Aprueba Congreso estatal iniciativa para garantizar el derecho a los métodos de Justicia Administrativa

Pachuca.- Con votos en 19 pro, el Pleno del Congreso estatal aprobó el dictamen de la iniciativa que propuso la diputada local Vanesa Escalante Arroyo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo para armonizarla con la Constitución federal para precisar que el Ayuntamiento, garantizará que toda persona sin distinciones de origen étnico, lengua, sexo, edad, condición social, religión o estado civil tendrá derecho a los métodos de justicia administrativa.

De acuerdo con el resolutivo de las y los integrantes de la Primera Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales establece que en sesión ordinaria de fecha 5 cinco de octubre de 2021, por instrucciones de la Presidencia de la Directiva, les fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el tercer y cuarto párrafos del artículo 160 y las fracciones I y III del artículo 161, y se adicionan las fracciones IV, V Y VI del mismo artículo de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, presentada por la Diputada Vanesa Escalante Arroyo, de Morena.

Coincidieron en que dicha iniciativa tiene como objetivo incorporar que el ayuntamiento, promueva, respete, proteja y garantice los derechos humanos de las personas de acuerdo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y que toda persona sin distinción alguna tenga derecho a los métodos de justicia administrativa.

Además, dijeron, proyecta establecer como requisito el que el conciliador municipal cuente con el grado académico de licenciatura de derecho, así como, un mínimo de experiencia para desempeñar el cargo.

“Quienes integramos la Comisión que dictamina, a partir del análisis y estudio de la Iniciativa que nos ocupa, coincidimos con los argumentos y motivaciones vertidas por la promovente respecto a que, es necesario armonizar la Ley Orgánica Municipal con la Constitución federal para precisar que el Ayuntamiento, garantizará que toda persona sin distinciones de origen étnico, lengua, sexo, edad, condición social, religión o estado civil tendrá derecho a los métodos de justicia administrativa”, establece el resolutivo.

Señalaron que la finalidad es evitar la discriminación y que las autoridades privilegien la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio.

De igual manera, coincidieron en que las y los conciliadores municipales deben ser licenciados en derecho y contar con experiencia mínima de un año en su profesión y que preferentemente deberán contar con certificaciones que al respecto emitan las autoridades estatales de los Poderes Ejecutivo y/o Judicial a fin de que, en el ejercicio de la función conciliadora municipal se diriman los conflictos que no sean constitutivos de delito suscitado entre diversos sujetos de derecho, ni de responsabilidades de los servidores públicos, ni de la competencia de los órganos jurisdiccionales o de otras autoridades o la de redactar, revisar y en su caso aprobar, los acuerdos o convenios a que lleguen los particulares a través de la conciliación.

Señalaron que, de ese modo, se estará en posibilidades de ofrecer a la población que resida en los municipios que conforman al Estado de Hidalgo una herramienta que posibilite la satisfacción a su derecho humano de acceso e impartición de justicia, mismo que de acuerdo con diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se materializa a través de los principios de 1) la justicia pronta; 2) de justicia completa; 3) de justicia imparcial; y 4) de justicia gratuita.

Precisaron que no obstante las coincidencias generales, también las y los integrantes de la referida Comisión advierte la necesidad de una redacción más clara y precisa respecto del penúltimo párrafo del artículo 160 de la multicitada ley a fin de señalar que el acceso a la “justicia municipal” no es respecto de métodos sino de procedimientos.

Finalmente, señalaron que por cuanto hace a las certificaciones, se amplía la posibilidad de que estas puedan ser otorgadas por entidades públicas distintas a las del Poder Judicial debido a que, si bien, estas son idóneas para el ejercicio del cargo, no son las únicas y eventualmente pueden no existir, razón por la cual la disposición normativa debe permitir que estas certificaciones puedan acreditarse o realizarse en un contexto más amplio.

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