- El Inali tiene registradas 364 variantes lingüísticas y sólo hay traductores para 60, señala Elia Avendaño
Pachuca, Hgo.-La falta de intérpretes certificados para cubrir las 364 variantes lingüísticas que hay en México impide que la mayoría de los indígenas sujetos a proceso tengan una defensa adecuada, pues según un estudio de la ONU apenas 10 por ciento de ellos cuentan con esa garantía, dijo Elia Avendaño Villafuerte, asesora de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Eso nos deja en un ámbito muy amplio de indefensión de las otras personas que no tuvieron oportunidad de intérprete en su procedimiento o el intérprete no fue el adecuado. Es decir, sí hubo una persona con lengua indígena, pero no necesariamente de la variante específica de la persona que está sujeta a proceso”, comentó.
Entrevistada tras impartir un taller a magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), la académica expuso que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) tiene 480 intérpretes certificados o acreditados, pero el número de lenguas a las que hace referencia son apenas 60.
“Es decir, no podemos meternos a fondo en todas las lenguas porque la complejidad de la regionalización es muy basta y además tenemos la problemática de la migración.
“Las lenguas son de los hablantes. Si un hablante se mueve lo hace con su lengua, no se queda en un territorio específico, y como la Ley General de Derechos Lingüísticos habla de la obligatoriedad del uso de la lengua en ámbitos públicos y privados, las personas que imparten justicia tienen que allegarse de los intérpretes en cualquier lugar donde estén”, dijo.
Por ello consideró que aún es desigual el mecanismo de garantía institucional de los intérpretes para hacer frente a la demanda del servicio para garantizar los derechos indígenas.
Sin embargo, resaltó que en muchos casos los juzgadores están emitiendo resoluciones de avanzada en materia de derechos humanos, “porque están usando las herramientas del control de convencionalidad, del análisis del bloque de constitucionalidad y llegan a lo que realmente el Poder Judicial ha querido siempre: la justicia pronta y expedita”.
Avendaño Villafuerte subrayó la importancia de fortalecer la promoción de derechos y también de identificar las principales problemáticas que enfrentan los titulares de los órganos jurisdiccionales, como es el caso del acceso de los indígenas a un intérprete, pues “no está claramente señalada una instancia” que se encargue de esta tarea.
La asesora de la SCJN indicó que, mientras anteriormente los indígenas incurrían en delitos como homicidios, lesiones, robo o abigeato, hoy la mayor cantidad de personas sujetas a proceso están relacionadas con el narcotráfico, principalmente el transporte de sustancias ilícitas que muchas veces desconocen.
