Revisiones permanentes a proveedores y contratistas para mejorar las buenas prácticas administrativas

  • En este sentido la Contraloría, a través de la dirección general de Padrones y Procedimientos de Contratación, ha llevado a cabo:
  • 340 revisiones de proveedores con 34 observaciones.
  • 14 bajas del padrón y 2 suspendidas por 5 años por facturas apócrifas.
  • Y 80 verificaciones de los domicilios fiscales, entre otras acciones.

Pachuca, Hgo.-El actual gobierno de Hidalgo, encabezado por el mandatario Julio Menchaca Salazar, considera un plan de modernización del estado, con un proyecto estructural, ambicioso e innovador de largo plazo, destinado a mejorar las buenas prácticas administrativas, orientadas a otorgar a la población mejores servicios, fortalecer la confianza, así como a garantizar la transparencia y calidad democrática.

Es por ello que la Secretaría de Contraloría, cuyo titular es Álvaro Bardales Ramírez, plasma estos compromisos instruyendo a la dirección general de Padrones y Procedimientos de Contratación, dirigida por Rosa Danielle Lina Pérez, la ejecución con política anticorrupción, mediante revisiones permanentes a proveedores y contratistas, con la finalidad de verificar el cumplimiento a la normatividad y así asegurar la confianza y certeza en los procedimientos en los que participan.   

Cabe mencionar que desde el inicio de la administración estatal a la fecha se han realizado 340 revisiones de proveedores, de los cuales han presentado observaciones 34, a quienes se les dio baja de especialidades por facturas canceladas y/o porque no cumplen con la experiencia requerida; 14 con baja del padrón y 2 suspensiones por 5 años, debido a que presentaron facturas apócrifas.  

Asimismo, 80 verificaciones de los domicilios fiscales y de incurrir en un acto sujeto a sanción, se procederá a la suspensión, baja o cancelación del registro, con el propósito de erradicar supuestas empresas fachada y actos de corrupción.

Es con acciones palpables y específicas que el gobierno de Hidalgo refrenda su compromiso de combatir desde y en la administración estatal, la corrupción y malas prácticas que perjudiquen directa o indirectamente a la ciudadanía.

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