Pachuca, Hgo.- El diputado local por el PAN, Santiago Hernández Cerón, presentó en tribuna la iniciativa de Ley de Movilidad y Transporte para el estado de Hidalgo, con el propósito de dar garantías a la entidad de que no existirán los monopolios ni la corrupción.
“Se deben adoptar políticas públicas orientadas a hacer de la movilidad, un factor de integración social, de desarrollo económico y de crecimiento sostenible”, indicó en tribuna el legislador por Acción Nacional.
Sostuvo que con esa visión se constituyó la Secretaría de Movilidad y Transporte para que los hidalguenses “y quienes nos visitan puedan acceder a servicios de calidad en el desplazamiento tanto de las personas como de los bienes”.
“Esta iniciativa también pretende contribuir a desaparecer estas dificultades, para quienes el servicio público de transporte es el único medio de subsistencia de ellos y sus familias”, resaltó el legislador por el VI distrito local.
Agregó que es urgente tener un marco legal que requiere el estado de Hidalgo en materia de Movilidad y Transporte, y que dote a la Secretaría, del instrumento jurídico para cumplir con sus responsabilidades y atribuciones, garantizando el adecuado alineamiento a las reformas realizadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública y al Plan Estatal de Desarrollo, como ya hemos señalado.
La iniciativa que se presenta consta, de Diez Títulos, con sus respectivos Capítulos, que agrupan (301) trescientos un Artículos.
En lo concerniente a las disposiciones generales de la ley, se contempla que el objeto es garantizar el derecho a la movilidad, establecer la concurrencia entre el estado y los municipios en la elaboración y aplicación de las políticas públicas en esta materia, y en general, establecer las bases y directrices de la movilidad y el transporte en nuestro estado.
También se especifican con claridad a quienes se considera sujetos activos de la movilidad y su orden jerárquico, el cual dispone que ocupan una posición prioritaria para las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, los adultos mayores, y al final de este orden, los conductores de automóviles particulares. Se dispone asimismo que las políticas y programas de movilidad y transporte deberán elaborarse considerando dicho orden jerárquico.
Con respecto al transporte público, se propone que las tarifas se regionalicen de acuerdo con las condiciones socioeconómicas y condiciones de las vías de comunicación de la zona donde se pretenda prestar el servicio, así como los costos que implican prestar el servicio en cada región.
Para establecer, revisar, aprobar y modificar las tarifas del servicio público en todas sus modalidades, se creará la Comisión de Tarifas que deberá estar integrada por el secretario, los representantes de los municipios, los representantes de los concesionarios y permisionarios y tres representantes de la ciudadanía, lo anterior también considerando la importancia de la participación ciudadana, que representa al usuario final del servicio de transporte público.
