Funcionarios del Ayuntamiento de Tizayuca se capacitan en materia de blindaje electoral

Al participar  en la capacitación sobre blindaje electoral, que ofreció Claudio Roberto Vázquez Alfaro, de la Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral (INE) a funcionarios del Ayuntamiento de Tizayuca, los servidores se comprometieron a cumplir, respetar y actuar conforme a lo establecido por la ley electoral, para evitar que puedan cometer algún delito.

Se dio a conocer que  el objetivo de este curso es inhibir los delitos electorales, para garantizar que haya un proceso electoral justo y equitativo, que no infrinja la Ley Electoral y coadyuve a  mantener el orden público.

Cabe señalar que todos los  representantes de las áreas de esta administración que acudieron a esta capacitación, serán los encargados de replicar esta normatividad con todos los empleados del Gobierno Municipal, toda vez que este gobierno será vigilante del respeto a la ley en el proceso electoral que se vivirá el próximo 2018, aseguró, el presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas.

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El alcalde, precisó que el Blindaje Electoral es de suma importancia porque le brinda certeza a la sociedad respecto a las acciones institucionales que realiza la dependencia, sobre el uso y operación de los programas sociales y los recursos públicos, durante el  proceso electoral que se avecina.

Gabriel García Rojas, dijo que el domingo 1 de julio de 2018, habrá elecciones en las 32 entidades de la Republica, pero en lo que se refiere a Hidalgo, se elegirá al presidente de la República, diputados federales, senadores y diputados locales, por lo que los funcionarios conozcan cuáles son las sanciones y castigos que impone la ley a los servidores públicos, funcionarios partidistas o electorales y a los particulares que cometen violaciones a la Ley Electoral, así como las prohibiciones en el periodo de veda electoral que comprende la normativa.

Organizada por la Secretaría del Ayuntamiento, esta instrucción denominada “Capacitación y Blindaje Electoral”, busca ante todo que los servidores tengan pleno conocimiento de lo que pueden o no hacer en materia político electoral, así como qué acciones pueden ser objeto de alguna sanción administrativa, electoral o penal.

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