Pachuca, Hgo.- Al ocupar nuevamente la tribuna más importante del estado, el Diputado por el XVII Distrito Electoral con cabecera en Jacala, Javier Amador de la Fuente, presentó un punto de acuerdo para solicitar la regulación de las llamadas cajas de ahorro que se encuentran al margen de la ley y afectan el patrimonio de los hidalguenses.
Con voz firme llamó a la sexagésima segunda legislatura local a exhortar al secretario de Desarrollo Económico en la Entidad y a la delegada federal de la Secretaría de Economía, a efecto de que implementen un programa especial de apoyo a deudores de las cajas de ahorro que se han visto afectados por estas instituciones de crédito.
Ante los diputados de las diversas fracciones parlamentarias, el congresista por la sierra gorda señaló que de acuerdo a información de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, existe alto riesgo de engaño y quebranto por parte de cajas de ahorro y entidades de crédito popular que prometen prestamos de dinero en efectivo a bajos intereses y que no están registradas ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Añadió que sólo 99 de las 850 entidades de ahorro y crédito popular en el país son supervisadas por las autoridades, y el resto está en proceso o carece de registro.
Amador de la fuente enfatizó que para el cobro de los créditos éstas entidades hacen uso de las amenazas de embargo o presionando bajo el argumento de que procederán penalmente contra el solicitante del crédito, todo ello, aclaró al margen de la ley.
Citó como ejemplo al municipio de Jacala en donde aproximadamente 600 familias de han visto afectadas con este falso esquema de pagos semanales comprometiendo así su patrimonio.
Ante esta situación señaló la necesidad de que las instituciones que otorgan estos créditos estén reguladas por organismos gubernamentales, al tiempo que debe revisarse el marco legal para la creación y otorgamiento de los microcréditos.
El legislador hidalguense exhortó a sus compañeros a solicitar la intervención tanto del gobierno federal como del gobierno del Estado para que actúen como mediadores en la reestructuración de deuda de quienes se han visto afectados.
Asimismo se propuso solicitar al Delegado de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, que difunda los derechos de la ciudadanía frente a las Sociedades Financieras Populares, mejor conocidas como cajas de ahorro popular.
