Trabaja LXV Legislatura por la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad

Pachuca.- La lucha contra la discriminación, el agua y alcantarillado, código penal, salud y los derechos de las niñas, niños y adolescentes, fueron prioridad durante la sesión ordinaria número 39 de la LXV Legislatura, la cual se realizó este martes 22 de marzo.

El diputado Julio Valera fue el primero en subir a tribuna, con la iniciativa que tiene como objetivo regular la instalación y construcción de dispositivos de control e infiltración de agua pluvial, y de esta manera, prevenir y mitigar el escurrimiento de agua en zonas impermeables como si estuviera en condiciones naturales y buscar que sea aprovechada de la mejor manera para diversos usos.

Posteriormente, las y los legisladores Tania Valdez, Elvia Sierra, Adelaida Muñoz, , Jorge Hernández Araus, Osiris Leines, Toño Hernández, Tavo Magaña y Edgar Hernández, expusieron el proyecto para reformar el Código Penal del Estado para tutelar efectivamente la dignidad de las personas, al ampliar y precisar los supuestos del tipo penal de discriminación para los casos en los cuales se niegue, omita o restrinja la implementación de un sistema de apoyos o ajustes razonables, medidas generalmente dirigidas hacia las personas con discapacidad, garantizando a este sector el goce y ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, proponiendo la reeducación del sujeto activo de la conducta a fin de participar en un programa reeducativo para prevenir, erradicar y atender la discriminación.

Los legisladores Citlali Jaramillo y Roberto Rico, presentaron la iniciativa que tiene por objeto regular la actividad que realizan los servidores públicos del estado y de los municipios, frente a las personas gobernadas, bajo un sistema de responsabilidad administrativa de carácter objetivo y directo, en el que la Ley ha de ser aplicada de forma igualitaria en la solución de conflictos y, ante un margen de mecanismos de solidaridad en la posible afectación de la esfera jurídica de los ciudadanos, por un actuar ilícito de las personas servidoras públicas o de personas que en un ánimo de colaboración contractual intervengan en las funciones del estado.

Asimismo, el diputado Timoteo López, expuso los motivos para derogar el artículo 320 del Código Penal del estado, con la finalidad de dejar de utilizar el delito de “ultrajes a la autoridad” para criminalizar el legítimo ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión, puesto que ha sido usado de forma reiterada por las autoridades para criminalizar el ejercicio de estos derechos cuando en el momento de la detención de alguna persona y su posterior puesta a disposición del Ministerio Público, no cuentan con elementos suficientes para retenerlo.

Por su parte, Miguel Martínez, representante del distrito Metepec, propuso en torno al establecimiento del principio de paridad de género para el ingreso y la promoción de los servidores públicos del Poder Judicial, a efecto de garantizar que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades de acceder al servicio público en el ámbito jurisdiccional, y de esta manera, contribuir al empoderamiento femenino y fortalecer la equidad sustantiva para garantizar la inserción laboral bajo un marco de igualdad e inclusión.

De igual forma, Osiris Leines, Edgar Hernández, Elvia Sierra y Tania Valdez, presentaron el objetivo de reformar la Ley orgánica municipal para establecer una obligatoriedad para los 84 ayuntamientos, en materia agropecuaria local, bajo el instrumento de la generación, expedición, difusión, ejecución, seguimiento y evaluación de un programa de desarrollo municipal, atendiendo su contexto, limitantes, demandas y bajo proyección de la sostenibilidad, teniendo como núcleo central el criterio fundamental de lo que significa el sector agropecuario para la soberanía alimentaria.

En continuidad, tocó el turno a Rocío Sosa y Juan de Dios Pontigo, diputados que expusieron la incorporación de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en la atención, tratamiento e internamiento de trastornos mentales y del comportamiento en la Ley de Salud, para que no se vean vulnerados cuando existan los casos antes mencionados. De esta manera, se pretende garantizar que reciban un trato digno, pero sobre todo de calidad.

Nuevamente, el representante plurinominal Pontigo, propuso impulsar las reformas en materia de Educación a fin de establecer las condiciones óptimas para que niñas, niños y adolescentes cuenten con las instalaciones escolares para el buen desempeño de los docentes y los educandos, así como los elementos que permitan eliminar la reproducción de roles estereotipados de género, se impulse la igualdad sustantiva y se promueva el derecho a una vida libre de violencia.

Por último, la diputada Lisset Marcelino presentó la iniciativa que busca aprobar la inscripción con letras en oro en el muro de honor del recinto oficial del Congreso del Estado, la leyenda “A los trabajadores de la salud, por su labor en la pandemia por COVID-19”, esto para reconocer a todas las mujeres y hombres del sector Salud, que día con día se exponen para salvar vidas.

A continuación, se dio la lectura, discusión y votación del acuerdo económico que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Secretaría de Salud, ambos del ámbito federal, para que establezcan los límites máximos de residuos, así como los lineamientos técnicos y procedimientos de autorización y revisión sobre agroquímicos en el campo hidalguense.

También, solicitaron en la competencia estatal, al titular del Poder Ejecutivo para que, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, impulse la coordinación con las autoridades competentes federales y estatales para implementar acciones afirmativas que permitan el control y vigilancia del uso del glifosato u otros de la misma naturaleza nociva en el campo hidalguense, para proteger la vida humana y el medio ambiente. Al igual, propuso el exhorto a los 84 Ayuntamientos para que participen coordinadamente con las instancias federales y estatales en la vigilancia del activo antes mencionado. Fue aprobado con 20 votos.

Para finalizar esta sesión, se presentó la propuesta por parte de las y los legisladores Julio Valera, Citlali Jaramillo, Erika Rodríguez, Marcia Torres, Michelle Calderón, Rocío Sosa, Juan de Dios Pontigo y Roberto Rico,  para hacer un llamado a  la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal y se modifiquen las reglas de operación del programa la Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal 2022 para con esto incorporar los componentes de ampliación de la jornada escolar y el del servicio de alimentación, a modo de dar certidumbre respecto a la prestación del servicio a madres y padres de familia, niñas, niños, personal docente y administrativo. De igual forma, se expuso el exhorto para que esta misma instancia realice las adecuaciones presupuestales necesarias para garantizar la operación y gestione a modo que las Escuelas de Tiempo Completo, nuevamente sea un programa presupuestal para el ejercicio 2023.

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