Capacitan en materia de blindaje electoral a servidores públicos y representantes de partidos en las regiones de Zimapán y Atotonilco El Grande

Pachuca, Hgo.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGHEJ) informó en la capacitación ofrecida a presidentes municipales, servidores públicos municipales, representantes de partidos políticos y sociedad civil en los distritos electorales de Zimapán y Atotonilco El Grande que “en materia electoral  todos pueden cometer delitos sin saberlo”.

Adscritos al distrito VII Zimapán acudió personal de Nicolás Flores, Tasquillo y Pacula, mientras que para el distrito XVIII se dieron cita representantes de Acatlán, Huasca de Ocampo, Mineral del Chico, Omitlán de Juárez y de las cabeceras distritales, respectivamente.

Desde la Subprocuraduría de Asuntos Electorales (SUBAE), la PGJEH informó a los presentes en las dos reuniones sobre las conductas en que pueden incurrir y violar el blindaje electoral en vísperas de las elecciones para renovar el Congreso del Estado.

Los agentes del Ministerio Público, Manuel Alejandro Calva Hinojosa y Vicente Ruiz Tapia informaron a los asistentes que un delito electoral se puede cometer durante los 365 días del año, aunque hay algunos que sólo pueden derivarse a días de los comicios, por ello, informaron cuáles son los principales y la forma en que pueden dar continuidad a sus acciones habituales en el marco del respeto a la Ley Electoral del estado de Hidalgo.

Les recordaron que no pueden hacer uso de recursos públicos de tipo federal, estatal o municipal para promover el voto en favor de algún partido político o candidato y agregaron que los principales delitos electorales cometidos en la entidad son: presentarse a votar con una credencial de elector que no corresponda a la persona que intenta votar; hacer proselitismo o presionar a los electores dentro de los tres días previos a la jornada electoral para votar a favor de algún candidato.

Así como impedir que una casilla electoral se instale oportunamente u obstruir su funcionamiento o clausura conforme a la ley; obstaculizar o evitar la entrega de documentos y material electoral a su destinatario durante el proceso electoral y finalmente recoger credenciales de elector a los ciudadanos.

Los representantes sociales  aseveraron que las denuncias por delitos electorales no se inician contra algún partido político o institución, sino contra personas físicas, con nombre y apellido, por lo que deben evitar ser acreedores a una sanción que puede ser económica, inhabilitación como servidores públicos y hasta la pérdida de la libertad.

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