Propone diputada eliminar la prohibición a contraer matrimonio a las personas con discapacidad intelectual

Pachuca.- La diputada local de Morena Lisset Marcelino Tovar sometió a consideración del pleno del Congreso estatal una iniciativa que deroga la fracción I del artículo 19 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, con el objetivo de eliminar la prohibición a contraer matrimonio a las personas con discapacidad intelectual cuando presentan su voluntad para contraer nupcias.

En su exposición de motivo, la legisladora morenista explicó que derivado de la reforma constitucional del año 2011 se modificó la forma de proteger los derechos humanos reconociendo su universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad. Dijo que esta reforma constitucional estableció el principio pro persona, incorporó como objetivo de la enseñanza pública el respeto a los derechos humanos, y equiparó a los tratados internacionales al mismo nivel de la Constitución.

No obstante, dijo que aún persisten dentro de nuestro marco normativo, tanto federal como estatal, disposiciones que generan discriminación pese que la misma se encuentra prohibida tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Constitución Política del Estado de Hidalgo.

Destacó que las personas con algún tipo de discapacidad intelectual o mental no sólo son objetos de actos de discriminación en su vida privada, también dentro de nuestra legislación vigente persisten dentro de nuestra normatividad algunas redacciones y disposiciones que generan actitudes discriminatorias hacia estas personas.

En este caso, señaló que el artículo 19, fracción I, de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, sobre los impedimentos para contraer matrimonio, establece que la incapacidad mental, es un impedimento para que dos personas contraigan matrimonio. Sin embargo, refirió que tal disposición además de ser discriminatoria, confunde los términos de capacidad mental con la capacidad jurídica.

Detalló que mientras la capacidad mental hace referencia a las habilidades que cada uno tiene para tomar decisiones y llevar nuestra propia vida, la capacidad jurídica se refiere a la condición de ser reconocidos como iguales ante la ley. “Ahora bien, la confusión que genera el término de ‘incapacidad mental’ dentro de nuestra normativa es porque considera que las personas con discapacidad psicosocial, no tienen una capacidad mental ‘normal’, en consecuencia, deben ser privadas de su personalidad ante la ley”, apuntó.

Dijo que hay que tomar en cuenta que las discapacidades intelectuales o mentales son mucho más que sólo un retraso cognitivo; hay discapacitados mentales capaces de pensar de forma consciente lúcida y de tomar decisiones inteligentes y bien informadas, y su discapacidad mental está más bien en dimensiones tales como su aprendizaje académico, su capacidad para convivir en sociedad, comunicarse, reaccionar a estímulos externos o controlar sus emociones.

Sin embargo, señaló que en nuestro país las personas con discapacidad son los más discriminados a causa del estigma social en torno a su enfermedad incluso a un nivel normativo, porque es la misma ley quien limita sus derechos.

Mencionó que un claro ejemplo de lo anterior, se tiene como referencia la problemática suscitada en el estado de Guanajuato, derivado del hecho que dentro de su código civil prohibía a las personas con discapacidad intelectual pudieran contraer matrimonio. Al respecto, recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso la demanda de acción de inconstitucionalidad3, en este caso, de los artículos 153, fracción IX y 503, fracción II, del Código Civil del Estado de Guanajuato.

Añadió que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las personas con discapacidad tienen derecho a casarse y formar una familia, y que prohibírselos los discrimina. Señaló que, “prohibir a las personas con discapacidad intelectual contraer matrimonio parte de la idea de que la voluntad y opinión de las personas con discapacidad carece de todo valor.”

Y dado que el matrimonio guarda un papel relevante en el proyecto de vida de quienes desean casarse, cancelar esa opción implica una reducción objetiva de la libertad. Por este motivo, la Suprema Corte invalido los preceptos legales referidos porque concluyó que las personas con discapacidad tienen el derecho y las salvaguardas que necesiten para poder acceder a todos los derechos en igualdad de condiciones a las demás personas.

Esta Resolución hace prevalecer un enfoque en materia de derechos humanos, porque considera que las personas con discapacidad mental o intelectual carecen de capacidad jurídica, sin embargo, esto es un impedimento al ejercicio pleno de sus derechos y una trasgresión al derecho de igualdad, al de no discriminación, y al reconocimiento de la personalidad de las personas con discapacidad.

En consecuencia, es obligación del Estado evitar actuaciones que prive, impida o limite el igual reconocimiento de las personas con discapacidad ante la ley, por el contrario, debe contemplar apoyos o ajustes para que estas personas puedan tener asegurados sus derechos.

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