Urgente incorporar protocolos con perspectiva de género para investigar delito de feminicidio, plantea estudiante UAEH

*Hidalgo se encuentra entre los 10 de 32 estados en el país con protocolo de investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género.

Pachuca, Hgo. – Juzgar la muerte violenta de una mujer como homicidio común o suicidio puede ocultar en realidad un feminicidio y derivar en impunidad, por ello es urgente incluir un protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio, así lo planteó la estudiante del Doctorado en Estudios de Población de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Emma López Bautista.

Ante hechos como la muerte de la médica Beatriz Hernández Ruíz horas después de ser detenida por policías del municipio de Progreso de Obregón, donde siete encargados de dar seguridad a esta demarcación fueron detenidos, la estudiante planteó que existe un déficit en la investigación forense y criminal en los delitos de feminicidio, pues por lo regular las pesquisas que se llevan a cabo en esos casos no cuentan con sustento científico y legal para evidenciar dichos delitos como feminicidios, lo que genera un sentimiento de incertidumbre e indignación hacia el sistema de impartición de justicia.

“Necesitamos exigir el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la violencia feminicida”, sostuvo la estudiante al presentar la ponencia titulada “Análisis de la investigación forense y criminal en el delito de feminicidio desde una perspectiva de género”, de manera virtual.

De acuerdo con su estudio doctoral para la procuración efectiva de justicia, es urgente incorporar un protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio, pues solo 10 de los 32 estados del país elaboran y aplican protocolos de investigación de este delito, además de que aún resta mucho camino para garantizar justicia y disminuir el índice tan alto de impunidad que existe en torno a este fenómeno.

Recordó que en Hidalgo fue en 2013 cuando se tipificó el delito de feminicidio y en 2020 se actualizó el protocolo de actuación para hacer hincapié en los casos donde existe hostigamiento previo y cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto en un lugar público. No obstante, aunque exista el protocolo, no garantiza que se lleve a la práctica.

“Hay vacíos dentro del protocolo, es importante que todos los estados cuenten con uno de actuación para saber cómo responder frente a este tipo de situaciones. El problema es homologar los protocolos de actuación, las realidades sociales son totalmente diferentes y no se puede trabajar de manera homogénea en todas partes del país”, explicó. 

Tras analizar casos de muertes violentas de mujeres, que fueron mediatizados en la opinión pública y que a partir de ello se dictaminó que fueron homicidios simples o suicidios, citó que el caso de Mariana Lima Buendía obligó al esclarecimiento de los hechos violentos desde una perspectiva de género. “Marcó un antes y un después porque creó la jurisprudencia para que toda muerte violenta de una mujer en México sea investigada desde una perspectiva de género”, mencionó.

Refirió que de acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que un delito sea considerado feminicidio, “la muerte de la mujer tendrá que ser violenta y en el ejercicio del dominio sobre la mujer como relación desigual”.

Sin embargo, uno de los mitos que existen en la investigación del delito de feminicidio es que la perspectiva de género no es aplicable a las ciencias o no tiene elementos prácticos que puedan ser utilizados por la policía o el personal médico involucrado en la investigación.

Al respecto, mencionó que existe un modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, se basa en normas y estándares internacionales y regionales en materia de Derechos Humanos para fortalecer la respuesta de los sistemas penales y adoptar medidas destinadas a apoyar la capacidad de los Estados para investigar, perseguir y sancionar a los responsables de las muertes violentas.

Dicho modelo busca incluir la perspectiva de género dentro de los procesos periciales de las muertes violentas de las mujeres, desmantelar las estructuras de poder dentro de las instituciones que reproducen prácticas patriarcales, mejorar la calidad de la investigación forense sobre los hechos delictivos, y garantizar la capacitación de fiscales y jueces en materia de Derechos Humanos con visión de género.

Dentro de la incorporación de perspectiva de género se requieren estadísticas con categorías que no se encuentren estereotipadas dentro de instrumentos que miden la violencia. “Se requiere una respuesta oportuna de las instituciones encargadas de las instituciones de justicia para garantizar que las muertes violentas de mujeres en el país no queden sin castigo”, finalizó.

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