Alcanza unanimidad parlamentaria primer dictamen presentado por la diputada Edith Avilés

  • 30 diputados locales aprobaron proyecto de anexar fracción 29-R al artículo 73 de la Constitución Federal, turnado por el Congreso de la Unión, concerniente al Registro Público
  • Esto, elevará la recaudación del impuesto predial; mejorará la planeación urbana y dará certeza jurídica sobre la propiedad, entre otras bondades

Pachuca, Hgo.- Todos los diputados de la 62 Legislatura estatal, votaron a favor de la iniciativa proveniente del Congreso de la Unión, de agregar el fragmento 29-R al artículo 73 de la Constitución Mexicana, en materia de registros públicos inmobiliarios y catastros, que presentó la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, que preside la asambleísta por Actopan, Edith Avilés Cano.

La minuta de proyecto de decreto fue turnada a la Legislatura local, por el Congreso de la Unión, con el objetivo de homologar y armonizar la operación de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales, y los catastros del país; y expedir una ley general respectiva.

diputada edithÉste proyecto se analizó al interior de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Posteriormente se enunció al Pleno por la diputada Edith Avilés Cano, mismo que logró unanimidad parlamentaria.

Sumarse a esta reforma legislativa, concederá 7 beneficios, precisó la representante popular Edith Avilés Cano. Entre éstos, los más importantes:

1     Aumentar la recaudación de contribuciones locales como impuestos de traslación de dominio y predial.

2     Integrar bases de datos e información geo estadística para diseñar políticas públicas de planeación, y reordenación urbana, y de vivienda.

3     Acrecentar la certeza jurídica sobre derechos de propiedad de los inmuebles, para facilitar su traslación de dominio (o heredabilidad) sin conflictos, y facilitar que familias y empresas accedan a créditos y financiamientos.

4     Crear una Ley general al respecto (Sistema Jurídico), para potenciar la coordinación entre autoridades; equiparar procedimientos de registro de propiedad; evitar dispersiones jurídicas, y ordenar sistemas de información de servidores públicos especializados en registros públicos inmobiliarios y catastros municipales.

 

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