Plantean en reforma al campo mayor participación del Estado en su financiamiento y su desburocratización

  • También prohibir importaciones durante cosechas y garantizar soberanía con control de transgénicos y agroquímicos
  • Crear Banco Nacional de Alimentos para regular precios y afrontar escasez
  • Presentarán diputados sus propuestas a la comisión permanente creada para tal fin

Palacio Legislativo, México, D.F.- La Comisión de Reforma Agraria dio a conocer sus propuestas a los cambios estructurales que el gobierno federal promueve para impulsar el agro mexicano, las cuales consideran una mayor intervención del Estado en las actividades de producción, prohibir importaciones durante las cosechas y controlar los transgénicos, entre otros aspectos.

Estas iniciativas, bajo el título “Hacia un Campo Mexicano Solidario, Autosuficiente, Sustentable, Justo, Solidario y Competitivo”, serán presentadas para su análisis a la Comisión Permanente de la Reforma para la Transformación del Campo, anunció la presidenta del mencionado órgano legislativo, diputada Gisela Raquel Mota Ocampo (PRD).

El pasado mes de abril se creó esta comisión permanente para que diputados, senadores y funcionarios de los tres niveles de gobierno discutan el tema.

La Comisión de Reforma Agraria subraya la necesidad de simplificar las reglas de operación y desburocratizar al agro, ya que actualmente se exigen muchos requisitos a los campesinos para acceder a los recursos. Esto implicaría una redistribución del gasto, pues “la mayoría de los montos son destinados a los grandes productores”.

“Son los productores menores quienes surten los mercados locales, y entre más apoyo se les dé, se evitará que la gente venda sus tierras y emigre a otros lugares, debido a que su actividad no es rentable”, acotó Mota Ocampo.

En el documento, se plantea establecer nichos de participación del Estado mexicano en el financiamiento a los proyectos de los trabajadores agrícolas, de hasta un 90 por ciento para los más pobres, y de 80 a 50 por ciento a otros solicitantes, dependiendo de sus capacidades económicas.

En la actualidad, explica, “se dan los mismos criterios de participación para todos los usuarios de los programas federales, donde productores que sólo tienen su título agrario deben poner la mitad del dinero que su proyecto requiere”.

Para los créditos al sector, precisa implementar un Subsidio Directo a la Tasa de Interés, de manera que los productores no paguen más rendimientos que la cantidad de dinero solicitado.

También se promoverá eliminar el criterio de Buró de Crédito como requisito para acceder a los programas del campo, y la posibilidad de que los aportes del usuario sean en parte solventados por la Banca de Desarrollo.

Se impulsarán los contratos de compraventa a futuro de bienes agropecuarios y pesqueros con instituciones encargadas de asegurar el derecho a la alimentación (Sedesol, SEP, DIF, entre otros), los cuales se basarán en pagos del 50 por ciento de anticipo y el resto contra la entrega de la producción.

Por otra parte, propone incluir en las leyes de Desarrollo Rural Sustentable y de Economía, prohibiciones y penalizaciones a la importación de alimentos en temporada de cosecha, dado el impacto que esto significa en el bolsillo de más de 50 millones de mexicanos.

La Comisión de Reforma Agraria también pondrá en la mesa de debate la creación de la Reserva o Banco Nacional de Alimentos, como institución de control de los precios, que compraría los excedentes y coordinaría la venta cuando haya escasez.

“En países como China se tienen reservas de alimentos para sobrevivir meses en caso de una catástrofe, mientras que en México se cuenta con un stock para sobrevivir máximo una semana”, agregó la diputada Mota Ocampo.

Se planteará en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y en la Carta Magna que sólo el Estado mexicano, a través de instituciones de educación e investigación, podrá producir semilla mejorada transgénicamente.

De este punto, el documento subraya que más allá de los debates éticos, la utilización de estos bienes con patente de marca, compromete la soberanía y la seguridad del país “al encadenar la producción a un actor que puede tener intereses diferentes a los de la nación”.

En el afán de impulsar la propiedad social de los ejidatarios y las organizaciones campesinas, los diputados de la comisión promoverán el establecimiento del Programa Nacional de Desarrollo de la Agricultura de Baja Escala, que se basará en la producción de alimentos orgánicos, de alta intensidad y de la agricultura protegida.

También el Programa Nacional de Extensionistas Rurales, dirigido al minifundio, donde cada ejido cuente con un técnico responsable pagado por el Estado. “Con tres mil extensionistas, se podría dar atención a todos los ejidos del país, a razón de un técnico por cada 10 ejidos”, precisa la iniciativa.

Asimismo, coinciden en que el Estado debe ser responsable de proveer y producir los fertilizantes pues, al igual que con las semillas; “comprometer la proveeduría de los agroquímicos, es comprometer la soberanía nacional”.

Reforma al campo, asunto de seguridad nacional

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