Palacio Legislativo, México, D.F. (Notilegis).- La diputada Judit Magdalena Guerrero López (PVEM) promueve una iniciativa para revertir el bajo nivel de lectura en México, con la inclusión de recursos en los presupuestos federales anuales y que dependencias federales garanticen la presencia de salas de lectura en todo el país.
México ocupa el último lugar entre los países iberoamericanos en lo que respecta al porcentaje de personas que leen por gusto, o bien por necesidad espontánea, señaló la legisladora en la iniciativa que se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativas para su dictaminación.
Para revertir esa situación, Guerrero López propone adicionar un párrafo tercero al artículo 1o.; una fracción IX al artículo 10; y reformar la fracción II del artículo 11 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.
Sostiene que, entre los mexicanos, el hábito de la lectura, más allá de lo que tiene que leerse durante la formación educativa obligatoria, es casi inexistente.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Lectura 2006, el promedio anual de libros leídos al año en México es de 2.9 libros por habitante, entre los que, por cierto, se consideran los de textos que son utilizados en los cursos escolares y aquéllos que se leen porque así lo exige el desempeño de un trabajo.
En un estudio impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 2012, sobre hábitos de lectura en 11 países de Iberoamérica (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, México, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela), México tiene el porcentaje más alto de no lectores.
En este contexto, el porcentaje de personas que utiliza sus tiempos libres para leer asciende apenas a 13 por ciento de la población, muy lejos de países como Argentina y España.
La diputada del PVEM sostiene que la calidad de los lectores depende, en buena medida, de la calidad y las dimensiones del aparato y la infraestructura que sostiene la lectura.
Recuerda que la Unesco proclama su convicción en la biblioteca pública como fuerza viva de la educación, la cultura y la información, y exhorta a las autoridades nacionales y locales a apoyar el establecimiento de bibliotecas públicas y salas de lectura, participando activamente en su desarrollo.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay 112 millones 336 mil 538 habitantes, y a lo largo del territorio nacional existen ocho mil 258 bibliotecas públicas, lo que representa una biblioteca por cada 13 mil 600 habitantes.
En comparación, Estados Unidos cuenta con más de 123 mil bibliotecas que prestan servicio a 311 millones de habitantes, es decir que tiene una biblioteca pública por cada dos mil 528 habitantes.
Según la Encuesta Nacional de Lectura, al preguntar a los mexicanos sobre las razones por las cuales no leen, 6.9 por ciento respondió porque no tiene cerca un lugar apropiado para hacerlo, 14.6 por ciento manifestó un precio muy elevado de los libros y revistas, y 11.2 por ciento declaró no saber qué leer.
En un intento por propiciar un cambio positivo en los hábitos de lectura, en julio de 2008 entró en vigor la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) cuenta con el Programa Nacional de Salas de Lectura, cuya finalidad es llegar a todo el país, por ello mantiene en operación cuatro mil 551 salas de lectura.
Sin embargo, asegura la diputada del PVEM, el concepto de “sala” es muy flexible, pues a ésta puede identificársele con locales amueblados, espacios caseros improvisados, bicicletas acondicionadas o autobuses habilitados para la lectura.
Esta situación, sin contar el escaso promedio de volúmenes disponibles en las salas de lectura.
Para corregir esta situación, la iniciativa presentada propone destinar los recursos financieros suficientes para que las salas de lectura sean establecidas y difundidas por todo el país.
La ley define estas salas de lectura como “los espacios alternos a las escuelas y bibliotecas, coordinadas por voluntarios de la sociedad civil, donde la comunidad tenga acceso gratuito al libro y otros materiales impresos, así como a diversas actividades encaminadas al fomento de la lectura”.
Plantea incluir en la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro la obligación del Ejecutivo federal a destinar en el Presupuesto de Egresos de cada año fiscal, los recursos financieros suficientes para el cumplimiento de la creación, difusión y sostenimiento de las salas de lectura en todo el país.
Asimismo, que se otorgue a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), la facultad de garantizar la existencia de los espacios físicos para el establecimiento de las salas de lectura en todo el país, particularmente en lugares donde concurran jóvenes o grupos sociales en situación de vulnerabilidad.
