculina mayor de 45 años, de conformidad con los criterios, protocolos y disposiciones legales aplicables.
Así como promover, coordinar y realizar campañas periódicas de información, prevención, sensibilización y detección oportuna del cáncer de próstata.
En asuntos generales, el diputado morenista, Luis Ángel Tenorio Cruz, presentó el acuerdo económico que exhorta a la Secretaría de Gobierno estatal, para que informe por escrito a esta soberanía dentro del plazo de 30 días naturales, las acciones materializadas en la administración pública estatal, con el objetivo de asegurar el pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos de la población perteneciente a la comunidad LGBTTTIQ+ en la entidad.
Lo anterior para dar umplimiento a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2022 – 2028, refirió el legislador.
Por su parte, el también diputado morenista, Timoteo López Pérez, dio a conocer otro acuerdo económico que busca exhortar a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo para que propicie programas de prevención ante el acoso escolar o refuercen los programas que actualmente apliquen.
Al respecto, el legislador refirió que la Dirección de Convivencia y Seguridad Escolar de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) detectó 56 incidencias contra alumnos de nivel básico, del 1 de enero al 15 de octubre de la anualidad 2022.
De la totalidad, 37 incidentes fueron de acoso escolar, también conocido como bullyng y los 19 asuntos restantes por abuso sexual y maltrato infantil.
“Hacemos un atento llamado para que las autoridades escolares, docentes, así como los alumnos, para que se refuerce la convivencia en los centros educativos, y la intervención oportuna desde casa con los padres y madres de familia”, indicó.
Sobre el tema, el diputado priista, Julio Valera Piedras, se sumó al exhorto al considerar preocupante el aumento de bullying en escuelas de educación básica públicas y privadas.
Señaló que es importante retomar ese tema, el cual fue expuesto en los congresos infantil y juvenil, cuyos legisladores pidieron hacer acciones en contra del bullying y ciberacoso.
Valera Piedras mencionó que el Congreso de Hidalgo será un aliado para hacer más efectivos los protocolos implementados en la SEPH y se pueda detener con oportunidad cualquier situación o condición de mayor gravedad.
Por su parte, el diputado priista, Juan de Dios Pontigo Loyola, presentó el acuerdo económico en materia de familias de acogimiento que exhorta al Sistema DIF Hidalgo para que fortalezca los mecanismo de información, difusión e instrumentación para el fomento de dicha estrategia en beneficio de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en los Centros de Asistencia Social.
Mientras tanto, el diputado morenista, Fortunato González Islas, dio a conocer el acuerdo económico que exhorta a la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo para que en el uso de sus facultades realice las diligencias necesarias con la finalidad de evitar cobros excesivos, abusos y no vulnerar los derechos de concesionarios, conductores y usuarios de transporte público individual por parte del permisionario.
La diputada priista, Citlali Jaramillo Ramírez, subió a tribuna para presentar la propuesta de acuerdo económico por el que se exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que, en uso de sus atribuciones, establezcan las medidas para la remediación del daño ambiental ocasionado por los jales en el estado de hidalgo, y en su caso apliquen las sanciones correspondientes y los gastos inherentes a la reparación del daño ambiental.
Por último, las diputadas morenistas, Vanessa Escalante y Adelfa Zúñiga, compartieron en tribuna un posicionamiento sobre la importancia del psicólogo y su aporte en el manejo de la salud mental.
Al agotarse el orden del día, el presidente de la mesa directiva, Fortunato González Islas, citó a las diputadas y diputados a la sesión ordinaria 134 a realizarse este miércoles 24 de mayo a las 11:00 horas.
