Violentan la libre determinación de los pueblos indígenas de Santiago de Anaya, denuncia el dirigente de la Sociedad Ecologista Hidalguense

Pachuca, Hgo.- El municipio de Santiago de Anaya por su carácter indígena debería ser consultado sobre las empresas que se instalan en su jurisdicción, aseveró Marco Antonio Moreno Gaytán, presidente de la Sociedad Ecologista Hidalguense (Sehi) al referirse al anunció de Elementía sobre su operación en el 2013.

Aun cuando se ha señalado de manera reiterada la omisión de la consulta pública que debió de realizar la Secretaría de medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEEGPA) esa Secretaría ha mantenido una postura intransigente y ha argumentado que esa consulta no era obligatoria.

Moreno Gaytán señaló que a esta omisión “se debe sumar la violación constitucional de la libre determinación de los pueblos indígenas y con ello la autonomía para tomar decisiones” argumento que en la fracción V del artículo segundo se establece que Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras, “circunstancia que en Santiago de Anaya no se da toda vez que se excluye a las comunidades de cualquier acción en torno a la empresa”.

Aseguró que es obligación del Estado Mexicano impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades, permitiendo que las autoridades municipales determinen equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.

El presidente de la Sehi, aseguró que “el Estado Mexicano, no la Semarnat, El Estado Mexicano claudicó en sus obligaciones constitucionales frente a los indígenas al permitir que Elemetía construya la planta de cementos sin consultar a las comunidades indígenas”

“No es solo la consulta pública ordenada en la LGEEPA por el tipo de impactos que se generarán con la operación de la planta lo que se violó, es el precepto constitucional de la libre autodeterminación de los pueblos indígenas lo que se ha puesto en entredicho.” concluyo el ambientalista.

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