Avala Senado procedencia y trascendencia de la consulta popular

  • Se podrá enjuiciar a ex presidentes; además, emiten la convocatoria para llevar a cabo el ejercicio, el cual se realizará el 1° de agosto de 2021 y será organizado por el INE

Ciudad de México.- EL Pleno del Senado de la República aprobó en lo general, con 64 votos a favor, el dictamen por el que se determina que la materia de Consulta Popular para enjuiciar expresidentes, presentada por el Presidente de la República, es procedente y cumple con el requisito de trascendencia nacional; además, se emitió la convocatoria para dicho ejercicio.

Cabe recordar que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó la constitucionalidad de la petición de consulta, presentada ante la Cámara de Senadores el 15 de septiembre de año en curso con una propuesta de pregunta en relación con las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos.

La pregunta aprobada por el Pleno de la Corte es la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

El documento aprobado por las y los senadores emite la convocatoria a las y los ciudadanos de la República mexicana para que emitan su opinión en el proceso de consulta popular sobre la “las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”, la cual se llevará a cabo el domingo 1 de agosto de 2021, en un horario de 8:00 a 18:00 horas.

La organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados de la Consulta Popular estarán a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), conforme a la metodología que apruebe, el cual será la única instancia calificadora.

Además, a propuesta de los senadores Saúl López Sollano y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena, se modificó un resolutivo en materia de difusión para quedar de la siguiente manera: la difusión de la Consulta Popular se llevará a cabo en los tiempos y forma que determine la metodología aprobada por el INE.

El propio INE            determinará la ubicación de las casillas de la Consulta Popular, considerando, para ello, lugares de fácil acceso, así como su conformación e integración, los cuales deberán procurar la accesibilidad de adultos mayores y/o personas con alguna discapacidad.

Concluida la jornada de la Consulta Popular, el Instituto declarará el cierre de ésta y procederá a realizar el escrutinio y cómputo. Cuando por causas fortuitas o de fuerza mayor se impida el normal desarrollo de la jornada de la Consulta Popular, el Instituto Nacional Electoral, como órgano superior de dirección y única instancia calificadora, en el marco de sus atribuciones podrá suspender, de manera temporal o definitiva, el ejercicio en una o más mesas directivas de casilla.

Al presentar el dictamen, la senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación, afirmó que el voto directo de la ciudadanía para resolver cuestiones de trascendencia nacional expande el espectro del derecho político de las mexicanas y los mexicanos. Es una reafirmación contundente del principio de la soberanía popular, apuntó.

En el 2021, indicó, los mexicanos estaremos celebrando 200 años de la conclusión de la Guerra de Independencia y haciendo historia al asistir a votar sobre un asunto de trascendencia nacional. Aseveró que, poner a los poderosos en una situación de igualdad ante los desposeídos y hacerles entender que la Constitución y las Leyes también a ellos les aplican, es el significado auténtico del concepto Estado de derecho.

A su vez, la senadora Claudia Ruiz Massieu, quien presentó un voto particular, acusó a la mayoría legislativa por someterse a las decisiones del Ejecutivo y por “subordinar la justicia al tribunal mediático de la opinión pública”. Asimismo, denunció que la convocatoria a la reunión en la que se aprobó el dictamen no cumplió con el procedimiento adecuado, además de que no tuvieron la información necesaria para realizar el análisis sobre la trascendencia nacional.

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa expresó que en el PRD “diferimos de la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también del sentido del dictamen porque no encontramos el fundamento para la trascendencia nacional” de la consulta que solicitó el Presidente de México.

La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre dijo que el PT hubiera preferido la pregunta original para enjuiciar a los expresidentes, porque la que planteó la SCJN “abre la puerta a la especulación y ambigüedad”. Reconoció que, por primera vez en la historia, se ejercerá el derecho a la democracia directa para que el pueblo se informe, tome conciencia y se movilice en torno a los procesos de verdad y justicia que se llevan a cabo en México.

La senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, de Morena, aseguró que la aprobación de la Consulta Popular será un logro de responsabilidad y justica social, con el fin de establecer los mecanismos para no dejar impunes diversos acontecimientos y delitos cometidos en administraciones pasadas. Señala que lo que se consulta también es, en realidad, encontrar la verdad de acontecimientos políticos pasados. Aseguró que de esa forma la sociedad se podrá involucrar más en las decisiones políticas.

El senador Salón Jara Cruz, también de Morena, afirmó que la pregunta autorizada por la SCJN coincide plenamente con el objetivo del Ejecutivo Federal para que la sociedad en general haga uso de las herramientas jurídicas a su alcance para combatir la injusticia y la impunidad, así como contra los funcionarios que desviaron sus objetivos sociales para hacerse de recursos mal habidos en sus gestiones.

La senadora Beatriz Paredes Rangel, del PRI, indicó que la iniciativa presidencial fue declarada constitucional a pesar de la afectación del principio de presunción de inocencia y de sujetar la investigación de presuntos hechos delictivos a una decisión plebiscitaria. “La Corte, lamento decirlo, se equivocó”, apuntó. 

Dante Delgado, senador de Movimiento Ciudadano, señaló que la solicitud de consulta popular es inconstitucional. “Lo que hizo el presidente fue montar un circo mediático con el objetivo de agraviar, intimidar y coaccionar a las y los ministros de la Corte”, subrayó.

Por Acción Nacional, la senadora Nadia Navarro Acevedo aseguró que este dictamen debería ser de una legalidad incuestionable, “pero lamentablemente no es así”. Dijo que es responsabilidad del Senado es apegarse a la legalidad y no a la voluntad del Presidente de la República, a quien acusó de dictar la agenda a este órgano del Legislativo y de debilitar a los poderes soberanos de la Unión.

A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, el senador Martí Batres Guadarrama defendió la legalidad y constitucionalidad de la consulta y afirmó que este ejercicio democrático de participación ciudadana representa el fin de una época de abuso, corrupción, represión y entreguismo.

Refirió que, a diferencia de muchos países latinoamericanos donde han sido juzgados en los últimos años una veintena de expresidentes, en México los extitulares del Ejecutivo Federal tienen una fuerza policita que los ha hecho intocables, por lo que “esa fuerza política impune sólo se puede superar con otra fuerza política: la del pueblo de México participando en esta consulta”.

En la discusión también participaron Martha Lucía Mícher Camarena, Lilia Margarita Valdez Martínez, Rubén Rocha Moya, Higinio Martínez Miranda, José Alejandro Peña Villa, de Morena; Damián Zepeda Vidales, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Indira de Jesús Rosales San Román, Gustavo Enrique Madero Muñoz y Lilly Téllez, del PAN; Claudia Edith Anaya Mota, del PRI; Noé Fernando Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano; Juan Manuel Fócil Pérez, del PRD.

El dictamen fue remitido por la Mesa Directiva a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

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