Ejecución de penas y medidas de seguridad

Escribiendo+DerechoHablando de la reforma en materia de Seguridad Pública y Justicia Penal, la preocupación por los problemas que presenta el sistema penitenciario no pasó desapercibida por el legislador, quien instrumentó una reforma a nivel constitucional retomando la corriente de la resocialización que denominó: reinserción social del delincuente, la cual no se puede entender sin observar un trato humano al sentenciado, lo que se registra como un avance fundamental en el Sistema de Justicia Penal de nuestro país.

Así, la reforma y adición de diversas disposiciones a la Constitución General de la República, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio del año 2008, tuvo como finalidad el mejorar el funcionamiento de las diferentes instituciones que integran el Sistema de Justicia Penal en México, encargadas de la seguridad pública,  procuración e impartición de justicia, así como de la ejecución de las penas y medidas de seguridad.

Dicho decreto, dispuso una transformación al sistema penitenciario dando paso a la creación de un nuevo sistema de reinserción social, que quedó establecido en el párrafo segundo del artículo 18 constitucional, presentando además, como una de las innovaciones del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el llamado: Régimen de Modificación y Duración de Penas, establecido en el párrafo tercero del artículo 21 de la propia Constitución Federal.

Por tal razón se da competencia a la autoridad judicial para determinar todo lo relacionado a la imposición, modificación y duración de sanciones, incorporándose así una etapa más en el nuevo proceso penal de corte acusatorio, que se llamó de Ejecución de Penas.

Como motivos que impulsaron al constituyente para la creación de un nuevo régimen de modificación y duración de penas, encontramos:

1.-Limitar la facultad del Ejecutivo únicamente a la administración de las prisiones.

2.-Otorgar la facultad de ejecutar lo juzgado al Poder Judicial, y para ello dispuso la creación del “Juez de Ejecución de Sentencias”.

3.-Reforzar la división de poderes al delimitar esas funciones, pues se consideró que dejar la ejecución de las penas en manos del Poder Ejecutivo rompe la secuencia del proceso penal, que incluye la etapa última de ejecución.

De la exposición de los referidos motivos, de ninguna manera debe entenderse que se está proponiendo mutilar facultades del Poder Ejecutivo, simplemente se recupera o reintegra al Poder Judicial lo que por vocación y destino le corresponde. Si es el Poder Judicial al que compete exclusivamente el imponer las sanciones, entonces resulta lógico y congruente que sea dicho poder el que supervise o vigile la ejecución de la sanción, que verifique su cumplimiento, y las condiciones en que deban sujetarse.

Es así que con la finalidad de lograr estos objetivos, el legislador dotó a esta nueva figura jurisdiccional de  Juez de Ejecución, de diversas facultades de entre las cuales se destacan:

  1. Vigilar que la pena se cumpla estrictamente;
  2. Supervisar la aplicación de las penas alternativas a la prisión, la concesión de beneficios o el lugar donde se deba extinguir la pena, y
  3. En general, controlar las diversas situaciones que se puedan producir en el cumplimiento de las penas, por ejemplo: controlar las decisiones que sobre dicha ejecución adopte la administración penitenciaria.

La etapa de ejecución da inicio con el envío  de la sentencia ejecutoriada al Juez de Ejecución, quien tendrá como funciones generales las de “vigilar y controlar la ejecución de la pena”, correspondiéndole también la importante labor de salvaguardar los derechos de los internos, corregir los abu­sos y desviaciones que en el régimen penitencia­rio puedan producirse, dando cumplimiento de los preceptos que rigen la etapa de ejecución, observando siempre la aplicación de los tratados internacionales que le sean vinculantes al Estado mexicano.

El desempeño de estas funciones se pueden distinguir en dos apartados principales:

  1. a) Con el sentenciado en prisión y;
  2. b) Con el sentenciado en libertad. Y de cada una surgirá una distinta forma de ejecutar una sanción.

Por cuanto hace a la modificación de la duración de las penas, ésta se podrá verificar mediante la concesión de beneficios, como: Tratamiento Preliberacional, Libertad Condicional y Remisión Parcial de la Pena.

Siendo importante señalar que la concesión de estos beneficios no abrirá una puerta para que todo sentenciado salga del Centro de Reinserción antes de haber cumplido la pena privativa de libertad que se le haya impuesto, ya que la legislación prevé que para estar en posibilidad de solicitar la concesión de alguno de estos beneficios, primeramente deberá haber cumplido una fracción de la pena que se le impuso.

Así también deberá ser la primera vez que se le sentencia por la comisión de un delito, además de la obligación de observar una buena conducta durante su internamiento y una activa participación en las actividades programadas por el centro de reinserción, siempre organizadas bajo las bases del sistema penitenciario del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad.

La plena identificación de la ejecución de penas como una etapa del nuevo proceso penal, garantizará a las partes que durante su desarrollo se observarán los principios que postula el sistema acusatorio como los son: La publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, materializándolos a través de la oralidad.

Por otra parte el sentenciado, al considerársele como sujeto de derechos, gozará de garantías tales como la defensa adecuada y de principios como el debido proceso. Resaltando que la notable e indudable preparación de los defensores tanto públicos como privados es una pieza fundamental para que puedan materializarse los fines de la etapa de ejecución. La víctima tendrá la posibilidad de acudir con el Juez de Ejecución a solicitar el pago de la reparación del daño que como pena se haya impuesto al sentenciado.

Para concluir, habrá que mencionar que la ejecución de penas, como el resto del Nuevo Sistema de Justicia Penal, requiere de un cambio en la forma de pensar tanto de los operadores del sistema como de la sociedad en general, ya que si bien es cierto que quienes se encuentran recluidos en un centro de reinserción que cumplen con una pena privativa de libertad han sido encontrados responsables de la comisión de un delito, no menos cierto es que estos seres humanos no dejan de ser sujetos de derechos y que los únicos derechos que se les han limitado, suspendido o restringido son aquellos que se encuentren establecidos en la sentencia, de la misma forma la única pena que deberán cumplir será la resuelta por el Juez Penal, por lo que de ninguna forma al interior de los centros de internamiento será permisible que sean privados de aquellos derechos que no han perdido y mucho menos que sufran penas que no han sido previamente establecidas.

Lic. Luis Carlos Gutiérrez Espinosa

Juez Primero Penal de Ejecución en el Estado de Hidalgo

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